(10 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El asesinato del General Emiliano Zapata sigue presente en la memoria de los mexicanos, especialmente de aquellos que dicen, continuarán con su legado en la lucha contra el despojo territorial de una élite en el país.
Este viernes, la Red Anáhuac en Defensa de los Bienes Comunes, conformada por decenas de organizaciones, realizaron una Jornada por la Defensa y Construcción del Anáhuac en el marco del 96 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, haciendo énfasis en la defensa del derecho a la Ciudad “y a los territorios libres de megaproyectos”.
Con acciones dislocadas en todo el Distrito Federal y zona metropolitana fundamentalmente, anunciaron que de manera organizada, éstos se encuentran “luchando contra la imposición de megaproyectos; la privatización de los bienes comunes como el agua; la contaminación ambiental sin regulación alguna por industrias y basureros; la privatización de las calles por parquímetros, destrucción de espacios públicos y áreas verdes por proyectos para beneficio del interés privado; contra las condiciones de hacinamiento, carencia y exclusión en las que nos han forzado a habitar en sus llamadas ‘viviendas de interés social’; el clima de violencia provocado por grupos de choque, ya sean antorchistas o narcotráfico-Estado; en resumen, quienes nos oponemos a la imposición del proyecto de Ciudad Neoliberal“.
A través de la lectura del mismo pronunciamiento en lugares desde Milpa Alta y Xochimilco hasta el Palacio de Bellas Artes, Atenco y el Ángel de la Independencia, los manifestantes aseguraron que a pesar de luchar desde distintas latitudes, no se trata de hechos aislados, pues coinciden en que en los problemas fundamentales el responsable ha sido “el Estado mexicano en sus tres niveles, así como las empresas transnacionales para las que gobierna la clase política, los responsables de la profunda crisis social, ambiental, económica y política a la que hoy nos enfrentamos”.
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Puntualizaron que hay casos en donde esto puede ser tangible, tales como la Ley de Aguas del Distrito Federal que niega, declararon, el derecho colectivo y constitucional al agua.
“Permitiéndonos entender hasta qué punto el agua se ha convertido en recurso estratégico en disputa, para el cual se ha instrumentado entre el Estado y las empresas una violencia estructural, podemos recordar la lucha del pueblo de San Bartolo Ameyalco por la defensa del agua y en contra de la imposición de un proyecto hidráulico que los despojaría de su manantial, que da nombre e identidad al pueblo, para entregársela a las mansiones y centros comerciales de lujo de Santa Fé”, insistieron.
En este caso, manifestaron, la oposición del pueblo “fue reprimida por el gobierno represor de Miguel Ángel Mancera con el despliegue de alrededor de 3 000 granaderos, sitiando el pueblo (ya que bloquearon todos los accesos al mismo), además de golpear, amedrentar e intimidar tanto a niños, niñas, mujeres, hombres y personas de edad más avanzada, junto con la detención arbitraria de 5 pobladores de San Bartolo Ameyalco”.
Calificaron esta avanzada fundamentalmente del gobierno capitalino como una “política de terror” y el “avance en el despojo de los bienes comunes y los territorios”, que dijeron, va acompañada de “la ingeniería del conflicto, división de las comunidades y criminalización de la protesta a través de los medios de comunicación.
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