(23 de diciembre, 2014).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las respectivas administraciones federal y de Guerrero, que otorguen medidas precautorias a quienes estén involucradas con el caso Iguala, especialmente para salvaguardar la integridad de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, así como de quienes se encargan de defender dichas garantías en relación a la desaparición de los normalistas.
De acuerdo al órgano que encabeza Luis Raúl González Pérez, las medidas que solicitan deben obligar a los funcionarios de gobierno a que instruyan, dentro de su área de influencia, a otros funcionarios de ambos niveles (especialmente a los responsables de la seguridad) para que no emitan opiniones que revictimicen y pongan en riesgos los familiares de las víctimas y a los defensores de los derechos humanos.
Asimismo, se solicita que ambos niveles administrativos enseñen a sus funcionarios a garantizar un trato digno y respetuoso para quienes sean favorecidos por el organismo.
El pasado viernes, la Comisión informó que fueron canalizados dos comunicados a Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y a Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador de Guerrero, donde se les informa que tienen conocimiento de opiniones y expresiones utilizadas por servidores públicos a través de medios de comunicación donde se descalifica a los protectores de las garantías mínimas y a las familias de Ayotzinapa, así como a otros personajes involucrados en casos de desaparición.
Por ello la CNDH hizo hincapié en que llevan a cabo pesquisas en torno al ataque sufrido por los normalistas el pasado 26 de septiembre; las fosas de Guerrero, donde vigila que las autoridades responsables “cumplan su labor de brindar seguridad y protección a las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y evitar al mismo tiempo que hechos como los acontecidos queden impunes”.
