(23 de febrero. Revolución TRESPUNTOCERO).- La alerta de violencia de género es el último recurso legal de las mujeres para acceder a la justicia -aunque esto no significa que funcione, ya que tampoco existe seguridad de obtenerla- aseguran los organismos civiles. Así, Morelos es uno de los casos que podrían constatar las deficiencias de un sistema que se dice imparte justicia.
Lo anterior mantiene como pieza clave, que aún con la alerta de género declarada, desde hace seis meses, en el transcurso de este 2016 se han documentado 11 feminicidios, según el registro de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos. Lo cual, de continuar, podrían incluso superar las cifras de los dos años anteriores, puesto que en 2014 hubo 54 muertes violentas, mientras que 2015 concluyó con 57.
La Comisión ha sido contundente al asegurar que “los atentados contra la vida de las niñas y las mujeres no se dan en el vacío. Suceden en un entramado social de tolerancia y fomento a la violencia de género cotidiana, misógina y machista, contra niñas y mujeres. Los feminicidios son su consecuencia y suceden tras procesos vitales marcados por la inseguridad y por escaladas de violencia, y situaciones extremas que culminan en muertes violentas.
La muerte, en muchos casos, no ha sido límite para el daño. Aun después de haber sido asesinadas, sus cuerpos son objeto de agresión. La violencia no termina ahí, las sobrevivientes y las familias de las víctimas son objeto de violencia institucional en el ámbito de la justicia”.
Los feminicidios en Morelos, como en distintas zonas del país, no tienen características puntuales, alcanzan a mujeres de edad adulta, jóvenes y adolescentes, hasta recién nacidas. “Vidas perdidas que se convierten en cifras maquilladas por parte de las autoridades”, han sentenciado diversos grupos de la sociedad civil de dicha entidad.
Marlene Adán Jaimes de 20 años y su hija recién nacida fueron asesinadas. A la joven se le practicó una cesárea de forma irregular: sin anestesia abrieron su abdomen con un cúter, lo que le provocó su muerte. Aunque su bebé de ocho meses nació, debido a las circunstancias falleció de inmediato. La policía encontró el cadáver en bolsas de plástico.
Los hechos en donde perdieran la vida de manera violenta ambas personas, ocurrieron el 2 de abril de 2014 en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Al momento de ocurrir el feminicidio de Marlene, estaba programada para tener el parto el 24 de abril, “por lo que fue un hecho deliberado, planeado y ejecutado con el objetivo de privar de la vida a Marlene y pretender quedarse con la niña para realizar un tráfico de personas”.
Los presuntos culpables están sujetos a proceso, el caso está iniciado en carpeta elaborada en la Fiscalía de Homicidios contra Mujeres y quedó consignada como feminicidio, razón por la que se ha solicitado sea investigado como tal y se aplique el Protocolo de Investigación sobre Feminicidio, para evitar que eludan la aplicación de la justicia, puesto que los asesores jurídicos de los posibles responsables están buscando pruebas falsas para evadir la justicia, según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
“En Morelos las mujeres son víctimas de feminicidio en sus casas, en la calle, derivado del trabajo y pueden ser de clase alta, media o baja, con estudios, o sin ellos, incluso pueden haber cursado hasta un posgrado, no es determinante a la hora que un homicida les arranca la vida.
Sin embargo, según la información recabada -principalmente la hemerográfica porque las autoridades nunca han tenido datos de la grave problemática- en la mayoría de los casos, ellas perdieron la vida dentro de sus casas, algunas más han sido encontradas en la vía pública o en patios baldíos, en un barranco, en una construcción, en un vehículo abandonado o en un bote de basura.
En su mayoría tienen huellas de tortura física y sexual, las causas siempre son las más brutales: estrangulamiento, golpes severos, decapitaciones, ahorcamientos, acuchillamiento, derivado de balazos en distintas partes del cuerpo, sin el tiro rápido, sino de una manera que la muerte sea lenta y dolorosa, también hay muertes por medio de la mutilación, y presumiblemente quemadas vivas y en su mayoría identificadas como ese género vulnerable que difícilmente obtendrá justicia”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la activista y antropóloga Rocío del Campo.
Una de las principales deficiencias a la hora de impartición de justicia, señala el Informe Sombra: Alerta de violencia de género en Morelos, es la manera que se registra el móvil de los asesinatos, ya que pueden aparecer como causas: violación, negligencia, celos, tortura, ajuste de cuentas, ahogada, problemas de tierras, quemada, caída, apuñalada, degollada, desaparecida, estrangulada y otras; es decir, se confunden las causas con las formas de violencia ejercida, y la categoría de no especificado ocupa más de las tres cuartas partes de los casos, a esto se le suma que los medios de comunicación, quienes forman un papel determinante para conocer los hechos, en las notas no se nombra el móvil.
En el informe de julio del 2013 a febrero del 2015 se da a conocer que el 32.03% de los agresores eran su parejas o ex parejas sentimentales, familiares o conocidos; mientras que en un 63.1% la nota periodística no refiere datos sobre el o los agresores. A su vez, al revisar con detalle el modo de operación de los feminicidas (el modo del asesinato, el arma, el lugar de los hechos, el lugar de hallazgo, el tratamiento del cuerpo), se infiere que al menos la mitad de los culpables declarados como desconocidos podrían ser sus parejas o exparejas sentimentales. “No debemos perder de vista también, que en ocasiones tenemos más de dos tipos de feminicidas, los actores materiales y los intelectuales”, señala el documento en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
En dicho documento, se da a conocer que del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años.
Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. Y hasta junio del 2013 se contabilizaron 35. De julio del 2013 a febrero del 2015 se reportaron 103 feminicidios. Dando un total de 633 en 15 años.
En cuanto a la impartición de justicia el vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos, José Martínez Cruz, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que, “documentamos casos de feminicidios que la Fiscalía no registra, es decir que se difiere sustancialmente de los datos que tenemos a los de la dependencia.
“Como Comisión nosotros documentamos 36 casos ocurridos desde el 10 de agosto de 2015 al 10 de febrero de 2016, en tanto que la Fiscalía reconoce una cantidad menor y nosotros solicitamos que nos den información puntual para poder confrontar los datos y determinar por qué razón la dependencia no los reconoce como tal y solamente los ha registrado como homicidios calificados.
También necesitamos saber por qué no ha aplicado el Protocolo de Investigación sobre Feminicidios, un documento elaborado por la propia fiscalía. A su vez cuestionamos las implicaciones en términos de impartición de justicia porque una parte corresponde al Tribunal Superior de Justicia, quien recientemente anunció la creación de una instancia colegiada para hacer análisis de las implicaciones que tiene la violencia feminicida y sin embargo hasta el momento no se ha aplicado, desde nuestro punto de vista, el protocolo para juzgar con perspectiva de género -el cual ya fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- ya que en algunos casos, a los culpables los han sancionado con siete años de cárcel, cuando de acuerdo a la ley deberían ser las penalidades de 40 años en adelante”.
A su vez Martínez Cruz, asevera que existen gran cantidad de casos, donde los abogados se escudan en criterios que desafortunadamente son ratificados por los jueces en el sentido de minimizar el hecho y sancionar con otros parámetros, a través de otros tipos penales, que no implican el feminicidios y que en ese sentido tratan de evitar la responsabilidad del Estado. Asegurando que la tiene, puesto que la mujer pudo ser violentada con anterioridad en su hogar o la zona donde vivió y las autoridades no le prestaron atención a su seguridad, ni a su derecho a transitar libremente.
“Una alerta de violencia de género significa que la autoridad debe utilizar todos los instrumentos jurídicos legales que tiene a su alcance para combatir la violencia feminicida, para que ésta se erradique porque esa es la responsabilidad del Estado, garantizar la vida y la libertad de las mujeres, sin embargo esto no está ocurriendo porque se requiere voluntad política de conjuntar todos los esfuerzos de todas las dependencias y una de las principales fallas es la de la capacitación, porque todo se reduce a charlas, cuando todos los funcionarios, no solamente para los ministerios públicos, policías, investigadores y jueces, deben recibir verdadero entrenamiento, ya sea en el sector salud o educación, todos los sectores donde la mujer participe”, afirma Cruz.
Ya que, a decir por el vocero de la Comisión, “una plática no garantiza que la gente verdaderamente posea conciencia social, que eso es lo que se busca, deben hacer uso de todos los recursos que están a su alcance para garantizar los derechos de las mujeres. Mientras el gobierno federal dio una serie de medidas de seguridad, el gobierno estatal cumple solamente algunas, sin embargo nosotros hemos hecho observaciones puntualmente en las medidas de verificación del cumplimiento de éstas.
Ya que en la inmensa mayoría no se puede corroborar que verdaderamente hayan cumplido, no hay indicadores de cumplimiento, hay otras que han hecho parcialmente, por ejemplo crearon un área especializada en la Fiscalía, un centro de atención a las mujeres, lo cual debería de ser de manera integral pero tenemos observaciones que dan a conocer que no lo hacen”.
Uno de los graves problemas, denuncia la Comisión, es que “dicen que sí están tomando otras medidas y realizan recorridos por polígonos de riesgo, en los lugares más peligrosos, pero nosotros decimos que es incluso podría ser señalado como simulación, porque nada más hacen dicha actividad para grabar que lo hicieron, pero no tomaron medidas necesaria para conocer la problemática, solamente acciones sumamente elementales, porque no se va a fondo. Hoy ya se ha establecido una ley que se debe cumplir, no es suficiente, porque el problema tiene que ver con la cultura dominante, la desigualdad social, la injusticia, la discriminación y la violencia de un sistema que priva de derechos a la mayoría de la gente, por eso se debe abonar a la cultura de la resistencia para cambiar las cosas”.
