(22 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el avance del dictamen de la Ley de Obras Públicas –realizado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Senado de la República- pone en riesgo los principios de transparencia y puede ser un incentivo a la corrupción, pues en él se plantea un catálogo muy amplio de excepciones en la materia, contiene disposiciones contrarias a la Constitución, prevé amplios causales para exceptuar los procesos competitivos en las licitaciones, el uso indistinto de la figura de adjudicación directa, además de que permite que documentos esenciales de obras públicas puedan mantenerse en completa opacidad.
Mariana Campos, de México Evalúa, solicitó a los legisladores modificar el dictamen de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado seis de noviembre, misma que fue aprobada, prácticamente sin cambios por la LXII Legislatura y turnada al Senado, al considerar que va en contra de las buenas prácticas internacionales y del Sistema Nacional Anticorrupción, pues no promueve la transparencia y preserva muchos vicios que merman la competencia.
“Quedan muchas puertas abiertas a la discrecionalidad para que las licitaciones o los procedimientos de invitación restringida sean simulados y en realidad, sean adjudicaciones directas disfrazadas. Es muy importante revisar los proyectos de convocatorias, pues lo que esta reforma está promoviendo, es que el universo de proyectos y los tiempos para revisarlos se reduzcan; es decir, que se reduzca la ventana de oportunidad para dar una opinión sobre ese proyecto”, argumentó Campos.
Otro riesgo que advierten en el dictamen es que se permite que se exceptúe el uso de CompraNet, a criterio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin que se establezca en qué tipo de casos esto debe permitirse, ni quién debe ser el responsable de su funcionamiento pues hasta la fecha, las organizaciones han documentado la “purga” de documentos y que esta herramienta deja de operar por semanas sin que se sepa la causa, lo que genera una falta de transparencia efectiva.
Las organizaciones consideran que sin justificación alguna, el dictamen mantiene a las contrataciones por adjudicación directa en la opacidad, al no establecer obligaciones de transparencia para ellas, por lo que proponen: disminuir el régimen de excepciones a lo estrictamente necesario y establecer el conjunto de prácticas que debe seguir cualquier disposición normativa que regule contrataciones financiadas con recursos federales; establecer mecanismos para evitar la manipulación de licitaciones, promover que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) intervenga en momentos claves de la contratación, reducir los espacios de discrecionalidad, entre otras.
La “Ley Higa-OHL”
Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, advirtió que dada la política de austeridad que se pretende impulsar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se puede generar competencia desleal, misma que siempre incorpora a la corrupción.
“Nos preocupa mucho que el próximo año tengamos un presupuesto acotado y que quienes quieran encontrar la ruta fácil de la corrupción logren hacerlo de manera legal. Nos preocupa que la corrupción se legalice en México a través de instrumentos como esta ley y también nos preocupa que este va a ser, si sale bien o si sale mal, el referente para los otros 32 sistemas de compras gubernamentales en el país”, dijo.
En su intervención, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sostuvo que el dictamen del Senado es un retroceso que empeora las condiciones de confianza sobre las instituciones y lo calificó como la Ley del compadre, HIGA u OHL.
“El Senado tiene la enorme responsabilidad de cambiar la ley pensando en los ciudadanos y en la infraestructura que necesita este país, no en qué compadre se piensa premiar con determinado contrato de obra pública. Se tiene que frenar y se tiene que transformar de fondo para que no queden vestigios de esta desconfianza, discrecionalidad y opacidad”, argumentó.
Para Edmundo Gamas, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (IMEXDI), lo más preocupante es que la ley que se discute en el Senado, carece de objetivos y finalidad, además de un capítulo de planeación, pues al comparar la Ley de Obras Públicas vigente con la de Asociaciones Público Privadas, se evidencia la disparidad que existe entre los requisitos que se le piden a un particular cuando propone una obra y los que se le piden al Estado, mismos que son “ridículamente bajos”, lo que abre una enorme puerta a la corrupción a la falta de transparencia.
“Un oficial de gobierno puede realizar una obra, prácticamente por sus pistolas sin que esta obra haya pasado por todo el mecanismo de planeación, diagnóstico de necesidades y consulta pública, procedimientos básicos que una obra de gran envergadura debe recorrer”, afirmó.
El directo del IMEXDI propuso que sea obligatoria la publicación de documentos relacionados con las compras y licitaciones públicas en CompraNet, y que esta herramienta se convierta en un organismo técnico independiente integrado con un consejo y con capacidad de sanciones para los funcionarios que no cumplan con la difusión de la información en las bases de datos.
Ley de Obras, una trampa
Max Kaiser, consultor de contrataciones públicas denunció que existe una trampa en el discurso de quienes promueven la iniciativa y la minuta en el Senado, al pretender hacer creer a la ciudadanía que esta tiene como objetivo quitar la burocracia y por lo tanto eficientar la asignación de proyectos; sin embargo, atribuyen a quienes quieren que haya más vigilancia, la búsqueda de complicar los procesos y retrasar la obra pública.
“Lo que queremos es que la Ley de Obra Pública que vaya a tener nuestro país, sea una adaptada a las mejores prácticas internacionales; el artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción es uno muy importante que tiene sus propias guías y sus propios documentos de desarrollo y establece como la base de las contrataciones públicas a la transparencia, la competencia y la objetividad en la toma de decisiones”, explicó el consultor.
Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, propuso que se deje de lado la iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Diputados y se comience de cero, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la construcción de una nueva que incluya todos los elementos señalados por las diversas asociaciones públicas.
