(10 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Siguiendo la lógica privatizadora, la Ley General de Aguas privilegia la mercantilización del vital líquido por encima del derecho humano al agua y del derecho a saneamiento.
Se “vacía de contenido sustantivo estos derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información”, aseveraron en conferencia de prensa investigadoras y voceras de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Alianza Mexicana contra el Fracking, Agua para todas y la Red de Acción por el Agua México.
Tal y como ha venido actuando, en menos de 24 horas la LXII legislatura avaló la iniciativa de la Ley General de Aguas propuesta por el gobierno de Peña Nieto, “una iniciativa que se acababa de dar a conocer”, violando no sólo el proceso legislativo sino los derechos humanos de acceso a la información, al agua, a un medio ambiente limpio, a la salud, entre otros.
La ingeniera Alessia Kachadourian del posgrado de Ciencias de la Tierra de UNAM, manifestó que la “Ley General de Aguas es el brazo ejecutor de la Reforma Energética”, por ejemplo, en el artículo 10 de esta legislación se favorece la técnica de extracción de hidrocarburos, fracking, dado que amplía la definición de la contaminación. Pero quizá lo más preocupante de la legislación, en su opinión, es la criminalización del conocimiento.
Esta ley, en su artículo 148, “criminaliza la investigación científica como cualquier forma de estudio por parte de la sociedad civil organizada. Sea de forma individual, sea de organización comunitaria, sean las oenegés o desde el periodismo mismo”, cuyas sanciones están contempladas en los numerales 262 y 264, indicó Kachadourian.
De esta manera se asegura el conocimiento en manos de la industria privada, en detrimento, incluso, de la investigación realizada por la academia. Siendo Fundación Femsa – organismo de la refresquera Coca-Cola dedicado al desarrollo sostenible de Recursos Hídricos–, “uno de los centros de investigación más importantes del mundo con presupuesto mayor al recibido por la academia”, recordó Kachadourian.
Alessia Kachadourian hizo hincapié en que “La Ley General de Aguas lo que busca es que no se genere información, que no se genere conocimiento y esto va a ser la base de todas las políticas públicas en el país: la falta de conocimiento y una ignorancia efectiva a nivel nacional en el tema del agua”.
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Las especialistas en la materia criticaron el trabajo de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua), por validar la sobre explotación de los acuíferos con “balances que están mal hechos y no tienen validez científica”, dijo Kachadourian. Por su parte Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, programa de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que los esquemas de la Conagua responden a un uso intensivo de energía para abastecer del vital líquido a la población, lo que propicia altos costes en su suministro.
“El sistema tarifario es un sistema de hierro que amarra todos los megaproyectos hídricos que se podrían ocurrir a la Conagua”. Burns advirtió que de momento las tarifas son sensibles a presiones sociales o políticas, sin embargo, esto puede revertirse de ser aprobada la Ley General de Aguas.
Burns refirió que el acueducto Monterrey VI, anunciado en 2012 por Enrique Peña Nieto, es un ejemplo de cómo el esquema de Asociación Público Privada que contempla la inversión de capital privado, contraprestaciones y créditos de la banca comercial y de desarrollo encarece el costo del suministro de agua en beneficio de la industria y de las grandes empresas. Un modelo “que vamos a ver multiplicado por todo el país”, coincidió Natalie Seguin de la Red de Acción por el Agua.
Natalie Seguin mencionó que “desde el 2009, habemos 13 millones de personas en México sin acceso al Agua”, lo que evidencia la falta de competencia técnica de la Conagua, “una instancia que nos ha demostrado que desde 1948 no tiene la capacidad para asegurar el agua para toda la población”, sin embargo, Seguin puntualizó que esto no significa que la Conagua deba ser administrada por el sector privado, “porque no es el interés público el del privado, de lo que se trata es de democratizar las decisiones sobre el agua”.
Silvia Emanueli, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, refirió que mediante la Reforma Energética “se privatizó el subsuelo y ahora [con esta nueva Ley] van por los ríos. Esta es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora que nada tiene que ver con el derecho humano al agua”. Emanueli Añadió que en el artículo 76 de esta legislación, se contempla la suspensión del servicio del agua por falta de pago, y a su vez, se tergiversa el concepto de asequibilidad relacionado con los cargos y costos asociados con el derecho humano al agua, asegurando su suministro solo para las personas que puedan pagarla.
Ricardo Ovando Ramírez, del Frente por la Gestión Comunitaria del Agua –constituido el 28 de febrero en Tecamac, Estado de México– indicó que uno de los objetivos del Frente es la oposición a los megaproyectos hídricos que van de la mano con el sector energético.
Ovando Ramírez, indicó que la zona centro del país no escapa a la embestida de megaproyectos respaldados por el Ejecutivo Federal, por lo que mencionó que es la ciudadanía la que hasta el momento cuenta con las “circunstancias para defender este derecho, porque los pueblos tienen la necesidad de la defensa de las tierras agrícolas, en cambio la iniciativa privada defiende los megaproyectos”.
Ricardo Ovando afirmó que en el numeral 61 de la Ley, sólo se reconocen como instancias de participación social a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento –que es la iniciativa privada y los grandes usuarios de los sistemas de riego”, invalidando el derecho de las comunidades y de los pueblos para la administración del vital líquido.
Silvia Emanueli aclaró que “en este momento no podemos dar a conocer las herramientas que eventualmente se utilizarán, si el Ejecutivo no escuchara a la ciudadanía. Pero tengan seguro que no nos quedaremos con los brazos cruzados”. Añadió que por lo pronto el relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua, Lèo Heller “está al corriente de la situación”.
Por lo pronto, Emanueli hizo un llamado a la ciudadanía para generar una movilización a nivel nacional en defensa de este derecho humano contemplado en nuestra carta Magna, e invitó a todas las personas interesadas a una manifestación este martes 10 de marzo a las 10 horas, frente al palacio Legislativo de San Lázaro .
Cabe señalar que este lunes, los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Manlio Fabio Beltrones y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente, aceptaron diferir de forma indeterminada la votación y aprobación de la Ley General de Aguas, la cual estaba contemplada para este martes 10 de marzo. En la sesión se definirían la regulación de las reformas al artículo 4to constitucional emitidas en febrero de 2012, y del numeral 27 que plantea los procedimientos de administración de este servicio público.
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