(13 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En lo que va del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, 17 periodistas han sido asesinados, mismos que han sido señalados por la administración estatal por sus ‘probables nexos’ con el crimen organizado y cuyos casos no han sido esclarecidos, lo que significa la repetición de la violencia por el estado de impunidad.
Luego del homicidio de la reportera del Sol de Orizaba, Anabel Flores de 32 años y madre de dos bebés, -quien fue secuestrada por hombres armados en su domicilio el lunes pasado y apareció sin vida en Puebla- como era de esperarse el gobierno de Javier Duarte se ha deslindado y como lo ha hecho con cada uno de los comunicadores que han sido asesinados, ha criminalizado a las víctimas, amputándoles presuntas relaciones con el crimen organizado y dejando de lado su labor periodística.
La mayoría de los periodistas que han sido asesinados cubrían la fuente policiaca o movimientos sociales, razón por la cual el gobierno cínico de Duarte ha tratado de deslindarse de la ola de violencia y represión que viven los periodistas, en un estado de censura y masacre contra cualquier actividad crítica hacia el corrupto gobierno coludido con el crimen organizado.
Entre los casos más sonados destacan los asesinatos de los reporteros Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Regina Martínez y Rubén Espinosa, cuyos homicidios fueron los más mediáticos pero no los únicos importantes, pues todos los comunicadores caídos representan una voz que se apaga en medio del silencio sepulcral que ha instalado el gobierno de Duarte.
El 28 de abril de 2012, la corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada en su domicilio por sujetos armados, por lo cual las autoridades concluyeron que fue víctima de robo y de un crimen pasional, además que “ella tenía la culpa porque vivía en una zona peligrosa”. Entre las líneas periodísticas que trabajaba estaba la de las violaciones de las Fuerzas Armadas.
El 6 de febrero de 2014, el reportero del diario Notisur, Gregorio Jiménez, fue asesinado tras haber desaparecido seis días antes, sin embargo, Javier Duarte atribuyó el crimen a problemas personales que tenía el comunicador.
Caso similar al del director del diario local La Unión, Moisés Sánchez, quien fue secuestrado por sujetos armados y su cuerpo apareció decapitado el 24 de enero de 2015, no obstante, el gobernador priísta afirmó que sólo era un “taxista”.
Otro de los casos más sonados fue el del fotoperiodista del semanario Proceso, Rubén Espinosa, quien fue asesinado con cuatro mujeres en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México el 31 de julio, luego de haber denunciado amenazas del gobierno de Veracruz, sin embargo, de nueva cuenta Duarte se deslindó al referir que no tuvo nada que ver con el homicidio.
A estos casos se les suman los asesinatos de Juan Mendoza Delgado, Armando Saldaña, Octavio Rojas, Sergio Landa Rosales, Miguel Morales, Víctor Manuel Baez, Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Ana Irasema Becerra Yolanda Ordaz, Misael López, Miguel Ángel López y Noé López, quienes han sido asesinados en la administración de Javier Duarte.
Veracruz, con casi el 15 por ciento de los asesinatos contra periodistas se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para el ejercicio periodístico en el planeta, y aunque diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales han alertado por la ola de violencia y represión que se vive en la entidad, Javier Duarte cuenta con el respaldo total de Enrique Peña Nieto y terminará su sexenio sin ninguna acusación penal en su contra.
