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Magistrados dicen que sus sueldos no son un privilegio, “sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura”; adoptan discurso de la derecha sobre debilitamiento de “contrapesos”

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Los magistrados del país respondieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores de Morena, al señalar que hay una clara intromisión contra el Poder Judicial de la Federación al que buscan debilitar.

Acusaron de querer posicionar un falso discurso “de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, expresó el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega Ramírez.

Esto tras el anuncio de López Obrador de reducir las percepciones de ministros y magistrados del Poder Judicial, por lo que Vega Ramírez consideró que estos intentos por condicionarlos, han sido presentados como ejercicios  que harán  más eficiente la importación de justicia  y permitirán ahorros, sin embargo en el fondo consideró que esconden la verdadera intención de debilitar al sistema y vulnerar el estado de derecho.

“El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, declaró.

En ese sentido dijo que la independencia no es un manto de impunidad, sino un derecho de cada uno de los mexicanos  para que un juez federal lo defienda, por lo que dijo no puede llamarse democrático un país en donde no exista contrapeso de poderes.

Por ello subrayó que lairreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura.

Finalmente insistió en que el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido, como la aplicación de controles de confianza, están dirigidos a establecer mecanismos “para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”.

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