CIUDAD DE MÉXICO – En lo que se perfila como la transformación laboral más profunda desde 1974, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República inician formalmente este martes 10 de febrero la dictaminación de la reforma al artículo 123 constitucional. El proyecto busca reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales, una medida que el Gobierno Federal y la bancada de Morena han calificado como “justicia social” para la clase trabajadora.
El esquema de aplicación: Gradualidad y flexibilidad
A diferencia de las primeras propuestas que sugerían un cambio inmediato, el dictamen actual contempla un periodo de transición de cinco años. Este esquema busca proteger la productividad y permitir que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PyMES), ajusten sus costos operativos.
El calendario de implementación obligatoria previsto es el siguiente:
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2026: Año de transición y adecuación legal (sin reducción obligatoria).
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2027: Reducción a 46 horas semanales.
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2028: Reducción a 44 horas semanales.
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2029: Reducción a 42 horas semanales.
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2030: Consolidación de la meta final de 40 horas semanales.
El debate por el descanso: “40 horas, no 2 días”
Un punto que ha generado controversia es la decisión de los legisladores de priorizar el tope de horas sobre el número de días de descanso. El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró que la reforma mantiene la premisa de un día de descanso por cada seis de trabajo, aunque con el límite de 40 horas.
Esta flexibilidad permitirá que las empresas y trabajadores negocien la distribución de las horas. Por ejemplo, se podrían trabajar cuatro jornadas de 10 horas, o mantener seis días laborados con jornadas más cortas. No obstante, partidos de oposición como Movimiento Ciudadano han criticado esta medida, señalando que sin un segundo día de descanso obligatorio, la reforma “da gato por liebre” y podría no aliviar el desgaste de los trabajadores que enfrentan largos tiempos de traslado.
Impacto económico y nuevas reglas de horas extra
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que el cambio no generará un impacto presupuestario directo para el gobierno. Sin embargo, para el sector privado, el dictamen introduce reglas estrictas sobre el tiempo extraordinario:
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Horas extra triples: Cualquier tiempo que exceda el nuevo límite deberá pagarse con un 200% adicional al salario ordinario.
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Tope de tiempo extra: Se permitirá un máximo de 12 horas extra semanales (distribuidas en máximo 4 horas diarias por 3 días).
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Registro electrónico: Las empresas estarán obligadas a llevar un registro digital de la jornada para evitar abusos y facilitar la inspección laboral.
“Lo importante son las 40 horas de trabajo; queremos que el beneficio llegue directo a los más de 13 millones de mexicanos sujetos al apartado A de la Constitución sin afectar sus salarios”, afirmó Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Por otro lado, sectores empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han aceptado el esquema gradual, aunque advierten que el reto será elevar la productividad por hora, dado que México es uno de los países de la OCDE donde más horas se trabajan anualmente (2,207 en promedio) con los niveles de eficiencia más bajos.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
Tras la dictaminación en comisiones, el proyecto pasará al pleno del Senado para su primera lectura y posterior votación. Al ser una reforma constitucional, requiere la aprobación de la mayoría calificada (dos terceras partes) y el respaldo de al menos 17 congresos estatales. Se espera que el proceso concluya antes de que termine el presente periodo ordinario de sesiones para que el marco legal entre en vigor en mayo de 2026.
