Redacción / @Revolucion3_0
(28 de junio, 2013).- La reforma migratoria aprobada el día de ayer en el Senado de Estados Unidos, dista mucho de ser la panacea que las autoridades tanto estadounidenses como mexicanas han asegurado que es. La versión vendida en los medios es que se trata de una plataforma que permitirá a 11 millones de indocumentados regularizar su estatus migratorio en el país anglosajón. Sin embargo, su verdadero nombre es Acta de la seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración.
Se anuncia como un camino a la ciudadanía, pero lo que en realidad hace es orillar a todos los que viven sin documentos legales a inscribirse como inmigrantes provisionalmente registrados (RPI por sus siglas en inglés, Registered Provisional Immigrant Status). Este trámite no convierte automáticamente a la gente en residente legal, tan sólo es el inicio de una serie de requerimientos para, en un lapso no menor a 13 años, obtener la ciudadanía.
Organizaciones de defensa de los migrantes argumentan que aunque el gobierno de Obama ha intentado convencer a la población de que la militarización es un “mal necesario” al que hay que ceder si se quiere la aprobación de la reforma que beneficiará a mucha gente, se trata de un mito. La reforma es para ellos “una máquina de guerra”.
Para No Name Collective, “no hay tal cosa como la militarización inocua; no hay justificación para el genocidio en la frontera, para la violación de la soberanía de otras naciones, para aterrorizar a los inmigrantes y las comunidades fronterizas”.
El senador republicano Orrin Hatch fue de los principales negociadores de la reforma, argumentando que la militarización de la frontera es necesaria para volverla viable. También ha pedido que se incluya que a quienes sean legalizados se les prohíba recibir salarios caídos y se les niegue la seguridad social y cualquier tipo de beneficio hasta que sean ciudadanos. La reforma también contempla que se prohíba los subsidios durante cinco años para los inmigrantes que obtengan la residencia. Y a pesar de que se retira a los migrantes toda prestación, éstos tendrían que pagar impuestos retroactivos y penalidades por todos los salarios que recibieron mientras eran ilegales.
El terror va disfrazado de favor: al no ser residentes legales, las personas en el registro RPI no cuentan con los beneficios federales de los ciudadanos, ni sus derechos legales. Se trata de un estatus migratorio que debe renovarse y que puede ser revocado en cualquier momento a discrecionalidad de las autoridades, en cuyo caso se procedería a la deportación.
Los pasos desde el RPI hasta la ciudadanía son considerados como obstáculos por los detractores de la reforma. Para empezar, no todos califican para el RPI. Las condiciones mínimas son que el solicitante viva en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011, no haber salido del país, pagar impuestos y otros cargos, así como una multa de 1,000 dólares; no tener antecedentes penales y presentar los documentos en un año.
Después de seis años –si en ningún momento las autoridades consideran revocar el registro–, el estatus migratorio debe renovarse. Además de los requisitos previos que deben volver a cumplirse, se agrega que durante todo ese tiempo el inmigrante debe haber tenido empleo fijo (máximo 2 meses sin trabajo), no debe ser considerado como una “carga pública” y debe tener un ingreso anual por encima del índice de pobreza; es decir, si la persona es pobre, el permiso será revocado.
Al pasar cuatro años, se puede solicitar la residencia, comúnmente conocida como Green Card. Además de los requisitos anteriores, los ingresos deben ser de 25 por ciento por encima de la pobreza (30 mil dólares al año). Además, su solicitud se procesará hasta que se la instancia migratoria haya completado las solicitudes pendientes antes de la reforma. Se trata de una enorme lista que además da prioridad de acuerdo al país de procedencia y al tipo de empleo que se ejerza, por lo que muchas personas serán rechazadas. Adicionalmente, se debe dominar el inglés.
Para solicitar la ciudadanía deben pasar otros tres años. La reforma es más una “máquina de deportación” que una genuina instancia reguladora del estatus migratoria. Sólo se acepta a los individuos que vivan bajo el parámetro de “ciudadano productivo”.
Más que abrir sus puertas, Estados Unidos las está cerrando. Ninguna de las solicitudes de regulación se aceptará hasta que los otros candados hayan sido completamente establecidos y los muros hayan sido levantados (un mínimo de 180 días después de la aprobación de la reforma).
¿Cuántos estadounidenses serían expulsados de su país si se les aplicaran los mismos requisitos que a los migrantes, algunos de los cuales han pasado prácticamente toda su vida en territorio estadounidense? En momentos en que la crisis económica ha llevado el índice de desempleo entre migrantes a más del 13 por ciento, el requisito de “no permanecer más de dos meses desempleado” es prácticamente una sentencia definitiva de expulsión.
Entre los candados se encuentran:
- Frontera segura: Se refiere a una vigilancia de 24 horas al día, 7 días a la semana y se haya capturado al 90 por ciento de las personas en Estados Unidos cuya visa haya expirado.
- Sistema E-Verify: Se trata de un registro electrónico en el que las autoridades monitorearán el trabajo de las personas: dónde laboran, qué hacen, cuánto ganan, si dejan de laborar, etc. La frontera se extenderá hasta los lugares de trabajo.
- Sistema electrónico de salida: Una medida para tener registro y control de la información de visa y pasaporte de todos los inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés, Department of Homeland Security) pretende llevar su economía de guerra hasta la frontera al militarizarla. La militarización doméstica tiene implicaciones en las libertades individuales, además de representar un alto costo para el presupuesto.
Además del incremento al presupuesto del DHS, se les pedirá una cuota mayor de detenciones: al menos 34 mil diarias.
Hasta el momento se han destinado 6 mil 600 millones de dólares en aviones no tripulados –drones–, 3 mil 500 tropas de patrulla fronteriza adicionales, se ha desplegado a la Guardia Nacional y se comenzó la construcción de nuevos muros y estaciones fronterizas. La frontera y hasta 161 kilómetros al interior del país se alistan para su completa militarización y extrema vigilancia.
Posteriormente, una enmienda a la reforma agregó entre 30 y 42 mil millones de dólares adicionales para añadir 20 mil tropas de patrulla fronteriza y 1 mil 127 kilómetros de muro, así como tecnología militar que no se había contemplado en un principio.
El sistema de vigilancia planteado en la reforma será tan extremo que monitoreará a la gente incluso al interior del país y criminalizará a los inmigrantes. Cruzar la frontera de forma ilegal se considerará un delito federal con una pena de hasta 15 años en prisión. Se agregan nuevos “crímenes de inmigración”, como pertenecer a “pandillas” (aunque no se cometa delito alguno), acumular tres multas por conducir en estado de ebriedad.
Para completar el círculo de la criminalización, se dará incentivos financieros a los policías locales para encarcelar a inmigrantes.
La reforma migratoria pretende además desarticular a los movimientos sociales de migrantes, restándoles cualquier poder de acción o injerencia en la defensa de los derechos humanos de las personas que se ven forzadas a migrar, por lo que se convierte en una trampa que mientras promete legalizar a la gente, facilitará las deportaciones.
Por otra parte, se espera que la cámara baja (Cámara de Representantes) endurezca aún más la reforma, pues ahí es donde hay más resistencia en aceptar inmigrantes y otorgarles la ciudadanía.
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El negocio de la reforma migratoria
Si para los migrantes la reforma no es una buena noticia, lo es para los contratistas a quienes el DHS hará ganar mucho dinero. Aquí unos ejemplos proporcionados por Mother Jones:
- Agentes fronterizos: Además de los salarios a los 20 mil agentes nuevos, hay que pensar en el equipo que necesitan. La compañía alemana Heckler & Koch ha recibido unos 500 mil dólares en un año, por concepto de armas; Remington Arms 160 mil. La gente también necesita entrenamiento, por lo que se pagaron 103 millones de dólares a la empresa de seguridad Chenega.
- Bardas: Desde 2009, se estimó que costaría entre 400 mil y 15 millones de dólares construir una milla de reja en el muro. Ese año se gastaron 2.4 mil millones en una reja sencilla. La que se piensa construir ahora será doble y más extensa. Una de las empresas que más ha ganado por este concepto es Boeing, al recibir más de mil millones de dólares entre 2006 y 2009 y más de 35 millones en 2012.
- Bases de datos: La tecnología que utilizará el E-Verify es costosa. Por sistemas similares, Accenture ha recibido mil 900 millones de dólares desde 2004, Unisys 132 millones en un año. Las ganancias que representará la implementación propuesta en la reforma serán multimillonarias.
- Bardas virtuales: Su costo será de por lo menos 4 mil 500 millones de dólares por tecnología de investigación y monitoreo. Se estima que se gasten al menos mil millones de dólares en torres, radares y cámaras de vigilancia.
- Drones: Tienen un costo de aproximadamente 18 millones de dólares, más 3 mil dólares la hora de vuelo. En un año las empresas que los facilitan podrán ganar entre 30 y 400 millones de dólares.
- Centros de detención: La gente que intente cruzar ilegalmente la frontera será encarcelada. GEO Group es el favorito para obtener el contrato de construcción de los centros de reclusión. El año pasado recibió 142 millones en contratos, G4S 63 millones. Este año, 400 organizaciones han comenzado a pugnar por los jugosos contratos.
