(05 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado viernes se otorgó a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C., empresa paraestatal adscrita a la organización Antorcha Campesina, los derechos para el uso de 150 hectáreas de la zona conocida como “Los Tlateles” o “El Moño”. Como estipula un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), las 150 hectáreas de Los Tlateles deberán ser destinadas para el proyecto del Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO), de las cuales el 40% de las tierras lo que equivale a 60 hectáreas, tienen permiso para comercializarse. Lo anterior contrasta directamente con la pugna que sostienen ejidatarios de Chimalhuacán desde septiembre de 2014 en el que se alega el intento de despojo de alrededor de 950 hectáreas para la construcción del proyecto hidráulico del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Semanas atrás, José Luis Luegue Tamargo, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), había expuesto la situación en la columna que publica para EL Universal, en la cual señala que cuando aún estaba al frente de la dependencia, se presentaron en su oficina el entonces Secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda, y el líder de Antorcha Campesina, Jesús Tolentino Román Bojórquez, ex alcalde de Chimalhuacán, para presentar un anteproyecto de un parque industrial ubicado en los terrenos de los Tlateles. En dicha columna, Luegue Tamargo advierte que la operación no tiene tintes de donación, sino de un negocio muy jugoso.
El abogado Juan Loreto González, representante legal de 210 de los propietarios de los predios de los Tlateles, platicó con Revolución TRESPUNTOCERO acerca de esta situación.
“El problema para nosotros inicia desde el 19 de septiembre de 2014 y, bueno efectivamente, de dos meses para acá se dan los trámites tan rápidos y eficaces del gobierno, a una solicitud, e inmediatamente les dan 200 hectáreas al grupo antorchista, y todavía les dan la oportunidad de vender el 30%, según para hacerse de recursos, ahí es dónde está lo incongruente, le comentaba a una auxiliar de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que nosotros tenemos como medio año solicitando una reunión con ella y para ellos es más fácil resolver dar una porción de tierra que una sola entrevista, estamos muy mal, atendiendo directamente al grupo antorchista y pisoteando los intereses y los derechos humanos de la gente de Chimalhuacán” comentó Loreto González.
A mitad del 2015, se presentaron en Chimalhuacán funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), comandados por Irma Lorena Roa López, jefa de Departamento de Control y Validación Documental, y el director general adjunto de la Segob, Mario Vázquez. Estos iniciaron una estrategia de convencimiento hacia los propietarios de los predios para que firmaran papeles en los que reconocían al gobierno del Estado de México como propietario y que las personas recibirían un apoyo para evitar un conflicto social y que gracias a ese apoyo, los campesinos debían comprometerse a desocupar o a no ocupar el predio
“Aquí quisieron convencer a todos, pero más que convencimiento, se conjuntó la presión de decir -me lo das a ese precio o de todos modos te lo vamos expropiar, va a entrar el ejército-, y bueno empezaron a intimidar, después se da la situación del municipio de Atenco, dónde el ejército tiró más de 60 casas, esto orillo a las personas a tomar lo poquito que le dieran, aunque se ha dicho que eran 65 pesos, quiero comentarte que en muchos de los casos sólo les dieron entre 8 y 12 pesos, ni siquiera los 65 pesos que les prometieron en un principio” aseveró Loreto González.
Cerca de 400 familias habrían accedido a éste tipo de intercambio, de las cuales, Juan representa a 210 familias que concentra poco más del 50% de las 950 hectáreas, con aproximadamente 550. A la fecha se han interpuesto 170 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Las 170 denuncias, son por el abuso, la traición, el chantaje la incautación de los documentos que le hicieron a nuestros paisanos, eso es en la PGR, acabamos de ganar 38 juicios en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde ya nos están empezando a entregar las copias certificadas de los documentos que entregaron mis paisanos ahí a la Segob, tenemos 20 amparos vivos de los cuales ya ganamos 2, más 22 juicios de nulidad y también estamos exigiendo a la CNDH que dicte las medidas cautelares para que esa obra se pare” puntualizó Loreto González.
El ingeniero Luegue Tamargo, ha señalado que la zona en la que se planea construir la nueva terminal aérea es vulnerable, pues se trata de un punto en el que convergen todos los drenajes del Valle de México, es decir, el Canal de La Compañía, el río La Piedad y el Río de los Remedios. Es por esa razón que el NAICM, necesita crear un sistema hidráulico para la captación, conducción y desalojo eficiente de aguas, por ello se está pugnando la zona de los Tlateles.
Tomás Cruz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas (CODUC) Chimalhuacán, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO que la principal exigencia al gobierno es que se respeten y reconozcan los títulos de propiedad que han presentado, así como el pago justo por sus tierras.
“Primero el gobierno federal no había reconocido la propiedad de las personas, ese es el primer problema, de que no había un reconocimiento en los últimos años de que los originarios de Chimalhuacán fueran los dueños, sin embargo, para empezar hay títulos de propiedad, certificados de no gravamen, que le da vigencia a su propiedad, cerca de la mitad de los 200 representados, tienen escrituras públicas, lo que hace patente su propiedad. Algunas personas cuentan con títulos originarios que datan de 1895 o tienen contratos de compraventa privados, firmados incluso por presidentes de la república o secretarios de Estado que se los vendieron, hay algunos con firmas autógrafas originales de los presidentes”.
De acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales, al Indaabin le corresponde la administración, vigilancia, control y protección de los bienes nacionales; y la Conagua, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, es la responsable del cuidado y protección de la Zona Federal del Lago de Texcoco. Esto quiere decir que no hay ningún convenio que se superponga a las leyes que ordenan su protección y vigilancia; en todo caso las iniciativas emprendidas por Irma Lorena Roa López son ilegales e inconstitucionales
Tomás Cruz añadió que han recabado pruebas de que todo se trata de una operación fraudulenta, “empezamos a recabar las pruebas de esta gran operación fraudulenta ordenada desde los pinos y operada por Luis Miranda en su calidad de Secretario General de Gobierno del estado de México a través de Lorena Roa y ahora cómo estamos demostrando que somos dueños, estamos derribando toda la operación fraudulenta” refirió.
Por su parte Juan Loreto González, denunció que hace falta que se hagan los avalúos necesarios y que los peritos puedan constatar los daños que las obras ya están causando en las propiedades.
“Sólo falta que hagan las inspecciones para ver los daños que se están causando en esas propiedades, están tirando lodo, tierra, cascajo y además están haciendo un drenaje a cielo abierto, hasta por ahí hay fraude en cuanto al dinero, no es lo mismo hacer una obra subterránea que hacer a cielo abierto, aunado a esto, nos quitan la tierra y la INDAABIN les va a dar el avalúo de cuánto valen esas tierras, en este caso, aparecen como terceros en discordia lo peritos de la PGR, que dicen que el precio más alto que estiman es de 3 mil y el más bajo en 754 pesos por metro.
Añadió que los precios que estiman los peritos particulares están alrededor de los 6 mil pesos por metro cuadrado. Coincidió en que la donación de las 150 hectáreas corresponde a un pago de favores hacia el grupo antorchista.
“Nosotros llevamos seis meses pidiendo una entrevista con las personas de INDAABIN y no nos la pueden dar, imagínate ellos en dos tres meses ya les dieron hasta la propiedad. No sé Indaabin en qué se va a basar para dictaminar los precios de esas 60 hectáreas que ya le autorizaron al grupo antorchista para vender, apenas se los dan, y ya también les están autorizando vender.
Nosotros no vemos el compromiso político, sino más bien el convenio de los negocios, ahí nosotros vemos las manos del propio Peña como de Luis Miranda. Nosotros vamos a seguir con nuestras demandas, a ver el gobierno, con base en qué o cómo van a decir que son los dueños, nosotros tenemos nuestros documentos”, culminó Loreto González.
De acuerdo a una estimación preliminar hecha por José Luis Luegue Tamargo, el negocio por la donación al Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C, sería superior a 400 millones de pesos, sin embargo, añade el factor del valor comercial por los terrenos aledaños al NAICM, por lo que se podría estar hablando de miles de millones de pesos. En tanto, los ejidatarios que pelean por que sus tierras sean valuadas a precios justos por el gobierno quieren ser compensados con cifras de 8 a 65 pesos por metro cuadrado. Mientras las autoridades de la Conagua, de la Segob y del Indaabin se niegan a cumplir con sus demandas y a respetar sus derechos.
