Por 5 votos contra 4, el Instituto Federal Electoral perdonó al PRI por la utilización de tarjetas de prepago en la pasada campaña presidencial, aunque pidió que lo que se gastó en ellas (más de 50 millones de pesos) se sume a los gastos de campaña de ese partido.
La Unidad de Fiscalización del órgano electoral confirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gastó 66 millones 326 mil 300 pesos en la distribución de tarjetas en la pasada elección presidencial, que repartió “entre sus coordinadores, enlaces distritales y los enlaces estatales y representantes generales”.
En la investigación de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral se detalla: el 1 de marzo de 2012, el Partido Revolucionario Institucional celebró con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. un contrato para adquirir dichas tarjetas.
Esas tarjetas, se indica en el proyecto de resolución, fueron adquiridas como gasto operativo de campaña a nivel nacional y local; las operaciones nacionales ascendieron a 50 millones 508 mil 891 pesos; mientras que para procesos electorales locales, el partido reportó que gastó de aproximadamente 16 millones.
Cuatro consejeros electorales propusieron sancionar al PRI, declararon fundada la queja contra el partido por la dispersión de recursos en la pasada campaña, los cuales reportó como gastos operativos.
Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván plantearon sancionar al PRI y declarar fundado el procedimiento por lo que se refiere a la no comprobación de la aplicación del gasto.
En una primera votación, se dio un empate con cuatro consejeros a favor y cuatro en contra de multar al PRI, por la abstención del consejero electoral Sergio García Ramírez.
En una segunda votación, García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto, pese a su cercanía (“amistad”) con los dueños de la empresa Efra. La mayoría de los consejeros se pronunciaron porque votara.
El consejero inclinó la balanza: 5 contra 4, para que no se impusiera una “sanción individualizada” (contra el PRI) del 150 por ciento del monto implicado, es decir, los más de 50 millones de pesos que el partido gastó en tarjetas a nivel nacional.
Con ello se cierra el caso Monex, no obstante que el consejo ordenó dar vista a unidades e instituciones (como la de inteligencia de la secretaría de Hacienda y la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR) encargadas deinvestigar el delito de lavado de dinero.
La queja por gastos excesivos
En otra resolución, el IFE aprobó por unanimidad declarar infundada una queja contra el PRI por presuntos gastos excesivos de campaña.
Los consejeros respaldaron las conclusiones de la Unidad de Fiscalización, en el sentido de que las pruebas aportadas por los denunciantes y la revisión del instituto no permitieron comprobar que el PRI cometiera irregularidades.
No obstante, aclararon que el IFE no ha concluido la fiscalización de todos los gastos realizados por las fuerzas políticas.
La Unidad de Fiscalización detectó que el PRI gastó al menos 141 millones de pesos (10.8 millones de dólares) en rubros como transportación aérea, propaganda en internet, anuncios espectaculares u organización de actos masivos.
Esos recursos tendrán que ser sumados al total de erogaciones del partido durante la contienda electoral del año pasado —incluidos los 50 millones de las tarjetas Monex—, para la que el IFE fijó el tope de gastos de 336 millones de pesos por candidato presidencial (25.8 millones de dólares).
Márquez Madrid acusó “parcial” el trabajo de la Unidad de Fiscalización. Valdés Zurita y Baños defendieron al órgano y dijeron que su labor ha sido “exhaustiva”.
Durante la sesión, el IFE también avaló multas menores al PRI y a su aliado electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por faltas como utilizar propaganda no reportada y recibir donativos de entes no identificados. Las multas al PRI ascienden a dos millones de pesos (153,000 dólares) y las del PVEM a 1.7 millones de pesos (130,000 dólares).
La semana próxima, el IFE presentará sus informes sobre la fiscalización de gastos de campaña de todos los partidos. De hallar irregularidades, podría emitir sanciones, independientemente de las resoluciones aprobadas este miércoles. Las leyes mexicanas no contemplan el rebase del tope de gastos de campaña como causal para anular una elección.
