En las últimas décadas, los organismos reguladores de mercado han sido presentados como garantes de la competencia y la protección del consumidor. Sin embargo, en la práctica, estos entes han servido mayormente a los intereses del gran capital, facilitando la consolidación de monopolios y oligopolios bajo el pretexto de la regulación. Además, han favorecido a ciertas industrias por encima de otras en el contexto geopolítico global, beneficiando a gigantes tecnológicos como Google y YouTube, mientras imponen mayores cargas a los operadores nacionales de telecomunicaciones.
Hoy en día, el debilitamiento de estas instituciones en Estados Unidos, el Reino Unido y México responde no a una necesidad de mayor eficiencia, sino a su fracaso en atender las necesidades de la población.
Este ensayo analizará cómo estos organismos han protegido a las grandes corporaciones en lugar de a los ciudadanos y cómo su transformación en Estados Unidos, el Reino Unido y en México, son un reflejo de cuáles son las fuerzas emergentes que ahora controlan sus gobiernos.
Estados Unidos: Regulación al servicio del capital tecnológico globalizado
La orden ejecutiva emitida por el Presidente Trump el 18 de febrero, titulada “Garantizando la Responsabilidad de Todas las Agencias”, somete a todas las agencias, con excepción de la Reserva Federal, a enviar, para revisión, los borradores de sus regulaciones a la Casa Blanca. La Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Regulación Energética, deben consultar con la Casa Blanca sus prioridades y planes estratégicos, así como someterse a estándares de rendimiento y control presupuestario establecidos por el presidente por medio del departamento de eficiencia gubernamental que dirige Elon Musk.
En EE.UU., los organismos reguladores han sido históricamente capturados por los intereses de las grandes corporaciones. En lugar de proteger a los consumidores y garantizar la libre competencia, han permitido fusiones masivas y prácticas anticompetitivas que han concentrado el poder en unos pocos actores. La influencia del lobbying y la presión de Wall Street han convertido a estas agencias en herramientas de validación para los intereses del capital, lo que ha llevado a su debilitamiento progresivo bajo el discurso de la eficiencia y la desregulación.
Por el lugar privilegiado que los CEOs del sector tecnológico tienen en el gobierno de Donal Trump, todo indica que estas agencias permitirán que plataformas como YouTube y Google continúen operando bajo un régimen que les permita no pagar impuestos ni contribuir para la infraestructura de telecomunicaciones, mientras que los operadores nacionales y los consumidores deben asumir costos de inversión desproporcionados, asegurando su expansión global.
Reino Unido: El Parlamento interviene para superar el Brexit
En el Reino Unido, la política regulatoria ha sido moldeada por las necesidades de las grandes empresas, especialmente tras el Brexit. La salida de la Unión Europea ha permitido la eliminación de regulaciones que protegían a los consumidores y pequeños empresarios frente a abusos de mercado. La Competition and Markets Authority, ha tenido que asumir más responsabilidades, desde supervisar el mercado interno del Reino Unido hasta adaptarse a nuevas reglas de ayuda estatal, equilibrando la promoción de la competencia con las prioridades de crecimiento económico.
Particularmente en telecomunicaciones, OFCOM, el organismo regulador del sector, ha visto modificada su misión por instrucción del Parlamento británico. Originalmente concebido para garantizar la competencia y la protección del consumidor, en la era post-Brexit se le ha pedido que le dé prioridad a la inversión en infraestructura, pero limitando la competencia, como ocurrió con la exclusión de Huawei para la construcción de redes 5G. También se les hizo cargo de la seguridad en línea al mismo tiempo que protegía a los consumidores por el resurgimiento de los cargos por roaming. Estos cambios responden a presiones geopolíticas al alejarse de la Unión Europea para alinearse con los EEUU, reduciendo la capacidad de intervención del regulador en favor del usuario final, favoreciendo a grandes inversionistas en detrimento de la asequibilidad y accesibilidad de los servicios.
México: Reformulación del Marco Regulatorio para garantizar la soberanía popular
En México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones fueron creados con la promesa de regular los mercados en beneficio de la población. Sin embargo, en la práctica, estas instituciones han sido objeto de cuestionamientos sobre su eficacia y alcance. Los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado una reconfiguración de estos organismos para mejorar la capacidad de acción del Estado en sectores estratégicos.
En telecomunicaciones, persiste el reto del operador dominante, el “pecado original” de la privatización de Telmex,[1] la cobertura en zonas rurales, así como equilibrar la relación entre operadores nacionales y plataformas digitales extranjeras, que han logrado operar con ventajas fiscales y menor carga regulatoria en comparación con los actores locales. En el sector energético, la Comisión Reguladora de Energía ha sido objeto de reformas destinadas a fortalecer a empresas estatales como PEMEX y la CFE, con el objetivo de garantizar la soberanía energética del país.
El gobierno de México le apuesta a las empresas públicas del Estado para garantizar que los sectores estratégicos sirvan al interés público y así recuperar y fortalecer la soberanía nacional.
Consecuencias y Riesgos
El desmantelamiento de los organismos reguladores tiene profundas implicaciones para la población. En primer lugar, ha quedado claro que su existencia no garantiza una protección real a los ciudadanos, sino que funcionaban como mecanismos de legitimación de la concentración económica. En segundo lugar, al desaparecer o debilitarse, se refuerzan aún más los monopolios y se limitan las posibilidades de una competencia justa. Esto se traduce en precios más altos, menos innovación y una mayor desigualdad económica. Finalmente, la desregulación favorece un escenario de crisis, como se vio en el colapso financiero de 2008, cuando la falta de control sobre los mercados llevó a un desastre global.
El sesgo a favor de ciertas industrias en el plano global también agrava la situación. Empresas tecnológicas dominantes se benefician de reglas laxas y exenciones fiscales, mientras que sectores estratégicos como el de telecomunicaciones deben cargar con los costos de infraestructura y regulación. Esto no solo genera una competencia desigual, sino que también limita el desarrollo de ecosistemas digitales locales, lo que a su vez impide a los países alcanzar su soberanía, ya sea alimenticia, energética o tecnológica.
Conclusión
Lejos de ser una pérdida para la sociedad, el desmantelamiento de los organismos reguladores expone su fracaso como defensores del interés público. En EE.UU., el Reino Unido y México, estas instituciones han operado bajo la lógica de la protección del capital, facilitando la concentración del poder económico y dejando a los consumidores en una posición vulnerable. Su debilitamiento no es una casualidad, sino una consecuencia natural de su falta de legitimidad y utilidad para la mayoría de la población, sin embargo su transformación está sujeta al control de los poderes emergentes; las oligarquías tecnológicas globales de los EEUU, el rancio establishment británico alineado siempre con los intereses norteamericanos y a las mayorías aglutinadas por el Obradorismo en México.
[1] La lección más importante de la privatización de Telmex es que se operó desde un Estado capturado por una camarilla ideologizada de traficantes de influencias y sin respaldo popular, por lo mismo, lo primero es defender al Estado plural y democrático, ya que será el mejor baluarte para promover y garantizar nuestros derechos.
