Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(09 de marzo, 2015).- El caso Ayotzinapa debe ser el gran dolor de cabeza para Peña Nieto, y con justa razón. Esta vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de investigar de manera directa el caso Ayotzinapa, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que el gobierno de Peña está muy lejos de librarse del escrutinio internacional producto de los abusos que se han cometido en México.
Cabe recordar que el Comité está formado por especialistas en derecho penal y derechos humanos, tales como Claudia Paz y Paz, Francisco Cox Vidal, Alejandro Valencia Villa, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristáin y que iniciaron sus labores el pasado 1 de marzo.
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Su primer acercamiento fue con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos así como con los representantes legales, a su vez se reunieron en la Ciudad de México con la nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, y con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
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La conformación del Grupo fue en función de la visión que la CIDH tiene hacia México donde lo observa como “un país que pasa por una grave crisis de derechos humanos”, advirtió el director del Centro Pro, Mario Patrón Sánchez, una de las diversas organizaciones encargadas de representar a las familias de los estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero.
A su vez Patrón reflexionó acerca de los riesgos que supondrían al gobierno de Peña el no acatar y/o atender las observaciones de los expertos independientes además de los alcances del acuerdo de asistencia técnica, que fue firmado en noviembre pasado por representantes del mexiquense.
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Además agregó que los hechos en Iguala son tan graves que “por primera vez la CIDH manda un grupo de expertos con unas amplias facultades y posibilidades”, lo que lo convierte en un hecho “sin precedentes”.
Y relata que, aunque la CIDH otorgó una asistencia similar cuando murió la activista Digna Ochoa, lo que se diferencia en esta ocasión es que el resultado de las indagatorias que lleve a cabo el GIEI “es vinculatorio en la medida en que fue el propio Estado quien asume su compromiso de someterse a ese mecanismo de escrutinio. Los padres lo solicitan, ellos (los integrantes del gobierno de Peña Nieto) dicen que sí y se fue construyendo”.
