Uno de los compromisos prioritarios de la Presidenta Electa, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con el “Plan 100 días para la transformación”, se centra en promover la tenencia de la vivienda a partir de esquemas combinados de alquiler y compra. En términos generales, la operación del programa para la adquisición de vivienda tiene por objetivo atender a las y los trabajadores y apoyar a personas en mayor situación de vulnerabilidad cobrando una renta no mayor al 30% de su salario, con la posibilidad de que transcurridos 10 años las personas beneficiadas podrán contar con la posibilidad de compra de la vivienda alquilada[1].
Previendo este esquema, el Director del Infonavit estima que se tienen las capacidades económicas para que desde el Infonavit se pueda abonar a la construcción de 500,000 viviendas en la siguiente administración. Indicó que “las ciudades con mayor necesidad de vivienda son en la alcaldía Iztapalapa, los municipios de Ecatepec, Estado de México; Juárez y Chihuahua; Tijuana y Mexicali; y Puebla y Acapulco.”[2] Los municipios antes mencionados tienen en común que todos cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, exceptuando la Alcaldía Iztapalapa, sin embargo ésta cuenta con altos índices de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 2021 (ENDIREH), el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Con datos de la misma referencia, se menciona que el 39.9% de las mujeres menciona haber vivido violencia de pareja[3]. Es así que, la violencia intrafamiliar es uno de los tipos de violencia más comunes en México y tiene que ver directamente con el sitio en el que se desarrolla: la vivienda.
En este escenario las mujeres se encuentran en amplia desventaja, pues en cualquiera de las modalidades de tenencia de la vivienda su representación es mucho menor que la de los hombres. En el caso de propiedad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (INEGI 2021), las viviendas con jefatura femenina corresponden al 16% del total nacional, mientras que las de jefatura masculina ascienden a un 39.8%. Cuando revisamos la tenencia por alquiler, las viviendas con jefatura femenina corresponden al 5% del total nacional, mientras que las de jefatura masculina ascienden a un 11.4%. Lo anterior es una radiografía de la vulnerabilidad a la que están expuestas pues cuando son desalojadas, o se ven en la necesidad de dejar sus hogares a causa de la violencia intrafamiliar o doméstica, en la gran mayoría de los casos tienen en contra a las leyes, los vacíos normativos, las costumbres, las tradiciones o los pocos medios económicos.
¿A dónde van las mujeres cuándo su hogar es el sitio donde reciben más violencia?
La desigualdad en el acceso a la vivienda ha contribuido a que las mujeres víctimas de violencia en el hogar tengan que abandonar su domicilio, pues el agresor es quien permanece en la vivienda. La ausencia de políticas públicas afirmativas que garanticen el derecho de las mujeres a una vivienda adecuada ha contribuido a que al momento de sufrir una agresión, se encuentren vulnerables respecto a su hogar. La vivienda brinda seguridad personal y una perspectiva de vida con menor incertidumbre, mientras que si una mujer no tiene este derecho, incrementa la ausencia de confianza y los riesgos, cayendo en situaciones vulnerables para ella y su familia.[4]
Los refugios para mujeres en situación de violencia son una alternativa para cuando ellas se ven en la necesidad de abandonar su hogar y poder contar con un lugar seguro donde permanecer. En el modelo completo, además del refugio, se incluyen otros dos espacios: las Casas de Emergencia, que son para aquellas que huyen, incluso en la madrugada, y las Casas de Transición, que son para lograr completa autonomía y comenzar de nuevo[5]. No obstante, al finalizar el modelo completo, las condiciones socioeconómicas de las mujeres que han sobrevivido a la violencia de género les hacen enfrentar una forma de segregación habitacional como resultado del proceso de liberación del maltrato, que recrudece con los modelos mercantiles en los que actualmente se encuentra el acceso a la vivienda. Esto demuestra la relevancia de considerar la vivienda no solo como un derecho, sino también como un componente esencial en los procesos de recuperación y reinserción autónoma.
Si bien el plan “100 días para la transformación” en un primer momento busca beneficiar a las y los trabajadores afiliados a la seguridad social, se debe considerar que incluso en ese esquema existe una brecha de desigualdad, ya que de acuerdo con el Infonavit, en 2020 se reportó que sólo el 34% de los créditos se otorgaron a mujeres, contra el 66% a hombres[6]. Entonces resulta fundamental que los Organismos Nacionales de Vivienda, junto con la SEDATU integren el componente en los esquemas de apoyo a la vivienda de tal modo que puedan acompañar de mejor manera la política local y brindar opciones a aquellas personas que no se encuentran afiliadas a la seguridad social, destacando que entre este sector de la población se encuentran las y los jóvenes[7] y que se podría extender a las mujeres en situación de violencia.
Es esencial que en la coyuntura actual se diseñen políticas públicas afirmativas para el acceso a la vivienda por parte de las mujeres; desde la SEDATU y la nueva Secretaría de las Mujeres, encabezadas por mujeres altamente capacitadas, es posible extender el beneficio de vivienda dirigido a jóvenes hacia un diseño de programas especiales conjuntos que permitan clarificar esquemas de alquiler para mujeres supervivientes de violencia de género y así incorporar la perspectiva de género de forma contundente en las políticas de vivienda. Extender el programa de alquiler pensado para jovenes, como una acción afirmativa hacia las mujeres conlleva retos como examinar la manera en la que se recopilan los datos para identificación y clasificación de las víctimas de violencia de una forma eficiente, a fin de evitar la burocratización y que las mujeres que más lo necesitan queden fuera del universo de la política pública. Esquemas y casos de éxito existen, algunos son programas directos como el propuesto en el “Plan 100 días para la transformación” y otros se refieren a políticas en las que se subsidian alquileres, sin embargo estas últimas tienen por obstáculo la mercantilización inmobiliaria, principalmente en las grandes ciudades donde se encuentran los centros educativos y de trabajo, lo que puede derivar en que un subsidio no brinde el beneficio esperado. No obstante, resulta necesario abordar el tema también desde la perspectiva del apoyo a las mujeres para avanzar hacia la justicia en el acceso a la vivienda por alquiler, el cual requiere un análisis mayor y su inclusión indiscutible en las políticas de vivienda.
[1] 100 Pasos para la Transformación
[2] Reto de vivienda para Sheinbaum será encontrar suelo para construir 1 millón de casas: Sedatu
[3] Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 ENDIREH Principales Resultados
[4] El papel de la vivienda en la recuperación de las víctimas de violencia de género – UOC Ciudades
[5] Quiénes somos – Red Nacional de Refugios
[6] Reporte Anual de Vivienda 2020 INFONAVIT
[7] El acceso a vivienda será un verdadero derecho para jóvenes: Sheinbaum
