(19 de marzo, 2015).- Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el día de ayer el Senado aprobó en lo general el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia, ésta obligará a los tres niveles de gobierno, a sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos y partidos políticos, a transparentar y hacer pública todo tipo de información que generen, así como a rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos que administran. De igual forma se establece que todas las personas físicas, morales, o sindicatos que reciban recursos públicos y lleven a cabo actos de autoridad en cualquiera de los ámbitos federales, estatales o municipales, deberán hacer públicos los destinos de tales recursos.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera turnó esta tarde la minuta aprobada ayer por el Senado, a las comisiones de Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro.
Javier Corral, senador por el PAN, expresó que lo dispuesto en el artículo transitorio décimo tercero de la ley de transparencia aplaza hasta por un año o más el cumplimiento de las nuevas obligaciones que la ley estipula, toda vez que no deja claro cuándo se harán públicos los requerimientos en materia de información y del tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos que administran la cámara de diputados y la de senadores.
A su vez el presidente del Senado, Miguel Barbosa, negó que la cámara a su cargo haya creado un estado de excepción para aplazar el cumplimiento de la nueva ley de transparencia, según Barbosa, para el 30 de agosto a más tardar, debe estar listo el programa de reorganización administrativa en las dos cámaras –estipulado en el artículo transitorio décimo tercero- , permitiendo así el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que establece la nueva ley.
Las fracciones del PRI, PAN y PRD por su parte aseguraron que le darían máxima prioridad a la Ley General de Transparencia aprobada ayer miércoles 18 de marzo, siempre y cuando los legisladores se comprometan a los mismo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Moreno Rivera pidió el mismo trato, congruencia y prisa que los senadores imprimieron en la ley de transparencia para el sistema anticorrupción.
Sobre la misma línea, Ricardo Anaya, coordinador panista de los diputados federales expresó que las dos reformas son indispensables y complementarias entre sí, petición a la que se sumó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo del PRI.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) señaló a través del comisionado Joel Salas que si bien la nueva ley de transparencia “es consecuente con el espíritu de la reforma constitucional en la materia, cumple con los mínimos y no genera regresión”, ésta pudo ser más progresista ya que aún están pendientes hacer públicas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos.
“Dada la coyuntura (…) el contexto que vive el país sería fundamental (conocer) al menos con qué patrimonio llega y con qué patrimonios sale (el funcionario público) (…) este es uno de los puntos junto con derechos humanos en donde no hay progresión en la ley”, comentó el comisionado del Ifai.
Óscar Guerra Ford, también comisionado, indicó que con la nueva ley de transparencia, el Ifai podrá hacer pública información relacionada a casos de corrupción, además de las facultades ya estipuladas anteriormente sobre las violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, aunque se encuentren en averiguaciones previas.
“Se mantuvo la parte de derechos humanos, de violaciones, pero se incluyó un aspecto que es fundamental en este país que es la corrupción, investigaciones sobre actos de corrupción, ustedes lo pueden ver en el artículo”
También señaló que con las nuevas estipulaciones, los sujetos agregados a la obligación de la transparencia como los sindicatos y partidos políticos, deberán rendir cuentas un año después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley.
Al Ifai le preocupa la falta de claridad en la redacción del articulo cien que establece “que en otras leyes será posible establecer aspectos o mecanismos de reserva de información siempre y cuando no contravengan la ley”, por lo que exhortan a las comisiones evaluadoras a mejorar la redacción prevaleciendo la máxima publicidad de la información.
