(27 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Mientras la familia de Aurora comía, afuera de su casa se desplegaba un operativo con decenas de camionetas blancas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se trataba de casi veinte pick-up sin placas ni números de identificación que son los automóviles característicos de los policías ministeriales en Michoacán.
Al filo de las 5 de la tarde de aquel lunes 16 de mayo de 2016, un comando golpeó la puerta principal de la casa de Aurora, ubicada en la calle Aquiles Serdán, en pleno Centro Histórico de la ciudad de Morelia. “¡Abran hijos de la chingada!”, gritaron los policías ministeriales portando rifles de asalto tipo AR-15 en las manos. Aurora se acercó a la puerta y la abrió sólo un poco para ver a los oficiales, sin embargo, éstos la patearon lanzándola al piso y entraron apuntando sus armas contra la familia que estaba sentada a la mesa.
“Nos dijeron que andaban buscando a dos personas que se habían saltado a nuestra azotea, que las venían persiguiendo desde la esquina de la cuadra pero en cuanto vieron a mis hijos los empezaron a golpear, ni siquiera vieron que estaban comiendo” recuerda Aurora, aún con los moretones que le dejaron los oficiales en la cara.
Bajo el pretexto de estar en persecución de un par de criminales, 20 policías ministeriales tomaron la casa por asalto, después de eso comenzaron a patear y a golpear a los ocho miembros de la familia Mosqueda que se encontraban ahí, entre ellos una mujer embarazada y dos niños.
Al instalarse, los oficiales -si es que lo eran porque no traían identificaciones y se negaron a revelar sus nombres- procedieron a registrar toda la casa, llevándose consigo televisiones, radios, electrodomésticos, joyas, consolas de videojuegos, celulares, ropa y unos 30 mil pesos que la familia tenía guardados en uno de los cuartos, “bueno se llevaron hasta la mochila de mi hijo y el material para arreglar uñas de mi hija” recuerda doña Aurora.
A las 6:30 de la tarde, los ministeriales recibieron órdenes de sus superiores de arrestar a todos los miembros de la familia –excluyendo a los dos niños a quienes dejaron encerrados en el domicilio- y los trasladaron en las camionetas hasta un terreno baldío cercano a la Monumental Plaza de Toros de la capital michoacana.
-¿No los llevaron directamente ante el Ministerio Público?-
-No, nos llevaron afuera de la Monumental (Plaza de Toros) y nos empiezan otra vez a golpear, a darnos de patadas y yo vuelvo a decirles que son menores de edad, que no les peguen y entonces empezaron a cachetearme para que me callara-
-¿Cuánto tiempo duraron en el terreno baldío?-
-Una hora y media, porque a todos nos bajaron para golpearnos- respondió doña Aurora, antes de mostrar los moretones en los brazos y las quemaduras de cigarro que todavía se le notan en el pecho.
Asalto al Happy Raw
Adentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Morelia, Marco Antonio perdió la vida luego de que un asaltante le clavara un cuchillo tras defender a su pareja, tenía 45 años de edad cuando respiró por última vez la noche del 16 de abril de 2016 en dicho hospital público.
Minutos antes, Marco Antonio había peleado con uno de los cuatro sujetos encapuchados que llegaron al bar Happy Raw de la colonia Electricistas a robar el establecimiento. Uno de los ladrones intentó tocar a su acompañante y el forcejeo culminó con Antonio acuchillado varias veces entre las mesas del centro nocturno.
Según la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Carlos Mosqueda Mendoza, hijo de la señora Aurora Mosqueda, fue quien acuchilló a Marco Antonio y uno de los cuatro ladrones que atracó el Happy Raw.
La principal prueba que incrimina a Juan Carlos en la comisión del delito fue la confesión del crimen por parte de sus propios hermanos, quienes también fueron detenidos mientras comían en la casa familiar, el lunes 16 de mayo a las 5 de la tarde.
En estas declaraciones, los hermanos de Juan Carlos narran con lujo de detalles los preparativos del asalto al Happy Raw, así como lo sucedido cuando su “carnal picó a un morro por querer pasarse de verga”. Las dos entrevistas concluyen que Juan Carlos fue el asesino y sirvieron para su arresto conforme a la carpeta de investigación 05228/UATP/MOR/2016 a cargo de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la PGJE.
Todos estos documentos, los tiene en su poder doña Aurora y no duda en mostrarlos para evidenciar “el trabajo sucio” que hicieron los ministeriales, pues asegura que las declaraciones de sus hijos fueron “arregladas” por los policías ministeriales mientras ellos estaban detenidos en los separos de la Procuraduría de Michoacán.
Las canchas de la PGJE
Esposados e hincados en medio del terreno baldío cerca de la Plaza de Toros, la familia Mosqueda escuchó las órdenes en clave que recibieron los policías ministeriales, éstos los subieron a las camionetas blancas y los llevaron hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Las camionetas llegaron hasta las canchas de Fútbol que se encuentran adentro del inmueble, lugar donde los oficiales separaron a doña Aurora y a su hija del resto de su familia. Ahí estuvieron otra hora viendo cómo los policías ministeriales golpeaban a sus parientes y a otros jóvenes que habían arrestado ese mismo día. “Ahí se arrima un comandante y me pide los datos de mis hijos, de mi hija, de mi sobrino y míos” relató doña Aurora.
Tan repentino como empezó, los ministeriales ordenan que suelten a doña Aurora y a su hija y meten a los jóvenes adentro de las instalaciones de la PGJE, esa fue la última vez que vio a su hijo Juan Carlos, quien fue trasladado dos días después al Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez” bajo el cargo de homicidio calificado conforme el caso número 1003201627189.
En una camioneta blanca, un par de policías ministeriales obligaron a las mujeres a subirse agachadas para que nadie las viera y las bajaron en la colonia Tres Puentes, ubicada al poniente de la ciudad. “Para ese entonces me regresan mi cartera y yo les digo que me regresen mi dinero que yo traía porque no traíamos nada, nos habían robado todo, y nos dicen ‘no pues por ahí búsquense unas moneditas o pidan limosna para la combi’” relató doña Aura.
Cuando los policías se fueron, Aurora y su hija se trasladaron a casa de unos amigos y consiguieron dinero para ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a fin de levantar la denuncia correspondiente, misma que quedó registrada en el expediente clave MOR/2362/2016.
Presunto culpable
Dos días después de su verdadero arresto y con huellas de haber sido golpeado, el 18 de mayo de 2016 el hijo de doña Aurora es presentado ante el Ministerio Público con cargos de robo a mano armada y homicidio calificado. La PGJE también presenta a dos jóvenes tatuadores que fueron aprehendidos en un operativo dentro del Mercado Independencia.
Un día antes, el martes 17 de mayo, los agentes de la Fiscalía Especializada en Homicidios realizaron careos entre los imputados y las víctimas del asalto al Happy Raw y concluyeron que se trataba de los ladrones. Además, aportaron los retratos hablados con las descripciones de las señas particulares de los asaltantes, otra prueba que incriminó a Juan Carlos, muy a pesar que todas las víctimas afirmaron en sus declaraciones que los asaltantes traían pasamontañas al momento del robo.
“Al otro día fuimos a preguntar por nuestros familiares y ya había mucha gente en la procuraduría, ellos mismos les llamaron a los que estaban en el asalto y los policías ministeriales, les dijeron a las víctimas, tú señala a éste, éste y éste” recordó doña Aurora.
Hasta ese momento, doña Aurora no había visto a su hijo Juan Carlos y los agentes del Ministerio Público jamás le dejaron saber si en realidad estaba detenido y bajo qué cargos, “pensamos que lo habían desaparecido” recordó.
El mismo martes 17 de mayo, los policías ministeriales le presentaron a doña Aurora las declaraciones firmadas de dos de sus hijos –Jesús y Brian- en las que incriminaban a su tercer hijo como asesino de Marco Antonio y los oficiales le exigieron que las firmara para dar validez al documento.
-¿Por qué le pidieron que las firmara?-
-Porque mis hijos son menores de edad y necesitaban las firmas de los padres o tutores para que las declaraciones fueran válidas-
-¿Usted firmó?-
-No, por supuesto que no, yo sé que mi hijo no hizo nada, ellos (los policías ministeriales) no saben si una persona es un asesino, nada más porque les gustó una persona para que fuera asesino se lo llevan-
Sin embargo, los agentes acusaron a doña Aurora de tratar de encubrir a su hijo, por lo que comenzaron a amenazarla para que firmara los documentos, llegando al punto de jalonearla adentro de las oficinas de la PGJE. Aún así la señora se negó, provocando que en el expediente las declaraciones de sus hijos quedaran incompletas y sus dos hijos quedaron en libertad tras haber delatado a su hermano.
“Cuando me los entregaron los vi muy mal, no se habían bañado ni habían comido bien y estaban muy golpeados… me decían ‘mamá nosotros no dijimos eso que pusieron en los papeles’ y yo les creo, porque la procuraduría nada más está inventando culpables” aseguró doña Aurora.
La camioneta robada
Existen dos versiones de cómo esa Jeep Cherokee con placas del estado de Baja California llegó a las manos de la PGJE. La primera es a través de la narrativa de hechos realizada por un agente de la Policía Ministerial quien aseguró haber realizado el arresto de Juan Carlos Mosqueda y otros cuatro jóvenes.
En la relatoría, el oficial asegura que la Cherokee estaba estacionada en la avenida Socialismo de la colonia Plan de Ayala y sus ocupantes platicaban con dos sujetos montados en un par de motocicletas. Por labores de “investigación, disuasión y prevención del delito” el agente requisó a los ocupantes de la camioneta y encontraron un arma calibre 22 y tres cuchillos de unos 30 centímetros de largo.
Esto provocó que realizara “enseguida los protocolos de aseguramiento, embalaje y cadena de custodia” a fin de preservar los indicios de que tanto los cuchillos como el arma habrían sido usados para cometer un delito. Así fue como en una revisión de rutina, el oficial detuvo a Juan Carlos, a dos de sus hermanos y a dos tatuadores por su “actitud sospechosa en la vía pública”.
Las investigaciones fueron atraídas por la Fiscalía Especializada en Homicidios, misma que determinó la conexión entre el arresto y los hechos ocurridos en el bar Happy Raw, exactamente un mes antes. Así fue como la PGJE se hizo de dos motocicletas Yamaha, tres cuchillos, un arma y la camioneta Cherokee azul marino, propiedad de la señora Aurora Mosqueda.
La otra versión es de la propia familia Mosqueda, según relataron, mientras estaban encerrados en la casa familiar y los policías ministeriales se llevaban hasta los documentos de inscripción para la escuela de los niños, éstos exigieron las llaves de la camioneta Cherokee luego de que supieron que le pertenecía a la familia.
De acuerdo con doña Aurora, los oficiales querían mover la camioneta para acomodar las patrullas enfrente de su casa. No obstante, cuando se fueron se llevaron la camioneta y el título de propiedad de la Cherokee y desde entonces la familia nunca la volvió a ver.
Hasta que Juan Carlos Mosqueda fue trasladado al penal estatal “David Franco Rodríguez”, la familia se enteró que la camioneta formó parte de un intrincado proceso de fabricación de culpables, encabezado por agentes de la Fiscalía Especializada en Homicidios.
Actualmente, la familia ya acudió a dos audiencias preliminares en las que lograron retirarle los cargos por robo a mano armada a su hijo. Sin embargo, todavía enfrenta cargos por el asesinato de una persona, la noche del 16 de abril en el Happy Raw.
Sin embargo, doña Aurora ha recibido amenazas por participar en la defensa legal de su hijo y asegura que hace responsable a los policías ministeriales por cualquier cosa que le pudiera suceder.
A pesar de todo, doña Aurora aclaró que “yo no creo que todos los policías ministeriales son malos, incluso cuando nos estaban golpeando algunos de ellos se les notaba que no estaban de acuerdo, pero por unos pagan otros y la verdad es que en un ratito nos acabaron, se llevaron ahorros, cosas y nos pegaron a la familia porque ahora resulta que mi hijo es un criminal y eso no es cierto, los ministeriales convirtieron a mi hijo en criminal”.
