(19 de diciembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (indígenas tzeltales) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores); pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso” y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.
Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones, el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día 16 de enero de 1996 y fue emitido el informe de admisibilidad No. 129/99[1] el 19 de noviembre de 1999.
Finalmente, la CIDH emitió el Informe de Fondo No. 53/01[2] el día 4 de abril de 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y emitió las una serie de recomendaciones al Estado mexicano.
Sin embargo, el Estado no tomó en cuenta dicho informe. Durante una década el Estado mexicano incumplió con ambas recomendaciones de la CIDH.
Por un lado, se negó a trasladar la investigación a la justicia ordinaria para continuar con la investigación y, cuestionó los fuertes testimonios y la versión de los hechos del informe de la Comisión, se ha negado a reparar a las víctimas por considerar que no fueron violadas, supeditando dicha reparación a la investigación de los hechos, aún cuando ésta se encuentra en un fuero carente de independencia e imparcialidad, señala la información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
Desde julio de 2001, se celebraron múltiples reuniones de trabajo entre las partes, tanto en el marco de los periodos de sesiones ordinarios de la Comisión Interamericana, como a nivel interno, como parte de las gestiones realizadas para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
En su momento, las organizaciones que acompañan el caso señalaron que había un incumplimiento por parte del Estado mexicano manifiesto. La discusión sobre la reparación del daño ha quedado totalmente relegada por parte de las autoridades mexicanas, quienes han señalado en múltiples ocasiones que “no se otorgarían las reparaciones debidas hasta en tanto no finalicen las investigaciones ya que sólo así el Estado podría ejercer la acción de repetición en contra de los agentes responsables de las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas”, se informó.
La problemática cambió a la llegada del presidente López Obrador y finalmente se dio un avance con las disculpas públicas, emitidas a través de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, asume la responsabilidad por un hecho que evoca dos exigencias pendientes: por un lado, la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, a quienes reiteradamente hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos.
“Asimismo, reconocemos que este abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres indígenas de este país”, dijo Sánchez Cordero.
Señaló que fueron esas condiciones de vulnerabilidad las que establecieron que se violaran impunemente los derechos humanos y la dignidad de Ana, de Beatriz, de Celia González Pérez y también a su madre Delia Pérez, este asunto conocido en materia de justicia internacional como “El caso de las hermanas González Pérez, número 11.565”.
La Secretaria volvió a relatar que, aquel 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, a las hermanas González Pérez y a su madre para interrogarlas. Las tres hermanas, una de ellas menor de edad, fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en más de una ocasión.
Las hermanas no quisieron someterse a un proceso de revictimización y se negaron a volver a declarar y a someterse a nuevas pruebas periciales. Para las autoridades jurisdiccionales militares, esto fue suficiente para archivar el caso.
Desde hace 25 años, el caso se encontraba en total impunidad. El Estado mexicano no había cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables, ignorando por 18 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Hoy y todas y todos los que estamos en este acto lo sabemos, inician tiempos de cambio, de un gran cambio. Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez, a nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente.
“A la señora Delia Pérez le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas. Hoy, a nombre del Estado mexicano ofrezco una disculpa por la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación a las víctimas”.
Estos agravios suman la violación de los derechos a la integridad personal; a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y de la dignidad, a los derechos del niño y la niña y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cordero continuó diciendo: “A nombre del Estado mexicano ofrezco una disculpa por nuestra responsabilidad en la violación del artículo 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En particular, la tortura sexual como una de las formas más aberrantes de un sistema patriarcal que debe ser erradicado y que se vuelve aún más grave cuando deriva del ejercicio de funcionarios públicos.
“Sumado a esto, es fundamental reconocer el impacto de la guerra en los cuerpos de las mujeres, agravios directos que atraviesan una triple violencia estructural en este caso: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. La violencia de género y su expresión como violencia física, psicológica y sexual, se suma a las violencias estructurales reproducidas por la discriminación y la falta de desarrollo social y económico de las mujeres. Esto no puede ni debe continuar”.
Dijo que este gobierno se ha manifestado por la inclusión de los derechos humanos y la perspectiva de género en materia de seguridad y se está trabajando para que esto sea una realidad.
Con esto se buscará ir construyendo el principio de no repetición, sobre todo, de restaurar, en la medida de lo posible, lo que estos hechos lamentables han impactado en la vida de Ana, de Beatriz, de Celia y de su madre Delia, por medio de la justicia, que se les debe a ellas y a todas las mujeres indígenas de este país, hago un reconocimiento a la valentía que han afrontado por este hecho las hermanas González y su madre por estos hechos.
En nueve meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido disculpas públicas por cuatro casos documentados de violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado mexicano.
A través de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobierno de la 4T ha ofrecido mayor número de disculpas públicas que sus antecesores.
Antonio Garibay, director del Comité Evaluador de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, señaló a un medio nacional, “la convicción el nuevo gobierno en ver la realidad de lo que pasa en el país, sí hay una convicción no es un tema político. En administraciones pasadas lo hicieron por acatar resoluciones ninguna por convicción”.
