México es el imperio de la impunidad, en donde no se cumple el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita. A pesar de masacres como las de Tlatlaya y Apatzingán o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre miles de casos que abultan las estadísticas oficiales, y que causaron escándalo a nivel internacional, los responsables gozan de total impunidad: no son investigados, ni perseguidos, ni detenidos, ni procesados, ni condenados. Lo peor es que en el corto y mediano plazo la situación permanecerá sin variaciones. La oferta política de los candidatos a cargos de elección popular carece de propuestas serias para terminar con la inseguridad, la corrupción, la miseria, el crimen y la impunidad.
El índice global de impunidad (IGI) ubica a México en el segundo lugar en la lista de países con mayor nivel de ese flagelo. América Latina presenta los más altos índices de impunidad a escala mundial y México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador ocupan los más altos en la región, de acuerdo con un reporte presentado la semana pasada por el rector de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez. En dicho estudio participaron además de la UDLAP, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP), la Ofician de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Los altos niveles de impunidad agudizan la inseguridad, la violencia y la corrupción, sostiene Derbez, quien subraya que detrás de la impunidad en México hay problemas de estructura y funcionamiento en seguridad pública e impartición de justicia. A su vez, Antonio Le Clerq, Jefe de Departamento de Políticas de la UDLPA, señala que el reporte evidencia una correlación con la corrupción, ya que “a mayor corrupción, mayor impunidad; y con el índice de desarrollo humano, menor corrupción”. Cabe destacar que el índice estima un promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México tiene sólo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes.
La administración de la justicia en México presenta grandes fallas, que se evidencian en una clara sobrepoblación del sistema penitenciario favorecida por la saturación judicial, misma que no se da abasto para sentenciar oportunamente a toda la población encarcelada. No se lleva a cabo la apertura de procesos de averiguación de la mayor parte de las personas sospechosas, detenidas, arrestadas o que se encuentran bajo arraigo. Las deficiencias del sistema de justicia se vislumbran en el hecho de que la mitad de la población detenida se encuentra sin sentencia (46%). Además, hay un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a los tribunales.
A México le urge atender la funcionalidad de sus sistemas de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Se debe optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. Es indispensable aumentar el número de jueces, a fin de reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también la sobrepoblación de las cárceles.
Resulta en extremo extraño que se monten escenarios en cárceles sobresaturadas en los cuales lo que se tiene como objetivo es la fuga de reos peligrosos y pasan las horas y como si no tuvieran un registro exacto, el que debe tenerse por las mañanas y por las tardes para poder pasar lista, ninguna corporación policiaca tenga información al respecto y aquellas que tienen internos en las prisiones estatales no exijan que se inmediato se dela información sobre si están o no tras las rejas todos aquellos que quedaron bajo su responsabilidad. Dicho por los propios directores de penales: “los reos no se fugan porque no quieren porque no contamos con elementos suficientes, con custodios que, por ejemplo, en los días de visita pudieran contener una ola en la que se decidieran a abandonar el penal unos y otros y hasta sin uniforme”.
