La organización internacional Human Rights Watch (HRW) llamó a la Asamblea Nacional de Ecuador a despenalizar el aborto por violación sexual, de acuerdo con los compromisos internacionales de Derechos Humanos que este país ha signado.
En información publicada en su portal, la organización defensora de los Derechos Humanos consideró que ésta es una oportunidad crucial para proteger los Derechos Humanos de niñas y mujeres víctimas de violación sexual, para que decidan si quieren continuar con sus embarazos o no.
El director para las Américas, José Miguel Vivanco agregó que “Negar a quienes han sufrido violaciones sexuales la posibilidad de decidir si desean o no continuar su embarazo es una medida cruel. Ecuador debería asegurarse de que nadie tenga la obligación de continuar un embarazo que no es resultado de su voluntad”.
De acuerdo con HRW, el aborto es legal en Ecuador cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental presenta un embarazo que es resultado de una violación.
Esta petición se da en el marco de la discusión y análisis que la Comisión de Justicia de la Asamblea realiza respecto a una serie de reformas al Código Penal para despenalizar el aborto por violación, para de ahí, someterlo a votación del pleno.
Ecuador es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe más restrictivos para la práctica del aborto. Una encuesta de 2012 retomada por HRW señala que en ese año una de cada cuatro mujeres sufrió violencia sexual durante su vida en Ecuador.
Un dato particularmente alarmante son las altas tasas de violaciones sexuales a niñas adolescentes, señaló Human Rights Watch. Cerca de 2 mil niñas menores de 14 años dan a luz en Ecuador cada año y se estima que todos estos son producto de violación sexual, ya que los 14 años es la edad para el consentimiento sexual en el país.
“Human Rights Watch publicó en 2013 un informe que documenta las consecuencias de la falta de acceso al aborto para las víctimas de violación sexual. El informe determinó que las sanciones penales al aborto llevan a algunas mujeres y niñas adolescentes a recurrir a abortos ilegales e inseguros, lo cual socava los esfuerzos de Ecuador por reducir las muertes maternas prevenibles”.
El Código Penal prevé sanciones para las mujeres y niñas adolescentes que obtengan abortos, incluidas penas de seis meses a dos años de prisión.
Desde ese año, no se ha que se publicó el informe, la Asamblea no se ha reformado el Código Penal para permitir el acceso al aborto en circunstancias adicionales, señaló Human Rights Watch.
“Una mujer o niña que ha sufrido la experiencia traumática de ser violada no debería enfrentarse a la posibilidad de ser encarcelada si decide someterse a un aborto”, observó Vivanco. “Las mujeres embarazadas a causa de violencia sexual deberían tener derecho a decidir si siguen adelante con su embarazo o tienen acceso a un aborto seguro y legal”.
