(01 de febrero, 2016).- La sociedad civil organizada exigió a los gobiernos federales y local la cancelación de todos los proyectos mineros en el estado de Oaxaca debido a que la actividad minera viola el derecho de los pobladores a ser consultados y que las empresas causan confrontaciones que dividen a los habitantes.
Lo anterior se dio a conocer en el Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería, donde representantes de 48 comunidades, 30 organizaciones sociales, dos centros de investigación y tres emisoras de radio comunitarias participaron este fin de semana.
Señalaron que la Federación ha otorgado en la entidad 400 concesiones para 35 proyectos mineros. Acusaron que ninguno de éstos se sometió a consulta, por lo que reprocharon que se impongan estos proyectos.
Las personas organizadas que gestaron esta petición han participado en diversas luchas en contra de megaproyectos de destrucción como llaman expertos ambientalistas, activistas e intelectuales a las pretensiones económicas de gigantescas del sector empresarial a costa de la destrucción y despojo de la naturaleza.
Para ello “comienzan con la compra de conciencias, dañando el tejido social y ocasionando enfrentamientos que incluso han llevado a asesinatos”, como ocurrió en San José del Progreso, Ocotlán, con la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver.
La petición estuvo organizada por miembros provenientes de las regiones oaxaqueñas de Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Istmo de Tehuantepec y Cañada, se reunieron en el municipio de Ejutla de Crespo. Ahí analizaron cómo mejorar los movimientos de lucha en contra de proyectos mineros y la coordinación de activistas para enfrentar a las empresas extranjeras, que buscan el beneficio propio a costa de las comunidades y sus habitantes.
Con respecto a que la empresas y el gobierno no consulta a las comunidades originarias “la información que existe sobre las concesiones es manipulada, parcial y poco accesible”, sostuvieron en un comunicado, en el que además refirieron que esas imposiciones violan sus derechos de autonomía y los sistemas comunitarios.
