(27 de octubre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante 2017, los grupos de normalistas que han protestado en entidades como Aguascalientes, Guerrero y Michoacán, han sido padecido violencia por parte de las fuerzas policiacas, con mayor frecuencia los manifestantes del último estado en mención, donde se ha llegado a graves golpes y alto derramamiento de sangre. Lo cual es calificado, equivocadamente, como “represión”. Cuando no es otra cosa que tortura, tanto física como psicológica.
De acuerdo a la explicación que da a Revolución TRESPUNTOCERO, el médico Jose Raymundo Díaz Taboada y Coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Guerrero, “quienes sufren con mayor frecuencia la tortura son comunidades que están haciendo resistencia contra megaproyectos, quienes están defendiendo la tierra y el territorio.
Hay tortura también en migrantes tanto en la ruta como en las estaciones migratorias. Tenemos situaciones de tortura tal vez menos reconocidas y se les llama ‘violencia obstétrica’, pero si se lleva acabo dentro de hospitales públicos cabe dentro de la definición de tortura”.
Sin embargo, se identifica solamente como tortura la que realizan las fuerzas armadas o policías, señala, es la más evidente “porque el estado Mexicano deposita en estos cuerpos las labores de ‘seguridad pública’, aún en contra de los términos de la Constitución, y es ahí donde cometen varias violaciones a derechos humanos. Faltas al debido proceso legal, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos.
Asegurando que dicha práctica se comete en todo el territorio nacional, en las distintas modalidades mencionadas. “La tortura generalizada es real, porque si vamos a la cárcel y le preguntamos a un preso cómo lo han tratado las autoridades es muy probable que nos refiera que ha pasado por golpes o humillaciones, insultos y que mucho de esto, las autoridades lo justifican diciendo que lo hicieron porque se trata de un secuestrador o delincuente, ‘lo que lo hicimos es porque se lo merecía’, argumentan”, señala Díaz Taboada.
Sin embargo, afirma el especialista, por ley no se puede justificar la tortura, es inaceptable bajo cualquier condición aun en estado de emergencia, estado de guerra y suspensión de garantías entonces, indica.
A su vez, el médico comenta que aun con el marco legal en que se maneja el Estado a nivel internacional y los compromisos internacionales en la defensa y promoción de los derechos humanos, nos encontramos que el Estado ha sido omiso y responsable de todas estas violaciones a derechos humanos a nivel nacional.
“La tortura es una herramienta de control social. Por ejemplo sólo en este año los normalistas fueron reprimidos en Aguascalientes, en Michoacán dos veces, a los normalistas de Ayotzinapa también les ha tocado dos veces. Y son formas que la gente identifica como represión, cuando en realidad es tortura también ejercida en contra de luchadores sociales.
En una manifestación pueden decir ‘nos reprimieron’, pero eso son actos de tortura en la vía pública; no tiene que ser necesariamente bajo detención o bajo el sótano de una Procuraduría donde se practique este acto. Son muchos más actores los que pueden torturar”.
Indicando que, en redes sociales se puede observar gran cantidad de casos de tortura de policías que entran sin una orden, que rompen ventanas, de quienes detienen violentamente a manifestantes o desalojan a grupos. “Lo que las autoridades llaman uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, son formas de tortura y tratos crueles o degradantes”.
Sin embargo, estas situaciones son invisibilizadas porque, señala, no se les da el nombre de tortura y “el Estado quiene a fuerza que se asuma esta violencia porque así le conviene”.
Es por esto que, las secuelas de la tortura en la sociedad implica miedo y el rechazo a las autoridades, “evidentemente también se crea un deseo de no participar en procesos que tienen que ver con lo político, lo social, de no reclamar sus derechos y de no exigir condiciones dignas de vida, que al final de cuentas en eso traducimos los derechos humanos”.
A su vez, Díaz Taboada añade que la tortura también puede servir para controlar a millones de mexicanos que están en pobreza y pobreza extrema y que si no esa través de una forma de violencia y manipulación psicológica, “podría esta masa de pobres levantarse y exigir sus derechos”.
La tortura también pareciera estar estratificada, y es que, mientras más pobre es la gente la tortura es más cruenta; si la persona es preparada, si pertenece a una clase socioeconómica de mayor nivel la tortura va dejando menos huella, comenta.
Además, puntualiza que cualquier tipo de tortura tiene implicaciones físicas y psicológicas. “Por ejemplo, las amenazas serían psicológicas pero habrá repercusiones en el estado físico de la persona, como que se les suba la presión o tenga una frecuencia cardiaca complicada o que la respiratoria aumente. Que tenga cambios bioquímicos”.
En tanto, si a una persona lo dañan físicamente, además de la heridas y golpes este impacto provocará alguna afectación psicológica, comenta el experto. “Y se lee como una humillación, como el desarme impotente ante la acción de otra persona que tiene como respaldo del poder del Estado, eso es una secuela psicológica”.
Así es como la tortura es una herramienta de control político social del Estado, por lo que no lo va a reconocer, porque además, agrega, al Estado no le interesa difundir que hay torturados a pesar que recibe recomendaciones de organismos internacionales a pesar de las miles de denuncias que se han presentado en los últimos 10 años.
En cuanto a la aplicación del protocolo de Estambul, el también perito independiente, señala que, implica que se conozca la materia de los derechos humanos y no siempre los médicos legistas tienen ese conocimiento.
“Con la Ley General de tortura que se aprobó en junio, se abre una puerta para que la aplicación de protocolos de Estambul sea por parte de peritos independientes, el problema es que dentro de los grupos de derechos humanos somos pocos.
Si la PGR cuenta con 180 peritos para aplicar el protocolo en todo el país, nosotros los grupos de derechos humanos tal vez solamente somos 20 grupos a nivel nacional, que llevan casos muy determinados de tortura, donde se denuncia prácticamente ésta dentro del juicio”.
“Para nosotros hacer un peritaje no es cuestión de solamente una hora y entregamos reportes, nosotros sí seguimos el espíritu del protocolo de Estambul; hacer todo un estudio completo sistematizarlo, hacer reflexión, análisis acerca de lo que estamos viendo del contexto de la persona. Documentarnos el contexto territorial, tiempo, espacio y entregaron un dictamen que está fortalecido por estas argumentaciones”, declara.
Lo cual, señala, marca la diferencia de otras circunstancias, donde solo un perito hace lo médico y lo psicológico y en tres horas se realiza a cuatro personas, “no creemos que sea así la situación correcta de documentar”.
Taboada, retoma el tema de las fuerzas armadas y señala que la violencia en México se incrementó a partir del sexenio de Calderón con la apertura de las puertas de los cuarteles, para sacar al ejército hacer labores de persecución del crimen organizado en el país, explicó. Es así como todos pasamos a ser sospechosos de estar vinculados al crimen organizado.
Y la violencia, que también deriva en tortura sucede porque “en muchos estados de la República hay militares o marinos con licencia o en retiro dirigiendo a la policía estatal o municipal y a las policías ministeriales, “vemos la manera en que se maneja, es una disciplina militar y ya no se siguen los patrones de una policía civil, de una policía de seguridad pública que tiene otras cualidades y otras maneras de acercarse a la población.
Si bien nos quieren lavar el cerebro con la aplicación del PLAN DN-III en cada desastre qué sucede, la aplicación de los planes de control social a través de las Fuerzas Armadas siempre los están ejecutando”, puntualiza.
