Por: Redacción / @Revolucion3_0
Josué Ramírez Vega, de 23 años, murió con los pulmones llenos de sangre. Dos balas que salieron de un rifle AR-15, calibre 9 milímetros, le pegaron de lleno en el pecho, rompieron el tórax y perforaron sus pulmones, lo que causó su muerte por asfixia. No lo mató un delincuente.
Lo asesinaron el 18 de noviembre del 2012 a un costado de la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la ciudad de México, frente a sus amigos, quienes vieron el crimen desde el interior de una camioneta. Lo mató José Ángel Serrano Romero, un policía de la ciudad de México.
El uniformado y otro compañero, a bordo de la patrulla P-6745, circulaban por la carretera cuando vieron a Josué y sus amigos; se acercaron para revisar si bebían alcohol, pero al no encontrar nada e insistir, los jóvenes se molestaron ante un presunto intento de extorsión.
Ante la negativa de continuar la revisión, el policía desenfundó su arma y vació dos cartuchos en el pecho de Josué, quien murió minutos después; otros dos amigos suyos terminaron en el hospital por heridas de bala.
El caso engrosa la recomendación 145/2013, emitida el 1 de mayo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por las ejecuciones arbitrarias que han cometido agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En total, el organismo identifica cinco asesinos con placa: policías preventivos o de investigación que, con sus armas de cargo, han ejecutado a ciudadanos que no habían cometido delito alguno.
Además del caso de José Ángel Serrano, se menciona al elemento de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Luis Guillermo Flores Capetillo, quien el 12 de enero de 2013 detuvo, sin motivo legal aparente, a dos jóvenes que fueron sacados del bar Living, en el centro del Distrito Federal, por una riña.
Horas más tarde, los cuerpos de los jóvenes aparecieron mutilados en la colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco.
Aparece también Humberto Barragán Rojas, policía de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, placa 03094, quien baleó en dos ocasiones a un joven que el 29 de octubre de 2011 pedía ayuda en las calles de la colonia Postal, delegación Benito Juárez.
El muchacho, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, huía sin ropa de un domicilio particular, donde presuntamente una trabajadora sexual había querido robarle; en lugar de ayudarlo, el policía quiso arrestarlo por alterar el orden público y en el forcejeo, lo baleó.
La recomendación incluye al asesino Víctor Manuel Rangel Cabrera, entonces elemento de la Policía de Investigación de la PGJDF, quien el 26 de mayo de 2010, mató a un taxista en las calles de la colonia Guadalupe Tepeyac, delegación Gustavo A. Madero.
La razón: el agente viajaba en su día de descanso a bordo de su motocicleta, hasta que chocó con un taxi; ambos discutieron hasta que a Víctor Manuel Rangel se le acabó la paciencia y con la pistola 9 milímetros de su trabajo lesionó a Juan Garay González en el cuello. El taxista murió en la calle.
Y un policía-asesino más, que la CDHDF no identificó a petición de los familiares de la víctima.
“La CDHDF acreditó que las personas a quienes se privó de la vida fueron ejecutadas arbitrariamente, porque el uso de las armas de fuego no se consideró como una medida extrema y no se hizo lo posible por excluir su uso.
“Además, no se utilizaron todos los medios no violentos posibles; los policías no actuaron en proporción a la situación que enfrentaban, ni redujeron al mínimo los daños y lesiones”, se lee en el documento.
Para evitar más casos de policías asesinos, el organismo recomendó impulsar y ejecutar un sistema audiovisual permanente al interior de las patrullas, así como diseñar un mecanismo que permita registrar y concentrar los reportes policiales.
El plazo dado por la comisión local es de, máximo, tres meses contados a partir de la aceptación de recomendación para que se modifique en el Manual de Técnicas para el Uso de la Fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, entre otras acciones.
“La CDHDF expresa su preocupación porque en los últimos años ha observado permanentemente violaciones a derechos humanos asociadas al uso desproporcionado de la fuerza, y afectación a la integridad personal, como tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.
“Ejemplo de lo anterior es que en 2009 emitió tres Recomendaciones asociadas al derecho a la vida; durante 2011, emitió cinco por tortura y en el 2012, tres sobre el mismo tema”, asegura la recomendación.
