(18 de febrero, 2016).- El sistema de salud social en México se ha visto amenazado por las constantes privatizaciones de un sistema económico neoliberal, sin embargo el Seguro Popular es una alternativa para todas aquellas personas que tienen empleos formales o no están dentro de una actividad remunerada, pese a ello solamente un tercio de los estados de la República tuvo en 2014 una ‘‘gestión razonable’’ de los recursos de este sistema.
El resto fue mal utilizado, por ejemplo hubo pagos excesivos a salarios del personal, la compra de medicinas y por haber omitido la comprobación de gastos, entre otras irregularidades, así lo aseguró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe.
El día de ayer se publicó la revisión de la cuenta pública 2014 de la ASF donde se incluyó la actuación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).
El problema -redacta el documento- comienza en la forma con la que las entidades manejan el recurso destinado al SP. Está, por ejemplo, el caso de Chihuahua, donde hasta marzo de 2015 se tenía evidencia de un probable daño al erario por más de 98 millones de pesos, así como incumplimientos por no haber enviado a la Ssa en todo el año la información sobre salarios pagados.
Por otra parte Guerrero tiene pendiente de aclarar el destino de 971 millones de pesos. La entidad tampoco entregó los reportes trimestrales a que está obligada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNPSS, en particular sobre los recursos utilizados en la compra de medicamentos y pago de servicios a prestadores privados.
La Auditoría Superior también encontró para otras entidades anomalías como la contratación de personal médico que no cumplía con la preparación académica necesaria, el pago de salarios sin haber un contrato formal o la adquisición de medicinas que no están en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.
