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(13 de junio, 2014).- Luego de que el pasado mes de mayo fuera aprobada en Colima la ley contra el bullying, el presidente de la asociación de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes, dijo que analizarán las sanciones propuestas para los agresores, pues quieren evitar que violen sus derechos fundamentales.
Y es que a decir de Magaña Cervantes, algunos gremios de abogados han hecho observaciones sobre la posibilidad de que esa ley violente las garantías, pues incluso existe el riesgo “de que dada la tentación de que exista un mecanismo para sancionar estas conductas se retome la idea de hasta la cancelación de la matrícula”.
Pues recordó que la educación básica es un derecho que tienen todos los mexicanos, por tanto “no debe de existir una acción tan reactiva en cuanto a buscar que el niño cometa un error para castigarlo, o que incluso pueda ser una herramienta para estigmatizar a un niño y discriminarlo”.
Pero también considera necesario, que antes de aplicar sanciones se debe distinguir lo que es bullying de lo qué no lo es, pues advierte que ahora a cualquier agresión se le llama así, cuando se tiene que ser muy precisos en ello.
“Los expertos dicen que el fenómeno se da cuando hay la presencia de una acción que victimiza a un niño, lo lesiona, lo ofende, lo discrimina lo aísla, pero de una forma continua, casi como una conducta permanente y no una acción de amenaza de lesión, de pérdida incluso de órganos o de la vida, que ya está prevista previamente por nuestra legislación y que en el caso particular de los niños, sería una infracción penal, tendríamos que separar lo que es una cosa de la otra”, señaló.
Y mencionó que algunos padres de familia confunden con bullying algunos juegos, donde los menores se involucran de manera voluntaria en grupo, que cumple ciertos retos o conductas que en ocasiones implica hacerse daño; como el caso de una menor que se rascó la piel hasta sangrar, igual que sus compañeros, donde la mamá la ponía como víctima.
En relación al comité estatal de atención integral a la violencia en las escuelas que se formará a partir de esa legislación y del que formará parte su asociación, espera que no se convierta en una procuraduría de justicia estudiantil o infantil, “porque entonces ¿a qué hora van a estudiar?”, se pregunta.
Por ello dijo, se le tiene que apostar a la prevención y buscar el origen del problema, que para él, es toda la violencia “que se está reflejando en nuestra sociedad”.
No obstante, añadió que antes de proponer algunas políticas públicas, está pendiente el diagnóstico puntual para saber la realidad de las escuelas del estado en cuanto a ese fenómeno, pues asegura que el hecho de que México tenga el primer lugar en ello, no significa que Colima también lo tenga.
Adelantó que tras analizar las sanciones que contenga el reglamento, su asociación podría buscar la manera de generar algún tipo de iniciativa para que el Congreso del Estado lo adecue a lo que marca la Constitución Política de México y a los tratados internacionales a los que está suscrito el país.
