(21 de octubre, 2014).- El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló esta tarde que la institución enfrentó varios obstáculos “para poder arribar a la verdad” en el caso Tlatlaya para poder emitir una recomendación.
Del mismo modo destacó que hasta el momento no se tiene registro de que existan elementos militares que se encuentren procesados por estos hechos de violencia.
Los hechos según la CNDH
Plascencia concluyó que los hechos ocurridos en San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya en el Estado de México la madrugada del pasado 30 de junio alrededor de las 04:25 horas, donde 22 personas perdieron la vida, se debió a la participación directa de las Fuerzas Armadas mexicanas que privaron de la vida a los presentes de manera arbitraria.
Cuatro de las víctimas, indicó, presumiblemente perdieron la vida en el enfrentamiento librado con el Ejército Mexicano; tres más, heridos posiblemente en el intercambio de disparos o bien en un contexto de fuego cruzado. Doce personas más, declaró, fueron privadas de la vida de manera arbitraria por el personal militar sin estar heridos, incluyendo dos adolescentes de 17 y 15 años respectivamente.
Y respecto de otras tres víctimas no se pudo determinar la circunstancia bajo la cual fueron privadas de la vida, razón por la cual el ombudsman nacional indicó que los cuerpos fueron manipulados, lo cual hace concluir, dijo, que también fueron privadas arbitrariamente de la vida.
Plascencia Villanueva relató que la madrugada del 30 de junio elementos del Ejército pasaron por la bodega en cuestión donde había una persona armada y tres camionetas en su interior, razón por la cual el vehículo militar detuvo su marcha y recibió disparos por el personal militar que se encontraba al interior del lugar.
“Se puede observar que es incontrovertible que la madrugada del 30 de junio del 2014 alrededor de las 04:25 horas existió un primer momento con un enfrentamiento entre elementos del Ejército y las personas que se encontraban dentro de la mencionada bodega según lo referido por las propias víctimas sobrevivientes”, declaró.
El enfrentamiento de 5 o 10 minutos aproximadamente, sólo participaron algunas de las personas armadas dentro de la bodega y ocho elementos militares de los cuales uno resultó herido, posteriormente ingresaron los elementos a la bodega y “privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban rendidas al interior y aún con vida”.
Los 22 cadáveres presentan heridas producidas por armas de fuego a más de 60 centímetros de distancia, uno de ellos presentó signos de un desnucamiento propiciado por terceras personas. Otros “fueron privados arbitrariamente de la vida en ese lugar estando desarmados y sin ofrecer resistencia alguna”, mientras el resto presentaron lesiones de contusiones simples “lo cual implica que antes de ser privados de la vida, les fueron provocadas estas lesiones”.
Obstáculos
El primer obstáculo que enfrentó la Comisión, señaló Plascencia, fue que la versión oficial construida desde el día de los hechos “fue en el sentido de que todas las personas privadas de la vida habían muerto con motivo de un enfrentamiento. Esto resultó ser una falsedad”.
Además de la alteración del lugar de los hechos “para tratar de simular que habían muerto las personas con motivo de un enfrentamiento”, lo cual dijo, se logró rebatir con la investigación.
“El haber omitido tomar declaración a las víctimas sobrevivientes sobre los hechos relativos específicamente a la privación de la vida de las 22 personas que estaban en la bodega, así como el trato del que fueron objetos, lo cual tuvo como consecuencia que hoy estén enfrentando procesos penales cuando más bien se trata de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos”.
Por último, consideró que se afectó la investigación con la omisión en proporcionar fotografías por parte de las autoridades encargadas de investigar los delitos en Estado de México “con un detalle individual de los cadáveres ubicados en el muro norte, de donde se enviaron fotos pero solamente de planos generales, esto seguramente con la intención de ocultar algo que existe en esas imágenes”.
Recomendaciones
La CNDH hizo una serie de recomendaciones al secretario de la Defensa Nacional y al titular de la Procuraduría General de la República, girar instrucciones para reparar el daño ocasionado a víctimas indirectas del suceso en tanto a indemnizaciones, atención médica y psicológica necesaria así como instruir a los elementos de la Sedena a cumplir estrictamente con el Manual del Uso de la Fuerza.
Del mismo modo, capacitar a estos últimos en materia de Derechos Humanos tanto a mandos medios y superiores así como elementos de tropa, incluyendo las bases para emplear cámaras fotográficas, de video e instrumentos de audio “para documentar los incidentes e interacciones con la población civil, así como instruirlos en la abstención de participar “en la alteración de las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos”, así como la preservación de los hechos del delito.
Entre otras, la Comisión recomendó a los funcionarios e instituciones inmiscuidas a colaborar con ésta en la presentación de queja que promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, entre otras.
Para llegar a la recomendación, la CNDH dijo haber recabado testimonios de sobrevivientes, vecinos del lugar, familiares de personas fallecidas en el lugar, así como 1676 fotografías, 3 opiniones periciales incluyendo una opinión médica criminalística, el acompañamiento de 19 visitadores adjuntos y 7 peritos en especialidades forenses, entre otros datos.
