La Paz, Baja California Sur.- Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que “sería un error absoluto” el paro laboral que un grupo de jueces y magistrados pretende poner a consulta, para eventualmente estallar el miércoles próximo.
Al ofrecer una conferencia de prensa en La Paz, Baja California Sur, previa a un foro sobre la reforma judicial, la ministra Batres Guadarrama respondió a las inquietudes planteadas por la prensa local ante la amenaza de un paro en el Poder Judicial Federal.
Explicó que legalmente esta suspensión de labores no tendría sustento legal, pues las personas impartidoras de justicia no son trabajadores de base, por lo que sus derechos laborales no contemplan poder organizar un paro.
“Los jueces, magistrados y ministros es un hecho que no somos trabajadores de base, solamente somos funcionarios con mando. Inadecuadamente se nos ha considerado, dentro de la jurisprudencia incluso, como patrones equiparados, más aún por ese mismo carácter no podríamos ser considerados como trabajadores de base, por eso no nos es aplicable el derecho de huelga, que sería el símil, como derecho laboral. No tenemos, en tanto como trabajadores de confianza, el reconocimiento de derechos adquiridos”, explicó la integrante de la Suprema Corte.
Desde La Paz, BCS, rueda de prensa con Alejandro Rojas sobre la reforma al Poder Judicial. https://t.co/H23A63bhqs
— Lenia Batres (@LeniaBatres) August 19, 2024
Añadió que el apartado B del artículo 123 constitucional fue establecido precisamente para los trabajadores del Estado pues se entiende que les corresponde poner por encima de sus intereses personales los intereses generales: “por eso tenemos incluso prohibido la suspensión del servicio, es más dice nuestra ley burocrática que cuando se amenaza el proporcionar un servicio público”.
Se trata entonces, sostuvo, no de una protesta laboral legitima, sino de una forma de presión política, pues su finalidad no es defender ninguna conquista laboral o prestación económica, sino tratar de impedir la materialización de una decisión de uno de los tres poderes de la Unión, el Legislativo.
“Es un hecho que ni en la ley ni en las jurisprudencias los trabajadores de confianza cuenten con derechos adquiridos, luego entonces qué van a reclamar, esa es la pregunta ¿qué van a reclamar los jueces, los magistrados, los ministros. Como no pueden reclamar igual que un trabajador de base sus derechos laborales, entonces lo que van a reclamar pues es una posición política, van a reclamar por que no se haga una reforma, van a reclamar a otro poder que no ejerza sus facultades”, agregó.
“Pues yo no sé si eso sea legítimo, me parece que es un error absoluto, es un error profundo porque se va a lo más directo de la politización de la función, en este caso de estos jueces, magistrados y ministros, van a hacer una presión absolutamente política”, sentenció la ministra.
Posteriormente, en el foro de información, la ministra Batres consideró que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación hizo bien al reunirse con los legisladores, pues consiguió que el dictamen presentado en la Cámara de Diputados incluya en su artículo décimo transitorio las garantías necesarias para preservar los derechos adquiridos de los empleados de base.
En el foro, el abogado Alejandro Roja Tirado subrayó que la reforma judicial tiene su fundamento en el artículo 39. que define que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo, quien tiene en todo momento el derecho a modificar su forma de gobierno, incluyendo al Poder Judicial.
