(08 de abril, 2016.RevoluciónTRESPUNTOCERO).- México está lejos de tener políticas públicas, mecanismos y programas efectivos para atender el problema del desplazamiento interno relacionado con la violencia, coincidieron expertas.
La respuesta del Estado ante esta problemática ha sido: la aprobación de dos leyes estatales no reglamentadas, la falta de reconocimiento oficial y la poca disposición para la atención; no obstante, el Gobierno mexicano aseguró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que trabaja en un plan robusto y con enfoque de género para la atención de desplazados.
De acuerdo con la doctora Laura Rubio Díaz-Leal, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), desde la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en enero de 2014 a la fecha, sólo seis casos están en su registro.
“El problema de las leyes sobre desplazamiento interno en Chiapas y en Guerrero es que no están reglamentadas, entonces hasta ahorita han sido letra muerta. Eso quiere decir que en términos legislativos tenemos un nulo avance en el área legal para dar protección a los desplazados. En términos de política, de diseño de programas para desplazados internos todavía estamos muy lejos de tener la respuesta que se merece”, comentó Rubio, durante una conferencia sobre derechos humanos en Antiguo Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La investigadora agregó: “La única legislación donde de manera amplia se menciona el problema de desplazamiento es en la Ley General de Víctimas de 2013. Ahí se menciona el desplazamiento interno en varios artículos. Sin embargo, desde que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al día de hoy, en el Registro Nacional de Víctimas sólo aparecen seis casos de desplazados”.
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, directora del área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), informó que en diciembre de 2015, por medio de solicitudes de información, pidieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que diera a conocer el registro de víctimas de desplazamiento interno, sin embargo, el organismo les respondió que no había ni un solo caso.
“Preguntamos cuántas personas había registradas como víctimas del desplazamiento forzado, a qué estado de la República pertenecían, dónde se encontraban y en qué año ocurrió este fenómeno. Le preguntamos de los casos a nivel federal y estatal. Y lo que nos respondieron, después de una ‘búsqueda exhaustiva en su base de datos’, es que no lograron encontrar ni un registro del desplazamiento interno como un hecho victimizante”, declaró Brenda Pérez a Revolución TRESPUNTOCERO.
La defensora de derechos humanos detalló que en la CMDPDH acompaña varios casos de desplazamiento forzado e incluso están siendo atendidas por la CEAV, gracias a eso se dieron cuenta que probablemente el organismo no está registrando a los desplazados de la forma adecuada.
“Lo que hemos visto es que las personas están registradas como víctimas del delito, es decir: que están inscritas por despojo o por desaparición, que eso a su vez provocó el desplazamiento”, dijo Pérez.
Brenda Gabriela Pérez explicó que mientras no se registren a las víctimas de la forma adecuada, no se les puede dar la atención integral con un enfoque diferenciado, que brinde reparación del daño como atención médica, psicológica, apoyo en materia de vivienda, educación, empleo, facilidades legales que permitan devolverles a las personas afectadas sus capacidades sociales.
La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calcula que al menos existen 281 mil desplazados por culpa de la violencia relacionada con grupos criminales. Sin embargo, este conteo sólo toma en cuenta éxodos de comunidades completas y no contempla el registro de casos “gota a gota”, que por su naturaleza, se trata de personas o familias que se mueven pero no dejan rastro para no ser perseguidas.
De 2011 a 2016, se han registrado 154 episodios de desplazamientos masivos –más de 10 familias–, según la CMDPDH. Los estados donde impera este fenómeno son: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas; justo las entidades donde hay operaciones del crimen organizado.
En el informe “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, realizado por la doctora Laura Rubio y Daniela Bachi, refiere que el recrudecimiento de la lucha por distribución de drogas de los cárteles, las luchas por el control del territorio y otros delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso, secuestro, distribución y venta de drogas en el mercado local provocaron los éxodos de desplazamiento interno.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha reconocido el desplazamiento interno de forma oficial. El miércoles durante las audiencias públicas celebradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, organizaciones civiles denunciaron que el Estado no atiende la problemática.
En respuesta, Miguel Ruiz Cabañas. Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, respondió que en la Secretaría de Gobernación (Segob) hay una mesa interinstitucional para atender el fenómeno y que México trabaja ya en un plan con enfoque de género y especializado en atención a población indígena, para el desplazamiento forzado.
No obstante, diversas organizaciones aseguraron que desde inicios de 2015 solicitaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos que las dejaran participar en la mesa interinstitucional pero sólo participaron dos veces, después de abril del año pasado no volvieron a tener respuesta.
