(05 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La negligencia y malas prácticas médicas de dependencias de salud, tanto públicas como privadas, fueron determinantes para que Lidia Arroyo Martínez, una mujer de 38 años, perdiera la vida luego de rodar por unas escaleras metálicas en su lugar de trabajo, dejando una pequeña huérfana y una familia que lleva meses clamando justicia.
Lidia trabajaba en la compañía Wal-Mart como jefa de personal. El lunes 10 de marzo de 2014, calló por unas escaleras metálicas, rodó 12 escalones, dio giros, se golpeó la cabeza, el cuello, espalda, piernas y cadera.
Fue trasladada a la clínica dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en Irapuato, Guanajuato, donde los médicos pidieron le fueran tomadas varias radiografías, dictaminando que no había mayor problema y que se podía presentar a trabajar al día siguiente, a pesar de que ella se sentía muy mal y eran visibles moretones, inflamación en el brazo izquierdo, muñeca, rodillas y tobillos.
Jesús Arroyo, hermano de Lidia narró, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que la médico familiar le sugirió a su hermana pedir al titular de urgencias le prescribiera varios días de incapacidad y ella le envió tratamiento para el dolor.
Sin embargo, para el lunes siguiente, no podía caminar erguida y tenía que hacerlo sujetándose de las paredes. Ese mismo día, su esposo la condujo al Hospital Médica Insurgentes, de la misma ciudad, en donde pide hacer uso de su seguro de gastos mayores.
Alrededor de la 19:00 horas ingresó el área de urgencias. Una médico la recibe y solicita que sea valorada por un otorrinolaringólogo y un traumatólogo, quienes se limitan a pedir, de nueva cuenta, se le tomen radiografías. Una vez analizadas, determinan que tiene “un esguince cervical”, o de cuello, pero no la remiten a ningún neurólogo o neurocirujano, a pesar de que comenzaba a perder la fuerza en las piernas.
“Deciden hacerlo hasta el 18 de marzo, llegó el neurocirujano, pidió una resonancia para ver si estaba lesionada la médula. No objetiva ningún problema, pero diagnostica Síndrome de Guillain-Barré, que te paraliza desde la punta de los pies y va subiendo hacia las piernas, los muslos, la cadera, los músculos de la respiración y puede causar la muerte si no se aplica el tratamiento, que se puede dar a través de la inmunoglobulina, que se pone a través de una vena o la plasmaféresis, un procedimiento en el que a través de un tubo que se inserta debajo de la clavícula, la sangre es conducida a un aparato que la limpia”, explica el también médico, Jesús Arroyo.
Pero a pesar de ya contar con el diagnóstico y contar la institución con los instrumentos para iniciar la atención especializada, la nota médica del martes 18, especifica que “no se le da el tratamiento porque la compañía de seguro de gastos médicos mayores, GNP, no nos ha entregado un número de folio de pago directo”.
El miércoles 19, Jesús indagó las razones por las que su hermana no había iniciado el tratamiento.
El neurocirujano que la atendía, Ricardo Félix, le remitió con Susana Don Juan, encargada del nosocomio, quien le confirmó los dichos del médico. Minutos después se puso en contacto con un ejecutivo de la aseguradora, quien le informó que el hospital particular estaba facultado para iniciar el tratamiento “si la vida de la persona corre peligro, no necesitan esperarse a un pago”, le dijo a Arroyo; sin embargo, la encargada del nosocomio, ni siquiera recibió la llamada del personal de la aseguradora.
“Tenían el equipo médico pero el especialista estaba en la Ciudad de México, me traían como tonto diciéndome que sí iba a llegar el especialista; luego me dijeron que era posible que hasta el otro día. Me dio mucho coraje y le pedí que me dejara llevar a mi hermana. No lo querían permitir y ese es un delito, no pueden aducir adeudos. Para no tener problemas, tuve que firmales un pagaré”, narró el hermano de la hoy occisa.
De hospital en hospital
Lidia fue conducida al Hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato, donde ya habían confirmado que podían darle tratamiento. Fue ingresada alrededor de las 15:00 horas, pero ahí tampoco quisieron suministrarle de manera inmediata el tratamiento aduciendo el tema del seguro médico.
Tres horas después, y con el síndrome avanzando, Lidia comenzó con el tratamiento que duró cinco días continuos. Sus familiares solicitaron que la dosis fuera aumentada para intentar disminuir el deterioro físico y aunque en un primer momento el médico se comprometió a hacerlo, los reportes indican que no se aplicó.
Después de una semana en el hospital, Jesús recuerda que su hermana estaba destruida: tenía parálisis desde la boca, hasta las piernas. No se podía mover. Concluyeron que no tendrían recursos para pagar el nosocomio privado, por lo que buscaron que fuera ingresada en una clínica de alta especialidad del IMSS, en León.
El lunes 24 de marzo la recibieron. Un neurólogo la valoró. Dos días después, su condición se agravó.
“Les pregunté a los doctores si podíamos darle tratamiento de rescate, como lo marca la inmunoglobulina. Todos estuvieron de acuerdo. El 28 la llevamos pero un médico intensivista, de la Unidad de Cuidados Intensivos me dijo: ‘sabes qué, siempre no le vamos a dar el tratamiento porque ya es mucho tiempo’. Le dije que no estaba de acuerdo. Mi hermana comenzó a ponerse peor; ya no reconocía a nadie. El neurólogo decide darle el tratamiento hasta el ocho de abril…el seis de junio falleció”, recuerda Arroyo.
Un calvario institucional
El médico neurólogo que contrató como perito la Agencia del Ministerio Público de Guanajuato, determinó que por exceso de trabajo en la clínica dos del IMSS, fue difícil que pudieran diagnosticar el Síndrome de Guillain-Barré.
Sin embargo, Arroyo considera que el Hospital Médica Insurgentes y la clínica del IMSS de alta especialidad de León, incurrieron en malas prácticas al no proporcionar de manera inmediata tratamiento a Lidia, “esos dos fueron los que realmente contribuyeron al gravísimo deterioro de mi hermana”, sostiene.
El pasado dos de septiembre, Jesús Arroyo interpuso una denuncia a través del abogado Martín Arturo Negrete Chávez, “quien me dijo que había posibilidades del 90 % de que pudiéramos obtener justicia”, recuerda. Meses después, interpuso una querella contra el litigante por su nulo actuar en el caso.
Sin embargo, para avanzar el proceso jurídico, el primer obstáculo a vencer era obtener los expedientes clínicos, para poder pedir un dictamen médico. Arroyo consiguió el expediente de los seis días que pasó en el Hospital Aranda de la Parra; un mes más tarde, el de Médica Insurgentes, pero el de la clínica dos del IMSS se negaban a entregarlo, así como el de la clínica de León.
El caso fue turnado a la Agencia Uno del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Irapuato, bajo la responsabilidad de Juliana Morales.
“El 22 de diciembre me dijo la agente del Ministerio Público: ‘sabe qué doctor, me dieron esta respuesta por parte del IMSS de León: que no se encuentran expedientes, ni físicos ni electrónicos’, a pesar de que mi hermana estuvo ahí hasta su fallecimiento”, denuncia en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO el estudiante de derecho.
A mediados de enero de este año, la familia Arroyo Martínez por fin pudo tener acceso a los expedientes del IMSS.
Actualmente, la familia de Lidia analiza interponer una demanda por la vía del daño patrimonial y moral por todos los actos de irregularidades y corrupción que han detectado en el proceso jurídico que continúa abierto.
Hace algunas semanas, el Ministerio Público determinó archivar la carpeta del caso. Cuando la parte afectada se inconformó ante el Juez de Control, la asesora jurídica asignada por el MP se excusó argumentando que no podía auxiliarla por carecer de capacitación en materia de juicios orales.
“La carpeta se archivó, lo que significa que tengo que traer un nuevo indicio o prueba que demuestre que hubo negligencia médica al tardarse en aplicar el tratamiento…para mí es muy difícil confiar en los abogados, por eso nos vamos a ir por el otro argumento”, explicó Arroyo.
Aún y cuando se ha acercado a varias instancias del gobierno de la entidad, incluido el gobernador, Miguel Márquez Márquez, Jesús Arroyo no siente respaldo alguno.
Cuando se acercó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lugar de explicarle cómo interponer una queja, se limitaron a documentar que había ido a pedir apoyo.
Ante la indolencia judicial, Jesús Arroyo hizo tres llamados puntuales: “a los hospitales particulares les pediría que si se paga o no con un seguro de gastos, la atención debe ser la misma, profesional, humana y que no tengan a los pacientes pensando que no tienen una enfermedad grave porque cuando así es, como en el caso de mi hermana, pueden fallecer”.
“A las autoridades de la Subprocuraduría, el llamado es a que realmente hagan su trabajo y que no esté plagado de omisiones e irregularidades; ellos tienen la obligación de ayudar a las personas que han sufrido, se supone que son nuestros representantes. Al gobernador le pido que ponga atención en este tipo de casos y que nos dé apoyo a través de la defensoría pública. Quedamos en estado de indefensión si los agentes del Ministerio Público incurren en algún acto de corrupción”, concluyó Jesús.
