Le decimos a EPN que no permitiremos el despojo ni el proyecto de muerte: comunidad de San Francisco Xochicuautla

(16 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante el decreto emitido por Enrique Peña Nieto, el cual expropia parte de los  terrenos de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla para destinarlos a la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, integrantes de este pueblo originario mandaron un mensaje al priísta de extracción mexiquense y manifestaron: “no permitiremos que el despojo de nuestras tierras se consume”.

En conferencia de prensa, Armando García Salazar, delegado por usos y costumbres de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, expuso que ante el intento de despojo dictado desde el gobierno federal la población se mantendrá en resistencia y no permitirán “la realización de este proyecto de muerte”.

García Salazar explicó que el decreto con el cual se expropia las tierras miente, puesto que en él se asegura que “se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 94 de la Ley Agraria, y se otorgó la garantía de audiencia previa a la comunidad “.

“Ni nuestro pueblo otomí, ni nuestra comunidad fueron consultados bajo los estándares obligatorios de consulta de pueblos originarios e indígenas, violando así los convenios internacionales que en materia de derechos de los pueblos, México ha firmado”, explicó.

En este sentido agregó que la comunidad no fue ni siquiera notificada, además que se hizo a un lado a las autoridades indígenas establecidas por usos y costumbres.

El delegado de la comunidad detalló que la lucha en contra de la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan inició desde hace varios años, en los cuales se han violentando diversos derechos de la población otomí. En este sentido, añadió que el actual decreto expropiatorio omite los amparos que luego de varios años de lucha, la comunidad indígena ha ganado y con los cuales se anula cualquier autorización para el desarrollo del proyecto.

“Al parecer el gobierno federal no sabe ni entiende que los pueblos indígenas no sólo somos campesinos y confunde las estructuras agrarias con los pueblos indígenas que nunca fuimos ni siquiera notificados, desconociendo a nuestras autoridades y haciendo a un lado los derechos indígenas. El decreto omite que nuestra resistencia había ganado amparos que anulan cualquier autorización comunal para el paso de dicho proyecto, por haberse realizado sin la participación del pueblo, de manera ilegal y amañada”, detalló.

De igual forma, señaló que el decreto presidencial se contradice, puesto que en el texto se reconoce que “la expropiación se realiza cuando las maquinas ya estaban y la constructora ya había ocupado nuestro territorio. El propio EPN reconoce que primero ocupó y ya sobre la fuerza, después, pasó a legalizar la ocupación ilegal”.

Asimismo cuestionó el hecho que el decreto exponga como “utilidad pública” la obra carretera, puesto que, dijo, traerá afectaciones severas al ambiente, y repercutirá en la captación de agua, con lo cual se afectará hasta el Distrito Federal.

“Como siempre los poderosos confunden mercado con bienestar. A la depredación la llaman desarrollo y a la destrucción de nuestros pueblos le llaman progreso. Invadiendo nuestros territorios destruyen el bosque y a nuestra cultura. Despojándonos de nuestras tierras profundizan nuestra pobreza, aniquilando una forma de vida que no entienden ni respetan, obligándonos a trabajar en la megaurbe. A ese despojo, destrucción, empobrecimiento y aniquilación ellos lo llaman políticas de desarrollo, nosotras y nosotros sabemos que sus nombres de siempre son: colonización, ecocidio, etnocidio y violaciones a nuestros derechos”, apuntó.

En tal sentido, García Salazar comentó que con el decreto de expropiación se despoja a la comunidad otomí de tierras de cultivo, y en su gran mayoría, bosques. Por tal motivo dijo: “Queremos decirle a EPN que la respuesta frente al decreto emitido es la que siempre ha sostenido nuestra comunidad en resistencia, desde hace ochos años frente al proyecto carretero que hoy se impone por la fuerza del ejecutivo: nuestra respuesta es un rotundo no. No permitiremos que este despojo se consume y mantendremos la resistencia al proyecto de muerte y depredación que significa la autopista privada Toluca-Naucalpan”.

Por otro lado, Armando García pidió a la sociedad unirse a la lucha que ha iniciado esta comunidad y solicitó que la problemática se difunda. Además, dijo, es necesario que la sociedad del Valle de México se entere de todas las implicaciones de la obra, pues de construirse perjudicaría a la ciudad de México.

“Nuestra problemática la queremos compartir porque todo lo que está detrás del proyecto perjudica tanto a nuestra comunidad como a la ciudad de México. El área donde nosotros vivimos esta denominada como área natural protegido, dictaminada desde el tiempo del gobernador Jiménez Cantú e incluso fue llamada el Santuario del Agua, subcuenta tributaria del Rio San Lorenzo. Somos una zona de captación pluvial de forma natural que nutre al sistema Cutzamala que es de donde su mayoría la ciudad de México les llega el agua. Queremos hacer hincapié en esto: que nuestra lucha no es sólo por nuestro territorio, también es una lucha que queremos decir que va a traer un destrozo ambiental importante y alteración en la captación de agua pluvial que se genera en la cordillera que divide al valle de México y al de Toluca”, indicó.

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Janeth Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, manifestó que en este intento de construir la carretera Toluca-Naucalpan sobre territorios de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, se han presentado graves violaciones a los derechos de los pueblos, en especial al de la consulta libre, previa e informada.

Detalló que también han podido documentar la agresión física cometida por los elementos de seguridad pública en contra de los pobladores de San Francisco Xochicuautla. En especial mencionó que durante la invasión de la maquinaria de construcción a los terrenos de la comunidad, el comandante de los granaderos agredió a mujeres indígenas.

“Nos tocó estar presentes el martes que ingresó la maquinaria e ingresa junto con granaderos. Hay imágenes dentro de la documentación que se ha realizado donde el comandante “S. Cruz”  se encuentra agrediendo a las mujeres indígenas, mujeres con niños. Esto es una grave violación por parte de los policías. También ese mismo día se documenta presencia de policías mujeres vestidas de civil intentando agredir a las compañeras. Además, la maquinaria, para poder ingresar, tuvo que pasar por las tierras comunales, vemos un daño ambiental a la flora, fauna y agua”, dijo.

La defensora de DDHH manifestó que no existe voluntad por parte de gobierno para respetar la decisión del pueblo otomí y cancelar la obra carretera, por lo que pidió a la sociedad apoyar esta lucha.

“Hacemos un llamado para fortalecer el campamento y para estar al tanto de lo que pueda pasar en la comunidad en próximos días. Es una aberración, la empresa (constructora) y el gobierno se han empeñado en construir la autopista, pasando aún sobre el pueblo indígena, sobre mujeres, niños, jóvenes. Esto es alarmante. Por lo que se pudo ver el martes, aun estando las mujeres con niños, el comandante es quien inicia la agresión. Entonces hacemos el llamado para fortalecer el campamento y para estar al tanto de lo que pueda pasar”, apuntó.

Por su parte, Itizia Miravete, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, explicó que “ante este nuevo embate del gobierno” la comunidad y esta organización expedirán un contradecreto, a través del cual se restituyan lo expropiado por EPN. Lo anterior, dijo, será de manera simbólica pues en la legislación no existe una figura como tal para actuar.

No obstante, manifestó que ya se está definiendo la estrategia legal a seguir, en la cual no se descarta interponer un recurso de amparo. Además, dijo, se acudirá a organismos internacionales como la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares en protección de la comunidad.