(16 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Filiberto Hernández Martínez, es un ex militar, cuyo grado era el de subteniente del Colegio del Aire, hace poco más de dos años confesó haber abusado sexualmente de cuatro niñas y una jovencita, sin embargo, el hombre podría obtener su libertad en pocos meses, derivado a la inacción de las autoridades y la vaga importancia a las investigaciones de los delitos.
Entre 2010 y 2014, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, se perpetró una serie de homicidios, que puso en alerta a la población, porque se trataba de desapariciones de menores de edad, para luego ser encontradas muertas, con signos de tortura sexual.
En 2014, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí y la Dirección del Sistema Alerta Amber informaron de la detención de Filiberto Hernández Martínez, de 43 años. Según la información dada a conocer por las autoridades, el detenido es originario de Estación Velasco, en el municipio de Ébano, y en ese momento era propietario de un gimnasio en Tamuín, ahí se desempeñaba como instructor de zumba y karate.
Al momento de su declaración ministerial, Hernández Martínez declaró que fue subteniente del Colegio del Aire especializado en mantenimiento de aeronaves, trabajo que realizó en Coahuila y Chihuahua. Ahí mismo, el hombre confesó que cometió violaciones y asesinatos de mujeres en Tamuín desde 2010, mismos casos que las autoridades le habían atribuido a la delincuencia organizada o a “una banda de robachicos”.
Según la descripción de los hechos, el homicida, declaró que “arrojaba los cadáveres en un lugar cercano a la comunidad La Puntilla, en un cañaveral”, afirmó que en todos los casos actuó solo y en “sus cinco sentidos”, negando haber estado drogado o alcoholizado.
De las seis víctimas, cinco fueron menores de edad y una mujer de 32 años, quien trabajaba en una empacadora, y en el momento de su desaparición, se le vio por última vez saliendo de Ensacar, la empresa para la que laboraba. Al momento de su detención y declaración no se había podido localizar ningún cuerpo, y fue a lo largo de los meses que algunos fueron encontrados.
El primer caso que se presentó fue el 29 de octubre de 2010; se trató de la menor Rosa María Sánchez González, a quien secuestró, para después abusar de ella y finalmente asesinarla por estrangulamiento.
Adriana Martínez Campuzano, también perdió la vida a manos del mismo verdugo; ella tenía 13 años y la última vez que la vieron fue saliendo de la escuela secundaria, después de esa ocasión, no se le volvió a localizar. Según la declaración de Hernández Martínez “a ella me la llevé a la fuerza a mi casa, la violé, la estrangulé y después la aventé en ese camino comunal”.
A Dulce Jimena Reyes Rodríguez, la raptó, ella tenía nueve años, también abusó de ella para después causarle la muerte de forma violenta, según lo declarado por él. Una más de sus víctimas fue Itzel Romany Castillo Torres, de 12 años, quien desapareció el 24 de enero de 2013. Su mamá es policía estatal, antes estuvo en la corporación de Tamuín, y su padre es agente ministerial, a quienes el subprocurador de Justicia en la Huasteca Norte, Ricardo Eduardo Escobedo Martínez, les comunicó que sería difícil encontrar los restos, por el tiempo que había transcurrido, además de las circunstancias padecidas, puesto que hubo inundaciones e incendios en el perímetro señalado por el autor de los homicidios.
“Lo que sucedió durante el caso, es que siendo un hecho indescriptiblemente grave, la atención no fue la debida, se dejó pasar como cualquier otro delito ‘común’, se siguió lacerando a las familias y a la sociedad en general, la vida de las menores de edad y la manera en que fueron asesinadas no eran lo suficiente para que las autoridades dieran justicia”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Cristina Moreno.
Esto con referencia a que el presunto autor de los feminicidios, podría quedar en libertad luego de que la Quinta Sala Penal del Estado de San Luis Potosí, determinará a favor del inculpado a darle auto de libertad “por falta de elementos suficientes para procesar”.
“No hubo señales de tortura, no hubo falsas declaraciones, él lo confesó abiertamente e indicó el lugar donde enterró los cuerpos, algunos ya han sido localizados, no es una invención, pero no es suficiente.
Hernández Martínez, fue detenido, cuando se realizaba la investigación de la desaparición de Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años de edad, fue ahí cuando confesó e incluso dio los nombres de sus otras víctimas: Rosa María Sánchez de 15 años, Adriana Martínez Campuzano de 13 años, Itzel Romany Castillo Torres de 11 años y Dulce Ximena Reyes Rodríguez de nueve años, a todas ellas, dijo, las había llevado a su departamento, para abusar de ellas, para después estrangularlas, posteriormente llevó sus cuerpos a un cañaveral”, menciona Moreno.
Las familias han dado a conocer que teniendo la confesión del inculpado, el Ministerio Público consignó ante un juez cuatro casos por el delito de feminicidio. “Sin embargo, del 2010, fecha del primer ataque, al 2014, no se realizó una investigación exhaustiva que recabara más elementos en contra del presunto asesino, utilizando solamente la confesión como prueba contundente, la cual fue removida ya que el acusado argumentó que la confesión fue hecha bajo tortura”.
Dentro de las pruebas que han dado a conocer las familias, se encuentran la camioneta de Hernández Martínez, donde se localizó cabello de dos víctimas, sangre, objetos que usó para estrangularlas y otros para abusar de ellas sexualmente.
Sin dejar de contar los cateos, los testimonios de vecinos y las declaraciones de testigos, sin embargo no fueron pruebas que fueran desahogadas debidamente por el Ministerio Público, durante las acusaciones penales.
“Las familias de las víctimas están padeciendo, sumado al dolor de los hechos, un sufrimiento más, el acusado podría quedar en libertad, porque si ‘no existen suficientes pruebas’ para que sea finalmente condenado, es porque la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no las presentó, no las tiene, porque no ha hecho las investigaciones correspondientes, por supuesto que de salir libre, podría continuar haciendo este tipo de atrocidades.
Pareciera que las autoridades ahora son cómplices lo protegen y lo invitan a que salga libre, viole a más niñas, tal vez el día de mañana sea la de alguno que lo dejó en libertad, suena cruel, pero en este país si a la autoridad no le pasa, si no le duele directamente, los demás no existen”, denuncia Moreno.
