(03 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO)
1.-La tarde del martes pasado, la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados aprobó una minuta, en la cual se modificará el artículo 29 de la Constitución. La ley busca regular la suspensión de garantías en caso de “invasión, perturbación grave de la paz u otro que ponga a la sociedad en peligro”, lo que deriva en la restricción o suspensión de derechos y garantías en el país.
2.- La iniciativa había sido enviada por Enrique Peña Nieto el 22 de octubre del 2013; luego el Senado envió la minuta a la cámara de diputados el 9 de diciembre del 2015 y señalaron que era “preferible contar con un mecanismo que regule la atribución presidencial de suspender garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.
3.- Tal como sucedió en la aprobación de la represiva Ley Atenco, Morena fue el único partido que se opuso a esta minuta. Al contrario, PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal votaron a favor. La única abstención fue Movimiento Ciudadano.
4.- Esta ley, establece que para garantizar las condiciones de estabilidad necesarias que permitan la protección de todos y cada uno de los derechos fundamentales, “en ciertas ocasiones es necesario suspender o restringir algunos de ellos”.
5.- A pesar que dicha minuta establece que los derechos que serían “más factibles de suspender o restringir durante los estados de excepción” serían los derechos patrimoniales, los derechos reales, los derechos personales, los derechos de crédito, los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual, no descarta que los derechos humanos sean suspendidos; ciertos derechos humanos pueden ser suspendidos o restringidos en su ejercicio pero, continúa “en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada en principios democráticos orientados a la protección integral de los derechos humanos”.
6.- Hace unos días, diversas organizaciones sociales reclamaron el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) expresó: “Creo que esta perversa ondanada está orquestada desde Gobernación. Al darle esas garantías al Presidente simplemente vamos a tener un Estado criminal, un Estado de excepción legalizado para el crimen”.
7.- Entre otras cosas, la minuta señala que será el Presidente de la República quien “someta a consideración del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, el proyecto de decreto para declarar una restricción o suspensión.
8.- Estas soberanías tendrán que considerar el caso de obvia y urgente resolución, votarlo en un plazo no mayor a 48 horas y convocar a sesión extraordinaria, de ser necesario”. Asimismo “la Suprema Corte de Justicia, por su parte, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos”.
9.- La minuta establece que “sólo procederá en casos de Invasión (entrada, sin autorización, de fuerzas armadas de otro país a cualquier parte del territorio)” Y de manera imprecisa, sostiene que también en una “Perturbación Grave de la Paz Pública (situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente)”.
10.- Al respecto, los partidos defensores de esta medida defendieron su voto a favor diciendo que “reúne los estándares internacionales de derechos humanos”, que se trata de un “avance significativo en el momento en que estamos viviendo actualmente”, o que “países como Francia, han solicitado a organizaciones internacionales aplicar el Estado de excepción”.
11.- Rocío Nahle, coordinadora de Morena alertó sobre la ambigüedad de la “perturbación” que este ley pretende sancionar “Lo manejan tan general, ¿cuándo va a ser, a perturbar la paz pública?, ¿una marcha, una manifestación? ¿cuándo? No especifica, ¿cuándo va a ser?” dijo. Y agregó “Cuando los mexicanos decimos: no estamos de acuerdo con las medidas que están tomando, entonces estás perturbando la paz pública”.
12.- También sostuvo que “entregar el poder absoluto al Presidente para suspender derechos y garantías en los casos que se estipulan en la norma, es un cheque en blanco para que haga y deshaga en este país, que es de los que tiene mayor violación a los derechos humanos”.
13.- En entrevista con RevoluciónTRESPUNTOCERO, la legisladora dijo que estas disposiciones dotarán de una “tendencia dictatorial” a Enrique Peña Nieto que “ni siquiera Fujimori o Hugo Chávez -a quien tanto critican- tuvieron; es un endurecimiento tremendo a las leyes y a las garantías de los mexicanos”.
14.- Por ello, el jueves pasado, la diputada Ernestina Godoy solicitó la reposición del procedimiento. En el documento, advierte que la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está basada en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte; por ejemplo: la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo al Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva deberá contestar la solicitud de Morena a más tardar la siguiente semana.
