En un paso decisivo para enfrentar la extorsión en México, las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma la Constitución para facultar al Congreso a crear una ley general sobre este delito. La iniciativa, que unificará criterios, penas y mecanismos de atención a víctimas a nivel nacional, recibió el respaldo de todos los partidos políticos.
El dictamen, aprobado con 47 votos, busca acabar con los “vacíos” que han favorecido la impunidad, ya que hasta ahora el combate a la extorsión dependía de las leyes estatales, que varían de un lugar a otro. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, afirmó que la reforma responde a una “demanda urgente de la sociedad mexicana” para enfrentar con toda la fuerza del Estado un delito que “vulnera la tranquilidad de las familias, asfixia a los negocios y erosiona la confianza”.
Síntesis y contexto del problema
La extorsión se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del país. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) señaló que el delito tiene una “cifra negra” altísima, pues los casos reales superan por mucho a las denuncias formales, convirtiendo a la extorsión en un “impuesto criminal tolerado”. La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, mencionó que la cifra negra de este delito es del 94%, superada solo por el fraude.
Las autoridades señalan que las modalidades más comunes son el cobro de piso, que afecta a negocios y productores, y las extorsiones telefónicas, muchas de las cuales se realizan desde prisiones. A pesar de los esfuerzos, las cifras oficiales muestran un aumento alarmante: el promedio diario de extorsiones pasó de 19 en 2018 a 29 en enero de 2025.
Esta reforma constitucional es un componente clave de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, lanzada por el gobierno federal. El plan se sustenta en cinco ejes principales, que incluyen:
- Generar detenciones prioritarias con base en investigaciones de inteligencia.
- Crear unidades antiextorsión en las fiscalías locales.
- Implementar protocolos de atención temprana para las víctimas.
- Capacitar a los operadores del número de denuncia 089.
- Lanzar una campaña nacional de prevención para educar a la ciudadanía.
La reforma será presentada la próxima semana al pleno del Senado para su discusión y, de ser aprobada, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para expedir la nueva Ley General, un paso que la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, calificó como un reconocimiento a que el combate a este delito ha sido insuficiente en todos los niveles de gobierno.
