Por: Natalia Antezana Bosques
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México fue puesto como ejemplo de la problemática de desapariciones forzadas, fenómeno vigente en todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. Gianni Magazzeni, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, explicó que “muchas sociedades experimentaron ese flagelo en diversos momentos de su historia, en particular en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, cuando existieron patrones sistemáticos de desaparición forzada”, según el diario Prensa Latina.
En la dictadura de Pinochet, en Chile, existieron 3065 muertes y desapariciones, entre septiembre de 1973 a 1990, según un informe presentado al gobierno chileno, y reportado por el diario El País. En la dictadura de Videla, en Argentina, se han constatado más de 9 mil casos de desapariciones, según datos del Ministerio de Educación. Y, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sexenio del ex presidente conservador Felipe Calderón, en México, hay 48,300 desaparecidos en 7 años (2005-2012), de las cuales -por lo menos 726- se tiene documentado que fueron desapariciones forzadas.
Gianni Magazzeni señaló que, en el caso mexicano, “la responsabilidad del Estado ha sido desvirtuada al atribuirse el origen de la mayoría de los casos a las luchas dentro del crimen organizado”. En otro sentido, Raul Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, señaló también que muchos de los homicidios son cometidos por agentes del estado o por delincuentes en coordinación con el estado.
Según la CIDH, se considera una desaparición forzada a “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. De hecho, esta Comisión considera a la desaparición forzada un crimen de lesa humanidad.
En un tratado de las Naciones Unidas, en el cual se reconoce el 30 de agosto como el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, se recuerda que las víctimas tienen el derecho de “conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”.
