Óscar Balderas / @oscarbalmen
Foto: Cuartoscuro
***
Contra periodistas
El 12 de septiembre de 2008, los periodistas Ana Lilia Pérez, Marcela Yarce, Nydia Egremy Pinto y el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, entraron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un gesto preocupado: habían recibido amenazas de muerte de altos funcionarios de Pemex y temían por sus vidas.
Entre noviembre de 2004 y agosto de 2008 se habían dedicado a investigar actos de corrupción que involucraban a directivos de la paraestatal, por lo cual habían sido acosados y amenazados, así como demandado en cuatro ocasiones en distintos juzgados civiles en Guadalajara, Jalisco.
Las amenazas iban en serio: el 17 de abril de 2008, Ana Lilia Pérez recibió una amenaza directa contra su vida y el 16 de enero de 2009 Badillo fue arrestado por orden del Juez Décimo Tercero de lo Civil en Guadalajara, Jalisco, el mismo que catorce días después ordenó catear las computadoras de la revista para extraer información periodística que vinculaba a destacados militantes del PAN con desvío de recursos y compras de bienes a sobreprecio.
Con papeles en mano, las denuncias de los periodistas quedaron asentadas en el expediente CNDH/5/2008/4462/Q, que contó con 14 evidencias de hostigamiento, desde llamas agresivas a altas horas de la noche hasta el retiro de publicidad oficial para la revista.
Las evidencias causaron la recomendación 57/2009 y fue dirigida al entonces director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Celso Rodríguez.
Hasta la fecha, Pemex no ha aceptado la recomendación.
***
Contra un paciente
El 27 de noviembre de 2008, una mujer embarazada entró al área de Urgencias del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos y no salió: a las 22:22 horas quedó registrada su entrada con un severo dolor abdominal y aunque se le diagnosticó un “embarazo ectópico roto”, la tardanza en la atención le provocó un choque hipovolémico que la mató.
Tras ocho meses de investigación por parte de la Coordinación de Servicios Periciales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se concluyó que derivado del retraso en la atención quirúrgica la paciente presentó complicaciones innecesarias.
Comparecieron médicos, peritos, gerentes de servicios de salud, visitadores de la CNDH y todo quedó asentado en actas: la paciente falleció porque, pese a los millones que recibe Pemex para atender a sus sindicalizados, la respuesta fue fatal.
“Es decir, que la insuficiente atención médica que se brindó a la paciente, la falta de un registro en el control de líquidos, el mal manejo de la paciente, así como la dilación e impericia del personal médico y de enfermería, complicó el padecimiento de base y fue el origen del deceso, ocurrido a las 05:50 horas del 28 de noviembre de 2008”, dice la recomendación 30/2010, dirigida al entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel.
Hasta la fecha, Pemex no ha aceptado la recomendación.
***
Contra los trabajadores
El 23 de octubre de 2007, 22 trabajadores de Petróleos Mexicanos murieron en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda de Campeche, luego de una fuga de gas y aceite, lo que obligó a 81 trabajadores a evacuar y encontrarse con múltiples fallas en los equipos de seguridad.
Fallaron las lanchas de urgencia – conocidas como “mandarinas” —, las salidas de emergencia, extintores y el protocolo de seguridad, lo que causó que Pemex debiera indemnizar a las familias de los deudos.
Ante las irregularidades encontradas en las condiciones de trabajo de los empleados de Pemex, el entonces diputado federal Cuauhtémoc Velasco Oliva denunció el 16 de agosto de 2007 ante la CNDH que esto era por la contratación de compañías subcontratadas por la paraestatal, que no daban capacitación a los empleados ni equipos de seguridad necesarios.
Después de la denuncia integrada en el expediente 2007/3755/1/Q, personal de la CNDH solicitó conocer detalles sobre la indagatoria de las muertes, pero el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Campeche impidió el acceso a los documentos.
El 31 de octubre de 2008, la empresa “Battelle Memorial Institute”, contratada por Pemex, entregó un documento en el cual valoró que tanto la paraestatal como ls empresas subcontratadas fueron responsables de los fallecimientos de los 22 trabajadores.
Hasta la fecha, Pemex no ha aceptado la recomendación 14/2009, emitida al entonces director Jesús Federico Reyes Heroles.
***
Contra un vecino
El 29 de octubre de 2003, la CNDH recibió en sus instalaciones a Arturo Ramos Córdova, líder vecinal en Tabasco, quien acusó que a raíz de una prospección sismológica en la zona, Petróleos Mexicanos causó severos daños a su casa y las de sus vecinos en los municipios Comalcalco, Cunduacán y Cárdenas.
Con fotografías y testimonios bajo el brazo, Ramos Córdova exhibió cuarteaduras, grietas, fisuras en paredes y piso, así como rompimiento de pozos, piletas para ganado y la disminución de producción agrícola.
Sus pruebas engrosaron el expediente de la comisión nacional y tras varios meses de disputa legal, se emitió la recomendación 81/2004 para el entonces director de Pemex Raúl Muñoz Leos, a quien se le exhortó a reparar el daño realizado al patrimonio de los comuneros.
La recomendación contenía cinco puntos: uno, evaluar y reparar los daños causados a construcciones civiles; dos, iniciar una investigación contra los servidores públicos responsables; tres, girar instrucciones para para evitar la repetición del daño; cuatro, gestionar una norma oficial para los trabajos de prospección sísmica; cinco, realizar estudios en materia ambiental para analizar la gravedad de los daños en el suelo.
Según el oficio 15752 de la CNDH, Pemex aceptó parcialmente la recomendación. Sólo cumplió satisfactoriamente el punto tres y cuatro.
***
Contra mujeres
El Instituto Nacional de las Mujeres también exhibió violaciones a los derechos humanos hechos por servidores públicos de Pemex: en 2009, lo acreditó en tres ocasiones:
La primera ocasión fue por una denuncia de abuso sexual interpuesta por una trabajadora de PEMEX-Coordinación de Operación de Pozos e Instalaciones de Exploración, en el Archivo Integral de Poza Rica-Altamira.
La segunda, por una queja de violencia laboral a una trabajadora en Veracruz, a quien obligaban realizar trabajos pesados, sin considerar su embarazo de alto riesgo.
