La Ley de Cementerios del Distrito Federal se aprobó por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 9 de junio, sin embargo, luego de pasar por observaciones de Miguel Ángel Mancera, ésta deberá ser aprobada de nuevo por el pleno. Los pueblos y barrios originarios del Distrito Federal se encuentran en alerta roja, pues aseguran, debieron consultarlos antes de ser votada en la Asamblea conforme a la Constitución y a convenios internacionales. Anunciando protestas, pueblos y barrios advierten que los usos y costumbres de los mismos, advierten, están en riesgo
Para la maestra en antropología social, María Teresa Romero Tovar, los panteones comunitarios son espacios “de reproducción cultural en el cual las relaciones sociales expresan normas, valores, costumbres, códigos y las experiencias importantes que conforman la vida comunitaria”.
“La relación entre vivos y muertos se hace patente en la cotidianidad de los panteones de los pueblos originarios”, señala Romero Tovar en su artículo Memoria y defensa de los panteones comunitarios del Distrito Federal publicado en la revista Nueva antropología, documento en el que indica que para los pueblos originarios la muerte forma parte de su vida social, al ser espacios donde los antecesores completarían el legado a las nuevas generaciones al otorgarles “dónde nacer, dónde crecer y dónde morir”.
Tovar advierte que muchos de los pueblos han perdido físicamente sus panteones en el proceso de crecimiento urbano y la planeación ciega de la ciudad de México, “otros perdieron su custodia, y con ello parte de la relación social mencionada, pero sin tener control sobre el panteón, antes comunitario, conservan el derecho a ser sepultados ahí, así como a realizar parte de sus rituales funerarios”.
De acuerdo con el Programa de Regularización de Títulos de Fosas a Perpetuidad en Cementerios Públicos en el Distrito Federal, para agosto del 2012, último registro en línea, existían 104 panteones civiles clasificados en 5 generales, 15 delegacionales, 82 vecinales y 2 históricos.
Sin embargo en la iniciativa de dictamen presentada por el perredista Víctor Hugo Lobo Román, en el Distrito Federal actualmente existen 117 cementerios, de los cuales 102 (87%) son oficiales y 15 (13%) concesionados, los cuales ocupan una superficie de 8 millones 288 mil 964 metros cuadrados, de éstos, 6 millones 178 mil 542 metros cuadrados –equivalentes al 74.5 por ciento- corresponden a los oficiales y el resto, 2 millones 110 mil 423 metros cuadrados –equivalentes al 25.5 por ciento- a los concesionados; concentrando un total de un millón 442 mil 548 fosas.
De acuerdo con el estudio realizado por la antropóloga María Teresa Romero, a pesar de los números que hacen aparentar que los panteones comunitarios representan la mayoría de éstos en el Distrito Federal -82 de 104 en agosto del 2012-, en términos de cobertura efectiva, los panteones vecinales representan un bajo porcentaje del total de ellos.
“Aunque el número de panteones vecinales asciende a 77 [en el año 2004], el área que ocupan es baja (11.5 por ciento) en relación con el total, y tienen una capacidad para 213956 fosas. Mientras los 10 panteones generales, con 457.5 hectáreas, tienen capacidad para 1081878 fosas.”
Actualmente, declaró Jesús Sebastián Guzmán en entrevista con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, no todos los pueblos originarios cuentan con panteón propio, “por ejemplo, hay unos que desde hace diez años algunas delegacioneslos están administrando pero ellos no son los dueños”.
Para Guzmán, la nueva Ley de Cementerios ya aprobada el 9 de junio por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en espera de observaciones de Miguel Ángel Mancera para volver a ser votada por el pleno, a pesar de reconocer loscementerios comunitarios, ésta no tuvo la previa consulta a los pueblos originarios, razón por la cual señalan que ésta podría violar sus usos y costumbres, atentando contra los pueblos originarios aún persistentes en la Ciudad de México.
“Están atentando contra los usos y costumbres de las comunidades así como de los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde establecen entre otras cosas, que cada que exista una medida legislativa que nos beneficie o nos perjudique, forzosamente tendrá que hacerse una consulta y los legisladores tienen la obligación de tener el consentimiento libre e informado de la población, situación que no están ejerciendo”.
