(08 de noviembre, 2013).- México está en deuda. La calificación que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México otorga al Estado, se refiere al cálculo negativo que las acciones gubernamentales representan frente a las demandas de seguridad y garantía a periodistas y defensoras ante la inseguridad en el país. Deficientes. Como muestra, en cuatro años se triplicaron las recomendaciones en esta materia hechas a México durante el Examen Periódico Universal (EPU). De siete en 2009 a 28 en 2013.
Yunuhen Rangel, coordinadora de redes de periodistas y programas de libertad de expresión y género en Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), advierte que en los últimos dos años han aumentado en un 300 por ciento las agresiones a defensoras y periodistas en el país.
La violencia va desde psicológica, laboral, sexual o desplazamiento forzado, hasta el asesinato. Yésica Sánchez Maya, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, externa que el problema se concentra en la negligencia de las autoridades: un promedio del 60 por ciento de las agresiones se rastrea precisamente a instancias gubernamentales, por lo que el problema en la ejecución de justicia, procesos y garantías mínimas de trabajo no existen.
“Si no matan a la defensora no es grave”, dice Sánchez Maya y continúa enlistando las omisiones por parte del gobierno, “hay una permisividad concertada por parte del Estado en este problema”.
A la gravedad que recogen los casos documentados, se suma el subregistro: el Estado no tiene ningún mecanismo para contabilizar los casos ni da las garantías básicas para que las víctimas denuncien y tengan la certeza de una investigación adecuada y protección a su integridad.
“Vivimos en la simulación y en la mentira” dice Graciela Ramos Carrasco, fundadora de Mujeres por México en Chihuahua, al hablar sobre la imagen estatal y nacional que los gobernantes hacen del diagnóstico de seguridad en el país. Ramos Carrasco pone como ejemplo el caso de Estela Ángeles Mondragón.
El esposo de Estela fue asesinado hace dos años. Su caso sigue en averiguación previa. Su hija fue herida de bala. Estela lleva 20 años en la defensa de las tierras tarahumaras contra el acaparamiento de ganaderos de Chihuahua. Ha interpuesto 32 demandas y ha ganado 15. Llegan amenazas diariamente, su oficina ha sido saqueada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas cautelares. No hay nadie que pueda garantizar su seguridad.
Y Cristina Hardaga, coordinadora de interlocución estratégica y política en Asociadas por lo Justo – Mesoamérica, insiste “el Estado mexicano está en deuda con los defensores y periodistas”.
