Por: Zazil Carreras
Tw: @ZazCarreras3_0
En México, no se puede considerar que exista un mercado auténtico en las telecomunicaciones y radiodifusión. Una sola empresa controla el 80 por ciento de la telefonía fija y otra, filial suya, el 70 por ciento de la telefonía celular. Dos empresas más acaparan el 94 por ciento de las frecuencias para televisión abierta. Estas empresas han adquirido además un gran poder a nivel político que en muchas ocasiones han inclinado la balanza en decisiones de los principales partidos políticos del país e, incluso, del gobierno.
Éstas son algunas de las causas por las que ningún político o partido político se atrevió por muchos años a modificar la ley de Telecomunicaciones, pues esto supone una confrontación con Televisa, Televisión Azteca, Telmex y Telcel.
La reforma impulsada por el Pacto por México propone afectar estos monopolios de forma tal que las telecomunicaciones se vean afectadas para las empresas que tengan más del 50 por ciento de usuarios, quienes deberán vender parte de sus activos.
Se ha propuesto la creación del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), que estaría dotado de autonomía una vez creado. En teoría, esta autonomía debería darle la capacidad de sancionar el incumplimiento de la reglamentación de manera que las prácticas monopólicas no puedan llevarse a cabo.
Sin embargo, la apertura de las nuevas cadenas de televisión podría tardar más de un año, hasta que se constituya el IFT, por lo que durante este periodo de tiempo no se podrían construir estas cadenas televisivas, atadas a los tiempos legislativos que permitan la creación del instituto.
Otro punto débil es que, de acuerdo con esta reforma, la supervisión de contenidos quedaría en manos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual mantiene ligado el contenido de los medios a asuntos de interés político. Esta atribución, de acuerdo con especialistas, debería ser tarea del IFT, como instituto independiente, y no del gobierno.
La iniciativa tampoco especifica de manera puntual la estrategia que se seguirá para llevar a los usuarios el acceso pleno a la información.
Todo va ligado a una política pública de corto plazo, para que sea acomodada en el sexenio que actualmente transcurre con Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, pero no se incluyen cambios de fondo que –a largo plazo- puedan suponer más avances en esta materia.
Dos de las ausencias más graves, que es la exclusión de las radios comunitarias, lo cual impide su reconocimiento y regulación, así como mejoras en la calidad del servicio que prestan y, por otra parte, queda fuera una verdadera democratización de medios que asuma como plural la participación de todos, en especial de la ciudadanía, y no la inversión privada en las telecomunicaciones de México.
Foto: El Diario de Taxco
