Por: Ivonne Acuña Murillo
Cuando un miembro de uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que formalmente existen para brindarte seguridad física y patrimonial te dice que “debes armarte para protegerte”, algo no está bien. Hace unos días, el senador del PAN Jorge Luis Preciado anunció una propuesta de reforma para que los mexicanos puedan estar armados en todo momento, en su automóvil, en su negocio, en su casa, para defenderse de la delincuencia.
Esta iniciativa no puede ser más que el reconocimiento de que el Estado mexicano ha fallado en su obligación primordial y de que de hoy en adelante deberás defenderte como puedas.
La manifiesta incapacidad, espontánea o planeada, de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para brindar seguridad a la población bajo su responsabilidad, aunada a una impunidad que supera el 95%, dan la razón a Preciado, quien afirmó que “Tenemos derecho a la legítima defensa y si un delincuente se mete a mi casa o va a mi negocio, por lo menos va a saber que del otro lado puede haber alguien que tenga un arma para responder”.
Teóricamente hablando, estaríamos, de aprobarse semejante iniciativa, entrando al “estado de naturaleza”, ese en el que el pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, describió como un estado de guerra permanente en el que se da la lucha de todos contra todos. Parafraseando al mismo autor, en el “estado de naturaleza” el hombre se comporta como lobo del hombre.
La solución que Hobbes encontró para hacer desaparecer el “estado de naturaleza” fue precisamente la creación del Estado y la renuncia por parte de sus ciudadanos al derecho a defenderse por sí mismos, en el entendido de que la máxima autoridad política lo haría, evitando con eso que cada quien hiciera justicia por su propia mano.
A pesar de tener razón, en cuanto a la indefensión en la que se encuentra la población mexicana frente al crimen organizado y no organizado, la propuesta de Preciado nos llevaría de regreso a épocas en las que, ante la falta de autoridad organizada, la gente debía armarse y defenderse.
Pero el punto aquí es que México sí cuenta con dicha autoridad, lo que lleva a la pregunta ¿Qué es entonces lo que está fallando? La respuesta a esta pregunta puede plantearse en términos de la estrategia seguida, en especial por el gobierno federal que ha sacado al Ejército a las calles ante la contundente incapacidad de las policías federal, estatal y municipal, y ha intentado implantar el mando único, para hacerle frente a los grupos de la sociedad que han hecho de los diversos delitos un exitoso “negocio”.
Estrategia que a todas luces no es adecuada pues de nada sirve establecer el mando único de las policías municipales o el Sistema Nacional de Policías, acompañados de retenes militares, comisionados, como el ex de Michoacán, hoy titular de la CONADE, Alfredo Castillo, “quién sabe mucho de deportes”, o poner patrullas, civiles o militares, en zonas rurales y urbanas donde se han denunciado secuestros, asaltos, violaciones, asesinatos, si al cabo de un tiempo hay que llevar esa estrategia a los lugares a donde se han ido a operar los mismos delincuentes que asolaban la región “protegida”, a la que regresan una vez que se declara “el éxito de la estrategia”, y el lugar vuelve a quedar en sus manos mientras las autoridades se trasladan a otro sitio, declarado en alerta de seguridad, iniciando de nuevo este funesto ciclo, el llamado “efecto cucaracha”. Es como una fuga de agua que se multiplica: se tapa la salida del agua y ésta encuentra la manera de salir por otro orificio y una vez cerrado éste lo hace por otro lado.
Se puede también responder en términos de la mucha o poca voluntad política de los gobernantes en sus diferentes niveles para resolver un problema que se ha generalizado y que pone en riesgo a todo mundo, menos a quienes pueden pagar, con recursos privados o públicos, sofisticados planes de seguridad con autos blindados, sistemas de circuito cerrado en sus casa y oficinas, botones de alarma, casetas de vigilancia, cercas electrificadas, guaruras armados y patrullas incluidas.
Una tercera posibilidad de explicación se relaciona con la serie de complicidades que funcionarios de todos los niveles de gobierno han establecido con bandas del crimen organizado ante las redituables ganancias que les producen “hacerse de la vista gorda”, “cooperar” o cometer directamente aquellos delitos que agravian enormemente a la sociedad a la que deberían servir, porque eso sí, no dejan de cobrar su sueldo.
Una cuestión más estructural, que la incapacidad, la voluntad y la complicidad, tiene que ver con la violencia que genera un sistema económico-político que a nivel mundial ha impuesto los intereses de una pequeñísima minoría, el 1% de la población, sobre las formas de vida, trabajo, seguridad y aún el futuro del resto que tiene que pelear por los recursos que aún no se ha apropiado ese minúsculo y rapaz porcentaje de la sociedad.
Este sistema conocido como “capitalismo neoliberal” ha propiciado el desmantelamiento de formas tradicionales de producción, intercambio, distribución y consumo a través de la competencia desigual y la imposición de lógicas económicas y financieras y la depredación ecológica de amplios espacios, provocando que comunidades enteras se vean obligadas a migrar al perder sus modos de vida. No es de extrañar entonces que hoy México sufra crisis humanitarias en sus fronteras, en las que miles de migrantes haitianos, africanos, centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos, país que consideran, de manera desesperadamente romántica, puede brindarles las oportunidades que sus naciones han dejado de ofrecerles. Con mucha probabilidad la mayoría de ellos y ellas serán víctimas de la delincuencia organizada, sufriendo los delitos por ésta cometidos o enrolándose en sus filas como única opción de sobrevivencia.
Este tipo de capitalismo ha trastocado también el esquema de valores encaminado al bien común, colocando como valor principal al dinero, siendo la riqueza ya no el producto del trabajo honrado a lo largo del tiempo sino el resultado de la especulación financiera, el robo, el fraude, las complicidades multiplicadas, pues hay que enriquecerse rápido y a como dé lugar, colocando a la vida en todas sus formas, a la integridad física y moral como mercancías intercambiables por dinero u otros bienes, en el “mejor” de los casos, o como “cosas” desechables, en el peor de ellos.
La artificial escasez de recursos, propiciada por una producción y distribución interesada en amasar grandes fortunas y no en beneficiar a quien no puede pagar, la miseria, la precariedad, el desempleo y la pérdida de aquellos valores que permiten la vida en comunidad, se suman a la incapacidad, la falta de voluntad y la complicidad de gobiernos locales, para crear un caldo de cultivo propicio a la violencia criminal que parece desbordar a cualquier Estado democrático, haciendo su tarea fallida.
En este contexto, la propuesta de Preciado no puede sólo desecharse por descabellada que parezca, debe ser el inicio de un debate que tenga como propósito replantear el pacto entre la sociedad y el Estado y el papel que cada uno debe desempeñar ante una violencia que, dado el contexto, aumentará hasta niveles insospechados poniendo en riesgo la vida como hoy la conocemos, llevándonos a situaciones límite, donde la autoridad política ya no nos represente y la “justicia por propia mano” se convierta en una constante.
De hecho, los ejemplos de lo que puede venir saltan a la vista, basta recordar el caso de los grupos de autodefensa en Michoacán y otros estados de la República, los cuales fueron formados por pobladores hartos de los abusos de las bandas del narco y de la inactividad y/o complicidad de las autoridades locales y federales. Versiones homologas a las autodefensas pueden encontrarse en barrios, colonias y pueblos donde la gente se organiza para vigilar, hacer rondines, atrapar y, en ocasiones “castigar” delincuentes. A este fenómeno se le conoce como “vigilantismo”.
Un fenómeno más, preocupante por sus consecuencias, es el linchamiento de supuestos delincuentes por parte de vecinos de diferentes localidades, llevándose los primeros lugares el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México.
De acuerdo con el estudio realizado por los investigadores del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, el país pasó de registrar entre uno y nueve casos anuales de linchamiento a un mínimo de 20 casos y un máximo de 47 por año, aunque como indicador de que el fenómeno aumenta, en 2015 se contabilizaron 62 casos. Para no ir más lejos, hoy, en calles donde la gente se ha organizado para vigilar y defenderse, pueden encontrarse mantas donde se advierte: “Si te atrapamos robando serás linchado” o “Vecinos unidos en contra de la delincuencia. Si te agarramos robando ya valiste madre y te linchamos”.
Para concluir con los ejemplos de lo que puede convertirse en “habitual” en el futuro cercano, se recoge aquí lo que el sitio Revolución TRESPUNTOCERO reportó la tarde del 24 de junio de 2016, cuando habitantes de Zacualpan, Tlaxcala, intentaron linchar a cuatro sujetos al sorprenderlos, presuntamente, intentando robar en una casa. “A decir de los habitantes, en la comunidad estos eventos son continuos y no se castiga a los delincuentes por lo que bastó el repique de las campanas, para congregar a cientos de pobladores enfurecidos por la situación y dispuestos a linchar a los delincuentes.”
