“Nos resulta sumamente preocupante que se esté buscando fortalecer a través del reclutamiento de 50 mil jóvenes al sistema de seguridad interior; lo que queremos que haya una revisión con perspectiva de derechos de niñez, con perspectiva de derechos de género, ya que sabemos que las principales víctimas mortales son los niños y adolescentes”, dijo Alicia Vargas Ayala, miembro de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Vargas presentó un recurso a la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)para exigir derogar la Ley de Seguridad Interior (LSI) próxima a afectuarse. Pues, dijo, esta “profundiza la estrategia fallida contra el crimen organizado” y en ella es la infancia y la adolescencia mexicana quien sale más perjudicada.
De acuerdo a Proceso, la activista reveló que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) establece la desaparición de 6 mil 614 niñas, niños y adolescentes. Ellos representan el 17% de los más de 37 mil víctimas de ese flagelo en el país. Además, que “tres de cada cuatro desaparecieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”.
Así, pidió al nuevo Congreso y al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que se derogue esta ley que afecta a la población más vulnerable de nuestro país: la infancia.
