A nivel internacional la administración de Enrique Peña Nieto logró consolidar una imagen de México con los peores índices de reputación. En poco más de tres años, la gestión del mexiquense construyó una percepción de corrupción y violencia generalizada, con un impacto directo en la economía. Los más altos funcionarios federales demostraron saber poco de desarrollo económico y social o de eficiente administración de los recursos públicos. Sin embargo, se aprecian de saber de medios, no en balde se considera al actual inquilino de Los Pinos como un presidente mediático. De ahí la decisión de reactivar la narco-novela de Joaquín El Chapo Guzmán, con el nuevo capítulo: La Extradición.
El estudio Country RepTrak, realizado por el Instituto de la Reputación (IR) confirma: “la reputación de México está por los suelos en Estados Unidos; la percepción del país sólo es mejor que Rusia, Irak e Irán. Hasta Cuba y Venezuela lo superan”. A nivel global está por debajo de la media, con 50.1 puntos de 100, y se ubica en el lugar 37 –de 52 países evaluados-, 13 puestos por debajo del promedio de 56.3 puntos y muy lejos de Canadá, país con mejor reputación con 78.1 puntos. Fernando Prada, socio director del Instituto de la Reputación para Latinoamérica y la Península Ibérica, subraya: en Estados Unidos –su principal socio comercial- es el país donde México tiene sus peores índices de reputación (con 30 puntos)
Para mejorar la reputación del país, considera Prada, hace falta una alianza entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, a fin de construir un proyecto de marca País Fuerte, el cual transmita a México como un socio comercial confiable. El problema, sostiene el especialista, “está en el tema económico e institucional, ahora mismo se percibe un desarrollo institucional débil, corrupción, falta de institucionalidad”. Esta es una asignatura pendiente para la actual administración federal, la cual podemos adelantar no la aprobará pues están concentrados sólo en el enriquecimiento personal de las familias en el poder. Los negocios desde el poder público y las licitaciones tras las reformas estructurales lo demuestran.
El país está lastimado por la corrupción peñanietista. La Arquidiócesis de México señaló el domingo: “el país es un experimento político de sistemas y medidas anticorrupción que, en diferentes épocas, fracasaron”. En la actualidad, se crea un sistema anticorrupción, que se entrega a institutos “en el más bajo nivel de confianza ante la percepción ciudadana, en ellos está el éxito o el fracaso de este tema”. En el editorial el semanario “Desde la fe”, destacó: “esos experimentos han dejado sólo elefantes blancos que nunca arrojaron resultados contundentes”. La primera parte del actual sexenio, subrayó, quedó “en la parálisis: tres años perdidos en los laberintos de las palabras, discursos y congeladoras, mientras la Secretaría de Función Pública fue reducida a simple entidad, receptora de trámites y contratos, con un encargado de despacho, aunque con sueldo de secretario de Estado”.
En la publicación se indicó: “Fueron tres años convulsos por los escándalos de corrupción, melodramas mediáticos y resistencias por mostrar la cara impávida del “yo no fui”; las inercias condujeron a la reinstalación de un secretario de la Función Pública que sentenció lo predecible, nadie es culpable, todos están exentos de responsabilidad, al fin juez y parte”.
Por eso, a falta de pan, solo circo ofrecen. Este es el caso de la narco-novela de Joaquín El Chapo Guzmán, un caso sólo para el entretenimiento y distracción de la opinión pública nacional. Sin explicaciones y casi subrepticiamente, el gobierno de Peña Nieto trasladó el fin de semana a Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de El Altiplano al Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua. El jefe del Cártel de Sinaloa está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, en donde es requerido por diversos delitos, a pesar de aún no ser resuelta su situación jurídica. La Fiscalía de California registra 79 delitos contra El Chapo.
Un juez federal opinó es procedente la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán por un solo delito de narcotráfico, confirmó en un comunicado, este lunes, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Adrián Rivera López, Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, emitió la opinión jurídica a favor de entregar al capo únicamente por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. “Lo anterior, en virtud de considerarse cumplidos los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”.
El expediente en cuestión corresponde a una orden de captura librada desde 1996 contra Guzmán Loera por la Corte Federal del Distrito Sur de California en San Diego, por decenas de cargos de narcotráfico, la cual fue tramitada ante México en extradición hasta febrero de 2001. En la Corte de San Diego, se le imputa a El Chapo traficar drogas de 1989 a 1996 en latas de chile, cajas de sopa y pollo empaquetado, por las vías terrestres y aéreas, así como por narcotúneles. Sus ganancias mensuales en aquella época ascendían a 700 millones de dólares mensuales, según el expediente de extradición 3/2001.
Muy puntuales para lograr castigos para el capo en aquel país, dejando impunes la serie de asesinatos y desapariciones perpetrados en suelo mexicano. Allá se aplicará la ley, aquí solo se trata de lavarse las manos y dejar muy en claro la incapacidad para cuidar hasta a quienes están tras las rejas.
SUBE NARCOVIOLENCIA
La violencia ligada al narcotráfico sigue incrementándose en diversas entidades del país. En Jalisco, se recrudeció desde los ataques y bloqueos del 1 de mayo de 2015, atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde esa fecha hasta el 25 de abril de 2016, se han registrado mil 195 personas asesinadas en la entidad, de acuerdo a cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
La ola de violencia responde a una reestructura de las organizaciones delictivas, sostiene la Fiscalía General del Estado. En los últimos meses, la estela de sangre se recrudeció por una disputa entre dos células criminales. También se han registrado asesinatos de alto perfil: en ese periodo se suscitó el homicidio del priísta y delgado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero, en junio de 2015, así como la ejecución del supervisor de la Comisaría de Tlaquepaque y sus dos escoltas en febrero pasado.
En Guerrero, Acapulco se mantiene como el primer lugar en el cuadro de terror con 312 desaparecidos en 2015. Desde 2012, los números rojos de asesinatos se volvieron ultraviolentos. El año pasado Acapulco fue considerada la segunda ciudad más peligrosa del mundo con casi mil 200 asesinatos. Los habitantes de las zonas marginadas se han acostumbrado a los tiroteos diarios y a las ejecuciones. La violencia ha bajado hasta la zona turística de la costera Miguel Alemán.
El crimen organizado se ha apropiado de Tamaulipas y contamina las campañas políticas. Los dirigentes nacionales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PAN, Ricardo Anaya, respectivamente, cruzaron acusaciones por candidatos presuntamente ligados con el narcotráfico. El PRI expulsó a tres abanderados suyos a alcaldes en esa entidad (Reyes Zúñiga Vázquez, candidato a la alcaldía de Hidalgo; Luis Césareo Aldape, a la presidencia municipal de Mainero; y Gustavo Estrella Cabrera, al ayuntamiento de Villagrán) y analiza señalamientos para, en su caso, denunciarlos ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque fueron “amenazados o comprados” por el narcotráfico para apoyar al candidato del PAN a gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La “estrategia del miedo” utilizada por las organizaciones criminales se sigue aplicando en diversas entidades del país. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de una personas calcinada en el Fraccionamiento Santa Mónica, al suroriente de Ciudad Juárez. La víctima estaba atada de pies y manos y tenía el 80 por ciento del cuerpo quemado.
