La violó en su propia casa, para hacerlo primero la sedó. Los jueces que conocieron del caso absolvieron al acusado pues de acuerdo con sus criterios fue una relación sexual consentida porque la víctima no se defendió del ataque.
Lo anterior fue denunciado por la “Red Interinstitucional para la Prevención y Atención a Casos de Violencia Familiar y Sexual en la Región del Istmo de Tehuantepec”.
La red detalló que el pasado 6 de marzo, los jueces José Antonio Carreño, Juan Gómez Ríos, Guillermo Martin Martínez Maldonado, del juzgado del Juicio Oral de Salina Cruz, absolvieron y declararon inocente a Reynaldo Uriel P.R, quien se desempeñaba como director General del IMSS de la ciudad de Matías Romero Avendaño.
De acuerdo con el expediente, el día 3 de noviembre de 2018, después de suministrarle un psicotrópico con efecto sedante a la víctima, la violó en su propia casa, “aun contando con las pruebas necesarias para dictarle sentencia condenatoria, resolviendo los jueces que la relación sexual fue consentida porque la víctima no se defendió de tal ataque, culpándola a ella de haber sido violada por no defenderse”.
“Ellos mencionan que la violencia contra la mujer es responsabilidad de ella por no defenderse y más aún consentir la violación aún estando inconsciente, con ello mandan un mensaje claro a la sociedad, que la violencia contra la mujer puede ser tolerada, puede ser impune, puede ser aceptada, favoreciendo la impunidad y corrupción en las instancias de procuración de justicia”, señalaron en un comunicado.
Además -agregaron- no tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos y peritos que participaron en la investigación, asimismo dejaron de lado la valoración con perspectiva de género a la que México está obligada por disposición propia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este caso ocurre a pesar de que la CoIDH ya había sentenciado a México en los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú, por el pésimo actuar de las autoridades Mexicanas encargadas de juzgar delitos cometidos con violencia hacia la mujer, especialmente en los casos de violación, puesto que, estas autoridades actuaban sin perspectiva de género, destacó la red.
En este sentido exigieron una audiencia con el Fiscal General del Estado para tratar este tema y evitar que se mantenga la impunidad.
