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Los ingresos excedentes: 2.19 billones que el Gobierno Federal no explica a nadie

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseña el presupuesto del que dispondrá el Gobierno Federal basándose en sus cálculos de los ingresos que la administración percibirá a lo largo del año. En esta tercera entrega para dar a conocer el análisis del diseño, el ejercicio y la rendición de cuentas del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal  que llevó a cabo México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C., se da cuenta de cómo esta dependencia subestima sistemáticamente los ingresos que percibirá, contando así con un amplio margen para emplearlos de manera discrecional.

(14 de mayo, 2014).- Cuando la Secretaría de Hacienda envía a la Cámara de Diputados su propuesta de gasto público para un año, lo hace estimando los ingresos de que dispondrá a lo largo de éste. Como estos ingresos están sujetos a fluctuaciones, se hace un estimado conservador de tal manera que los ingresos efectivos nunca sean menores a lo proyectado, pero en ocasiones esta subestimación es tan grande que distorsiona todas las previsiones.

Los conceptos de los que el Gobierno Federal puede esperar ingresos adicionales a lo previsto en un año son la venta de petróleo cuando el precio por barril es mayor al previsto en el diseño del presupuesto, los ingresos tributarios y los “ingresos no tributarios no petroleros”, provenientes de los derechos, productos y aprovechamientos como “multas, indemnizaciones y reintegros” o el cobro de los trámites realizados en dependencias federales.

Tabla 7. Ingresos del Sector Público Presupuestario, 2000-2013

México Evalúa reconoce la prudencia de elaborar un presupuesto conservador, es decir, que se basa en el mínimo y no en el máximo que se podría ganar. Esto es importante considerando que un tercio de los ingresos federales proviene del petróleo, cuyo precio está depende de factores internacionales que el gobierno no puede prever ni controlar. Pero hay otros factores que presentan variaciones mínimas y previsibles, como el cobro de trámites, en los cuales también se subestiman los ingresos.

Por ejemplo, entre 2009 y 2012 se contempló que la Secretaría de Turismo tendría en promedio ingresos de 950 mil pesos, pero la realidad fue que estos ingresos ascendieron a más de mil 900 millones de pesos, dos mil veces más de lo estimado. Este ejemplo refleja una situación extrema, pero “subestimar estos ingresos es algo recurrente: para la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación y la de Salud, se subestimaron los ingresos en 103, 54 y 51 veces, respectivamente”. Esto refleja una mala planeación del gasto que impide a los agentes económicos hacer previsiones fundamentadas sobre el desempeño de la economía.

Gráfica 23. Participación de los ingresos petroleros y no petroleros

El argumento del gobierno es que esto permite reaccionar en caso de crisis económica, cuando los ingresos previstos caen abruptamente, como sucedió en 2009. Sin embargo, como no todos los años son de crisis, esta subestimación de los ingresos se convierte en una manera de disponer de recursos cuyo destino es fijado exclusivamente por Hacienda, sin ningún control legislativo. México Evalúa señala que la legislación actual carece de mecanismos de rendición de cuentas para que los ciudadanos conozcan y decidan la manera en que se emplean estos recursos que, entre 2005 y 2013, sumaron 2.19 billones –millones de millones– de pesos.

Gráfica 25. Ingresos no tributarios no petroleros, 2005-2013

Como muestra la Gráfica 25, hasta el 80 por ciento de estos ingresos excedentes provienen del rubro denominado “Aprovechamientos otros”, el cual no es desglosado en los informes que presenta la Secretaría de Hacienda: los legisladores y los ciudadanos no conocemos de dónde obtiene el Gobierno Federal en promedio el 54 por ciento de los recursos adicionales con los que cuenta cada año por este concepto. México Evalúa sostiene que este gasto extrapresupuestario “vuelve menos transparente el gasto y genera una toma de decisión menos representativa de los intereses ciudadanos”.

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