La Secretaría de Gobernación ha asegurado que 2014 fue el año en que los homicidios disminuyeron en el país, además agregó que alcanzaron su nivel más bajo en seis años.
Hecho que sería alentador si existiera una metodología clara y exacta que precisara la forma en que se decide a quien será atribuido el homicidio, al crimen organizado o a las dependencias encargadas de resguardar la seguridad de la ciudadanía, que cada vez más reafirma su escepticismo respecto a las cifras oficiales (y para cualquier cosa que éstas sean utilizadas).
La incredulidad y desconfianza no son gratuitas, cuando los propios agentes de los distintos cuerpos de seguridad están involucrados en casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, como la masacre de 22 personas en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, el homicidio de seis personas dentro de la trágica noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre donde desaparecieron los 43 normalista de Ayotzinapa, la matanza de 16 personas en Apatzingán, el 6 de enero de 2015 y otras 7 en junio pasado, sin dejar de recordar las muertes de 42 personas en Tanhuato en mayo y la del homicidio del menor en Ostula, Michoacán en julio, todos estos crímenes bajo la misma característica: una violencia gubernamental protegida por un despliegue de impunidad que recubre todo el territorio mexicano, bajo la vigilancia de sus propios agentes del orden.
Esa es la estremecedora realidad que se esconde bajo un ofensivo informe que pretende enaltecer al gobierno en turno, pero que lejos de hacerlo solamente lo ridiculiza, al recordar que ellos proporcionan la impunidad que blinda asesinos y revictimiza a sociedad civil.
Siendo esos los patrones de homicidios en el país, que bajen no es razón de presunción, lo realmente aplaudible (tal vez) sería el proceso jurídico que derive en un castigo sobre toda la cadena de mando, porque en medio de la violencia de los asesinos del Estado y la de los asesinos pertenecientes de manera abierta a la delincuencia organizada, los homicidios en mayor o menor medida nunca se han detenido y menos ahora con el evidente gobierno fallido que preside Enrique Peña Nieto.
Patético consuelo “los homicidios a la baja”. Cuando la gravedad se instala en la nula justicia para los ya cometidos y por cometer, porque lo “pronto y expedito”, son solamente dos de las falacias más peligrosas de un país con grandes magnicidios que solamente abonan a décadas de carnicería humana, perpetradas bajo la dirigencia del mismo priismo en el poder.
