(15 de mayo, 2015).- Tras el poco éxito logrado con la reforma energética aunado a la caída de los precios del petróleo, el gobierno mexicano prepara una agresiva reforma agraria con la intención de favorecer a las empresas privadas e impulsar las inversiones en suelo nacional.
Según funcionarios de gobierno y militantes del PRI, se buscaría aprovechar la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, en la que se otorga más poder a empresarios privados para verse favorecidos en disputas que tengan de por medio ejidos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de la que es titular el ex procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, es la encargada de dicha reforma en la que se busca crear un escenario legal que favorezca a empresarios fomentando inversiones en los sectores de minería, turismo, energía, agricultura y transporte. “El fortalecimiento de la certeza legal en torno a la tenencia de la tierra sería muy positivo para la inversión minera”, dijo el director de asuntos corporativos de la empresa minera canadiense Goldcorp, Michael Harvey.
“Tenemos que dar certidumbre al ejido, pero también dar la posibilidad en un momento dado que el sector privado pueda trabajar mano a mano con los núcleos agrarios. Es el gran tema”, declaró el legislador del PAN y presidente de la Comisión de la Reforma Agraria del Senado, Francisco García Cabeza de Vaca. Debemos ofrecer “certeza legal” a los empresarios para que inviertan en el país, agregó el panista.
“Esto necesita ser manejado con mucho cuidado”, declaró otro senador del PAN, Daniel Ávila, ante la inminente oposición de la izquierda por la agresividad contemplada en la reforma sobre la que ya se está trabajando.
De esta forma, se buscará aprovechar las medidas impuestas por la reforma energética en la que se contempla la intervención del gobierno mexicano en conflictos entre empresarios y ejidatarios. Si ambas partes no logran concretar acuerdos, el gobierno podrá expropiar los terrenos en disputa a favor del empresario, así como también determinará la compensación que estos deberán dar a los despojados.
Es ese el punto principal que los legisladores buscarán aprovechar y potencializar en la reforma agraria que se espera sea presentada al Congreso en el próximo periodo de sesiones, a comenzar en septiembre.
Un portavoz de la SEDATU confirmó que la Secretaría trabaja en la reforma referida, sin embargo, al buscar a algún funcionario de la misma, no hubo respuesta, refiere el artículo publicado por Reuters.
