Jorge Luis Sierra*
Este texto forma parte del informe anual ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación que Cencos realiza desde los años 80.
Podrás encontrar más información en los próximos días a través del hashtag #PorQueTantoSilencio y a través de las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas @Campperiodistas en Twitter y Facebook previamente a la presentación del informe.
Análisis de las estadísticas disponibles
Por lo general, no existen en el país estadísticas completas sobre ataques contra periodistas debido entre otras cosas a la dificultad de obtener información sobre esos crímenes y al silencio de las víctimas de la agresión. A eso se agregan las diferencias de criterios entre las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas para reconocer casos de agresión originados por motivos profesionales.
Algunas organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York y la organización Article19, están trabajando de manera permanente para registrar y documentar casos de agresión contra periodistas.
Éstas son algunas aproximaciones al análisis de los datos presentados por Cencos en el registro de casos ocurridos en 2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón, y uno de los peores que haya registrado la historia reciente del periodismo en México:
Durante 2012, los reporteros que trabajan para medios estatales y locales son los de mayor riesgo y sufren las agresiones más graves. Todos los casos de agresión grave que resultaron en muerte, desaparición o atentados contra periodistas ocurrieron en poblaciones del país donde existe una presencia importante de la delincuencia organizada y donde ocurren enfrentamientos frecuentes con las fuerzas federales. Ninguno de ellos ocurrió en el Distrito Federal o en alguna de las grandes zonas metropolitanas. Esa situación podría implicar que la mayoría de las agresiones graves ocurrieron en poblaciones relativamente pequeñas con uno o dos medios locales donde el periodista está muy reconocido o identificado. Las condiciones de vulnerabilidad en estas poblaciones se agravan cuando los medios locales están sujetos a la presión de funcionarios públicos o de grupos criminales.
Veracruz fue la entidad donde ocurrió el mayor número de agresiones graves a periodistas (seis de ocho asesinatos y dos de cuatro desapariciones). Sin lugar a dudas, esas agresiones tuvieron lugar en medio de una lucha armada entre grupos criminales que se disputan el control de la ruta del tráfico de drogas por el Golfo de México, así como de las ciudades donde existen facilidades relativas para las industrias del secuestro, la extorsión y la trata de personas. Durante 2011 y 2012, la entidad estuvo afectada por manifestaciones de violencia inusitada que incluyeron la matanza masiva de presuntos narcotraficantes a manos de grupos delictivos de otras partes del país en una aparente disputa territorial con organizaciones criminales antagónicas.
A esa situación podemos agregar dos factores más: la aplicación de la fuerza naval y/o militar para controlar la situación de violencia, así como la posible existencia de fuerzas criminales interesadas en provocar desestabilización política a través de agresiones a periodistas. Esos crímenes ocurrieron antes de las elecciones federales y estatales del 1° de julio de 2012, lo que lleva a pensar en la posible existencia de elementos de política local o federal en la decisión de asesinar a los periodistas.
Los periodistas de la fuente policíaca siguen siendo los que están en mayor riesgo y sufren los ataques más graves. Según el recuento de Cencos, los periodistas de la fuente policíaca experimentaron el 42 por ciento del total de agresiones graves en 2012, lo que se eleva a 67 por ciento si incluimos en la misma categoría a periodistas de la fuente de seguridad. Esa condición de vulnerabilidad expresa la encrucijada que viven muchos periodistas del país que reciben órdenes, a menudo encontradas, para publicar información de policía que beneficia a un grupo criminal y perjudica a otro. Algunos reporteros de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se quejan de que un cártel les da instrucciones para guardar silencio sobre un incidente, mientras que el grupo rival fuerza a los editores a publicar información sobre el mismo incidente.
La agresión Física/Material fue la categoría más numerosa en el registro de casos (poco más de 51 por ciento del total de 258 agresiones registradas en el país durante 2012), seguida por la Amenaza (15.9 por ciento) y la Detención (12.8 por ciento). Es posible que en estos casos exista una cifra negra de periodistas que no denuncian la agresión sufrida con tal de conservar su seguridad. De acuerdo con la investigación de Cencos, los cinco municipios con más agresiones físicas registradas son Ensenada, Baja California; Saltillo, Coahuila; Morelia, Michoacán; Totolapan, Morelos; San Pablo Huixtepec y Oaxaca de Juárez; Oaxaca.
El mayor número de agresiones Físicas/Materiales con armas de fuego o explosivos contra instalaciones y oficinas de medios de comunicación ocurrió en Tamaulipas y Nuevo León, ambos son estados donde ocurre una confrontación aún no resuelta entre el Cártel del Golfo, Los Zetas y células de otras organizaciones de narcotraficantes provenientes de otras partes del país, y en donde el Gobierno Federal ha ocupado principalmente la fuerza militar y naval en contra del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada.
En 2012, las instalaciones de Televisa Matamoros y El Mañana de Nuevo Laredo sufrieron dos ataques cada una. Las instalaciones del Expreso de Matamoros y Hora Cero también fueron víctimas de ataques semejantes. El Norte de Monterrey experimentó tres agresiones y la distribuidora Dipsa sufrió un incendio provocado. Un total de 37 medios de comunicación del país sufrieron ataques en 2012.
La Amenaza de daño a la integridad física o psicológica fue el segundo tipo de agresión contra periodistas con 41 casos registrados en el país. Aunque la mayor parte de las amenazas de daño ocurren de manera verbal, los grupos criminales lanzaron una amenaza contra periodistas a través de un mensaje abandonado cerca de los cadáveres de personas asesinadas. También ocurrieron cuatro amenazas vía electrónica, dos por Twitter y otras dos por correo electrónico. En los casos de Coahuila, Durango y Michoacán, las amenazas son lanzadas contra el gremio periodístico en general con el objeto de silenciarlo o forzar su anuencia para publicar datos que beneficien los intereses del grupo criminal.
Los funcionarios públicos son los supuestos responsables de la mayor parte de los 258 casos de agresión registrados. Es posible que esa cifra esté determinada por el hecho de que los periodistas estén más inclinados a reportar agresiones provenientes de funcionarios públicos que a reportar agresiones cometidas por grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, el hecho de que el 55.04 por ciento de las agresiones registradas sean atribuidas a funcionarios públicos es una evidencia de la necesidad de monitorear a las autoridades que muestran rechazo al escrutinio público a través de los medios de comunicación y están inclinadas a reprimirlo.
Algunas aproximaciones generales
Los periodistas están siendo sujetos de agresión principalmente en contextos locales donde podríamos presumir que existe contubernio entre autoridades civiles y policiales con organizaciones criminales, o bien existe negligencia y desinterés de las autoridades para investigar los casos de agresión y propiciar su impunidad.
Los asesinatos de periodistas en Veracruz nos permiten establecer la hipótesis de que grupos criminales y grupos políticos han estado interesados en la muerte de periodistas como una forma de ejercer presión ante la proximidad de las elecciones estatales y federales en la entidad. Esto cambiaría por completo los parámetros futuros de cobertura electoral en el país, pues los procesos políticos podrían estar contaminados de una mezcla de intereses políticos, económicos y criminales que actúan con relativa impunidad y constituyen un factor de riesgo para los periodistas.
Es necesario resaltar que los periodistas que trabajan para medios del Distrito Federal no están exentos de riesgo. Aunque ninguno ha experimentado un ataque grave como los ocurridos en otras entidades del país, algunas experiencias recientes nos indican que esos periodistas aumentan su nivel de riesgo cuando salen a los estados a cubrir incidentes sin conocimiento del terreno, del contexto, y sin fuentes confiables que puedan facilitar su labor. Por otra parte, en la Ciudad de México y su zona metropolitana está ocurriendo un proceso de control criminal por parte de grupos delictivos que tienen su sede en otras entidades del país, pero mantienen operaciones importantes en la capital. Esa condición es indudablemente una situación de riesgo para periodistas que debe tomarse en su magnitud adecuada.
A pesar de que tienen la intención de recuperar territorio controlado por la delincuencia organizada, las operaciones militares han resultado irrelevantes para evitar o prevenir los atentados contra periodistas. Esto es particularmente grave, porque a pesar de los esfuerzos federales, los indicios de contaminación criminal en las filas policiales a nivel municipal o estatal siguen constituyendo un factor de alto riesgo para el gremio.
Los grupos responsables de ataques contra periodistas están utilizando explosivos o secuestros aleatorios en operaciones de intimidación y control de medios de comunicación. Este uso de explosivos, aunque no ha resultado en la muerte o daño masivo de empleados de los medios atacados, podría ser el preámbulo de ataques terroristas de una magnitud mucho mayor, si no se define una política gubernamental diseñada específicamente para prevenirlos a través de sus sistemas de inteligencia o la coordinación con los medios de comunicación.
El predominio de agresiones hacia reporteros y editores que trabajan para medios locales en poblaciones relativamente pequeñas, donde está registrada una alta actividad de grupos criminales, hace pensar en la necesidad de que autoridades federales, estatales, municipales trabajen con una intensidad y niveles de cooperación no observados hasta el momento para proteger a comunicadores, prevenir futuros ataques en su contra y sancionar a los responsables.
Es importante también observar que un número significativo de reporteros de la fuente política o de la fuente general sufrió ataques en el ejercicio de su labor. Los asesinatos y ataques contra candidatos en procesos electorales hacen visible que la política y el crimen pueden coincidir en momentos determinados, lo que podría ser un elemento desfavorable para la seguridad de los reporteros de dichas fuentes que no están capacitados para cubrir crímenes y carecen de información del contexto de criminalidad.
Sigue siendo una prioridad la inversión de recursos para capacitación de los periodistas que cubren las fuentes policíaca y de seguridad. En la medida en que las organizaciones criminales buscan de manera activa y planificada controlar mediante el terror a los equipos de reporteros y editores de esas fuentes, las organizaciones periodísticas deben reforzar sus esfuerzos de entrenamiento, cuidado y prevención hacia estos periodistas.
Dado que en 2012 hubo varios casos registrados de agresión contra reporteros ciudadanos que carecen del mínimo de infraestructura empresarial o de redes de apoyo profesional a su labor, la protección gubernamental debe extenderse a ellos.
*Knight International Journalism Fellow, Centro Internacional para Periodistas
