Por: Érika Paz
(07 de enero, 2015).- Hasta hoy el 85 por ciento del territorio oaxaqueño está compuesto de propiedad ejidal y comunal, mientras que sólo el 15 por ciento restante se encuentra bajo el régimen de propiedad privada. Este dato cobra relevancia si se toma en cuenta que el 11 de agosto de 2014 el titular del Ejecutivo Federal promulgó las leyes secundarias en materia de energía e hidrocarburos, en las cuales se abre un espacio jurídico para cambiar las formas de propiedad. .
Actualmente en Oaxaca se está dando “ya una represión preventiva, un intento de desmantelar nuestras organizaciones y nuestras coaliciones para aumentar el nivel de agresión, la intimidación de los pueblos”, indica el escritor Gustavo Esteva para Revolución TRES PUNTO CERO.
“La Ronda Cero abarca una superficie de casi cuatro millones 800 mil hectáreas, distribuidas en 142 municipios de 11 estados (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). Dentro de esta extensión se encuentran un total de 1,899 núcleos agrarios. Las áreas en R0 ocupan poco más de un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal”.
“Yo diría que en el estado se condensan muy claramente, creo que más que en otras partes del país y del mundo, las violencias clásicas del capitalismo, como la violencia del despojo original, es decir separar a la gente de sus medios de subsistencia, la violencia de transformarla en mano de obra, la violencia de explotarla como mano de obra y la violencia de reprimirla”, explica Esteva fundador de la Universidad de la Tierra.
Un proceso que se vive en México y en el mundo pero que en opinión de Esteva, se acentúa en Oaxaca dado el nivel de intimidación hacia las comunidades con el fin de evitar la organización y movilización ciudadanas.
“A pesar de esa violencia incrementada, como la tradicional violencia que se llama de los criminales, como si estuvieran fuera del gobierno, Oaxaca sigue siendo hoy una de las áreas más seguras del país, es decir no tenemos el tipo de violencias que se atribuyen a los narcos, que se pueden ver en Michoacán o en el norte del país”.
Pero la violencia caciquil, las confrontaciones entre los pueblos, “provocados en buena medida por el gobierno”, así como el pago de derecho de piso y seguridad en el centro de la ciudad de Oaxaca son algunos de los focos rojos identificados por Esteva.
Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), observa también la tendencia de criminalización de la protesta social, así como los conflictos limítrofe agrarios, los problemas electorales y pos electorales, así como la conflictitividad religiosa y la delincuencia organizada “nos hacía pensar que en este 2014 iba a existir o cabía la posibilidad de que, inclusive inducidamente, se podía vivir un colapso social en el estado”.
Entrevistados por separado, tanto Gustavo Esteva como el ombudsman oaxaqueño coinciden que a raíz de la experiencia que dejó el conflicto político y social de 2006, no se debe alejar a Oaxaca del contexto nacional.
Oaxaca, así como Chiapas y Guerrero, viven un rezago histórico en materias económica y educativa, pero también son las tres entidades en donde se encuentra mayor resistencia a las reformas Educativa y Energética, esta última ligada estrechamente con la Telecom que afecta el funcionamiento y operación de las radios comunitarias como instrumentos de organización en la región.
Ante este panorama, el abogado Arturo Peimbert afirma que la implementación de las reformas estructurales “que ha logrado impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, impactaron de manera muy sensible para nuestro estado, para Guerrero, para Chiapas”.
Y si bien “en todo el país hay luchas parlamentarias para la defensa del territorio, tenemos el caso de los rarámuris y de los wirikutas, yo dría que los espacios donde esto se concentra más son Oaxaca, Chiapas y Guerrero que es donde hay más luchas”, expresa Gustavo Esteva.
Es sabido que a partir de la promulgación de las leyes reglamentarias de la Energética, el territorio nacional se ha repartido en concesiones mineras, de hidrocarburos y energía. Pero tampoco se debe perder de vista la implementación de programas sociales federales con mayor incidencia en la franja del sureste mexicano
Los cuales “son utilizados como un instrumento de contrainsurgencia sistemática en contra de los pueblos para boicotear su autonomía, su organización, para disolver su unidad, para individualizarlos, para crear pleitos entre ellos y su uso es muy intenso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero”.
En diferentes entidades del país como Puebla, Morelos, Tlaxcala, Nuevo León o Sonora la instalación de megaproyectos carreteros, eólicos, hidráulicos, mineros, energéticos y de hidrocarburos es una realidad y, como en todos los casos, al pueblo de Oaxaca “se le ha violentado su derecho humano a la consulta previa, libre e informada, nosotros creemos que ahí ha radicado la deficiencia en este proceso de desarrollo de inversión”, acota Peimbert.
La instalación de megaproyectos por parte de la actual administración priísta, se ha concebido como “un proceso eminentemente colonialista, sin contar con el conocimiento real de los acuerdos que han formado los países colaboradores. En el sistema nacional de derechos humanos que inclusive mantiene cláusulas de inversión y de exclusión no nada más en México, sino en los países de origen de las propias inversiones”, explica Arturo Peimbert
En este sentido una de las preocupaciones en materia de derechos humanos es la implementación del “Mando Único policíaco, sí necesitamos saber cómo piensan (gobierno federal y estatal) generar estos mecanismos del Mando Único en Oaxaca, sobre todo cuando tenemos una extensión territorial que obliga a una complejidad demográfica”.
En pueblos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas donde hay conocimiento del tema se ha generado la movilización, sin embargo comunidades que “a penas se están enterando de la amenaza que existe para ellos, pero en muchos lugares donde la tente ya sabe y está luchando”. En el caso de los programas sociales “tenemos la sensación de que la gente está sabiendo cómo enfrentarlos (como los zapatistas) y cómo resistirlos en muchos casos es casi imposible para gente con muchas limitaciones que diga no, no quieren nada”, indica Esteva.
Esto aunado a la sistemática violencia “institucionalizada ha orientado inclusive a que la gente en esta desesperación […] hay gente que ha decidido migrar, autoexiliarse por diferentes razones, algunos por persecución, la gran mayoría por la pobreza extrema. Cómo estará de grave la situación que la gente decide irse a someterese a un esclavismo moderno por opción que quedarse en sus comunidades”, ilustra Peimbert.
“Si no le responden sus instituciones o migro o peleo, o migro o me rebelo. Yo creo que ahí tenemos una alerta todos los que tenemos una responsabilidad (al frente de alguna dependencia) porque hay gente que está optando por las instituciones y tenemos que actuar”, advierte Peimbert.
LA EXPERIENCIA del 2006 y el 2015 EN OAXACA
“Sentimos que en 2014 se ha asentado esa experiencia de la represión del 25 de noviembre, así como la represión selectiva de los años posteriores; desde entonces la gente ha podido reflexionar todo lo que aprendimos en todo este periodo”, asegura Gustavo Esteva.
Del 2006 a la fecha el número de organizaciones sociales creció exponencialmente luego que la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) fue avasallada por el ex gobernador, Ulises Ruiz, mediante el uso de la fuerza pública y la intervención del gobierno federal.
“2006 enseñó cuáles eran los instrumentos de movilidad […]. Si en el 2006 éramos unas 400 organizaciones sociales, hoy hablamos de más de 750, un universo que ha crecido y que se expresa en organizaciones de carácter político, gestor, hay asociaciones Civiles de derechos humanos, de protección a las mujeres”, al medio ambiente hasta las que se oponen a las corridas de toros o al maltrato animal, manifiesta el profesor integrante de la Sección 22, Gustavo Adolfo López Ortega.
Ese año la sociedad civil salió a las calles ante el descontento, el autoritarismo, la marginación y el cúmulo de violaciones a los derechos humanos vividas por decenas de años, que desencadenaron un conflicto de amplio espectro social y político, a raíz del desalojo de los maestros del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, el 14 de junio de 2006.
“A veces se nos olvida, pero no a todos. Hay mucho agravio en Oaxaca todavía por lo que pasó en 2006, cuando se despreció la vida, se abusó del poder de una manera muy grave, pero ya van más de 40 o 45 años que esto ha permanecido en el estado”, asevera Peimbert.
Hoy en día existe un mayor conocimiento de los derechos humanos por parte de la población, afirma Arturo Peimbert, hecho que atribuye “a la sociedad civil organizada, a los que se han dedicado históricamente a la promoción de los derechos humanos. Lo que sí es atribuible a esta defensoría (DDHPO) es que ha logrado generar más confianza en la ciudadanía que hoy acompañado al creciente conocimiento de los derechos o de asumirse como sujetos de derechos humanos los ciudadanos y las ciudadanas hoy tienen un cajón, un recipiente institucional dónde colocar sus quejas”.
Sin embargo, asevera Peimbert, el incremento de quejas se puede analizar desde dos lógicas: o se están violando más derechos o hay más confianza en la institución, nosotros creemos que se siguen manteniendo las cosas”, toda vez que el escenario político institucional no se ha modificado aún con la entrada de Gabino Cué como gobernador.
Lo que se ganó fue “el coraje en contra de un régimen muy corrompido, muy putrefacto que fue el régimen del PRI y el pueblo lo demostró en el 2010 con el triunfo de Gabino Cué, que fue quien a final de cuentas capitalizó el descontento […]. El movimiento social sufrió una derrota, el movimiento social no ganó en 2006. A partir de ahí vino la debacle de las organizaciones sociales, porque los medios jugaron un papel muy importante para denostarnos”, opina el diputado estatal Jesús López.
La crisis nacional que enfrenta la población mexicana en su conjunto, requiere ahora de contrapesos, toda vez que el PRI mantiene el control absoluto del congreso federal, “en 2014 la izquierda partidista se vio muy debilitada, una crisis sin contrapesos a nivel político preocupa mucho; porque la inconformidad social no encuentra cauces institucionales. La sociedad necesita contrapesos y es muy importante que el Estado mexicano lo entienda como necesario para la estabilidad, para la gobernanza”, agrega Peimbert.
Sin embargo, uno de los aspectos positivos en Oaxaca en los últimos dos años fueron las 24 reuniones microrregionales y una estatal para concretar una nueva Constitución oaxaqueña, que a raíz de una consulta estatal materializó “la propuesta de los pueblos indios” para la “creación de un gobierno indígena autónomo que se relaciona armónicamente con el resto de la sociedad”, indica Gustavo Esteva.
Un avance en materia legislativa que cambia el panorama para los siguientes dos años en materia electoral, tanto para 2015 de elecciones federales para senadores y diputados y para 2016 cuando se elija al nuevo gobernador.
Pero en 2015 el PRI planea regresar al poder, “para cobrar todo lo que de alguna manera le quitaron”, pronostica Jesús López.
Pese a este panorama electoral, “los pueblos están conscientes de quiénes van a ser candidatos, es decir que todos los partidos van a tener una mezcla de gente asociada a los criminales, a los caciques con algunas figuras que van a tratar de presentar más limpias o más relevantes. (Pero) sí hay mucha consciencia de que tenemos en frente un problema con la elecciones que eso es siempre una revoltura en el estado, siempre tenemos problemas poselectorales muy fuertes”, avizora Gustavo Esteva.
