(16 de mayo, 2014).- México, país en que la política es su principal fuente de “desarrollo” social y de desinterés entre la sociedad mexicana, ya que los resultados que otorga no siempre son los convenientes o los que se esperan, los ciudadanos pueden llevar a cabo un “ajuste de cuentas” a sus representantes populares cada 3 o 6 años cuando se realizan las elecciones federales y el voto de los mismos representa un gran factor para mantener su poder político.
Ese mismo clima de desinterés se hizo presente cuando en febrero de 2013, Enrique Peña Nieto presentara la Reforma en materia Político-Electoral, la cual fue aprobada durante el mes de diciembre de ese mismo año, y estuvo dentro del denominado “año de las reformas“. A partir de ese hecho, el siguiente paso fue la presentación de las leyes secundarias de la misma iniciativa, las cuales contemplaban varios cambios en la forma en que se lleva a cabo la política en el país.
En estos días, y tras varias semanas de discusión, por parte de los actores legislativos, la Cámara de Senadores, instancia encargada de desarrollar estos cambios, aprobó en sus comisiones los dictámenes correspondientes, con lo cual se aprobaron las leyes secundarias, mismas que se aplicarán en cuanto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se aprueben en las legislaturas estatales.
Los principales cambios que se presentan en esta reforma son:
La transición del Instituto Federal Electoral (IFE) al Instituto Nacional Electoral (INE) y la garantía de que éste cuente con las atribuciones jurídicas que se necesitan para hacerse cargo de las facultades de organismos locales, entre las cuales resalta la fiscalización de ingresos y egresos de precampañas y campañas; la capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de los funcionarios, geografía electoral y redistritación.
La reelección de los políticos, la cual se mantiene como fue aprobada en 2013 y contempla que los diputados y senadores se mantengan en el cargo hasta por 12 años. En este sentido quedarían cuatro periodos legislativos para diputados a partir del 2015 y hasta dos para senadores a partir de 2018, detallando que esta reelección legislativa no entraría en vigor para los legisladores que están trabajando actualmente.
Las candidaturas independientes, las cuales significarían un avance y que se mantuvo en discordia, vieron un cambio en su proposición ya que se obtendrá la vía libre para que varios candidatos ciudadanos puedan participar en los periodos de elección, en caso de buscar la presidencia el aspirante deberá juntar el uno por ciento de la Lista Nominal nacional, lo que implica recabar 788 mil 841 firmas en al menos 17 estados en sólo 120 días.
Además de esto, necesitan no ser militantes de un partido político, presentando un oficio en el que conste que no es militante de partido político alguno, o dirigente o integrante de su dirigencia.
Para los “castigos” en el periodo de elecciones, el artículo 41 de la Constitución señala que “la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. En este sentido los diputados agregaron una letra en la segunda nulidad, y quedaría en “compra y/o adquisición”.
Para algunos especialistas, estas modificaciones resultan preocupantes pues, lejos de regular adecuadamente los mecanismos de participación política y elección democrática, podrían incrementar el poder de algunos actores políticos, mientras que la ciudadanía quedaría prácticamente excluida de estos procesos. Un claro ejemplo de ello es el tema de la corrupción, ya que el tema sería registrado y en su caso sancionado por el INE, todo esto a partir de las modificaciones que se hace con la reforma y otorga al instituto la facultad de sancionar los distintos actos antidemocráticos que sean denunciados.
Esta reforma tendría su primer gran reto en el año 2015, cuando se realicen las elecciones intermedias federales y pondrá en acción los distintos cambios que se han aprobado.
