Por: Enrique Legorreta
Twitter: @enriquelego3_0
La situación de los migrantes mexicanos y centroamericanos es de alarma en nuestro país porque no ha disminuido el número de personas que migran para buscar el sueño americano. Para lograrlo, la gran mayoría enfrenta múltiples violaciones de sus derechos y soporta ser violentada con tal de acceder a un mejor estatus económico, a una mejor forma de vida para sus familiares.
Recientemente, el padre Alejandro Solalinde señaló a través de su organización “Hermanos en el Camino”, defensora de los migrantes centroamericanos, que ha ido en aumento la cantidad de secuestros en la frontera sur por parte del crimen organizado.
Estos grupos criminales -que se ubican en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas- también cobra cuotas de tránsito: cazan a los migrantes centroamericanos y les exigen 100 dólares para abordar el tren “La bestia” y llegar a la frontera con Estados Unidos.
“Hermanos en el Camino” destaca que los centroamericanos son objeto de abusos y extorsiones por parte del crimen organizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que, anualmente, 20 mil inmigrantes son secuestrados para pedir rescate a sus familias.
Mujeres, una nueva estadística
No sólo los hombres son quienes migran para mejor la situación económica de sus familias. Miles de mujeres, al verse en la necesidad de sacar adelante a sus hijos y no contar con una pareja, deciden emprender el viaje al norte del país, dejando a sus hijos con sus familiares.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, habló con REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO sobre la situación de las mujeres migrantes que cruzan para llegar al sueño americano, destacando que ellas no están tomadas en cuenta en las estadísticas.
“Las mujeres mexicanas que migran al extranjero es una población que, en comparación con los hombres que migran a Estados Unidos, no circula mucho en las estadísticas de los flujos de migración, no aparecen tanto, pero una vez que llegan a Estados Unidos ellas son las que tienden a quedarse más tiempo porque saben de los riesgos que implica el viaje que realizaron para llegar ahí”, señaló.
Las mujeres migrantes forman un grupo de poder, destaca Kuhner, quien señala que ellas son mucho más participativas en el trabajo que los hombres, “Son un grupo dinámico, con poder, ya que sobreviven y mandan remesas a sus familias ya que tienden a mandar un porcentaje más alto de sus remesas que los hombres normalmente y lo hacen de manera distinta”, comentó.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Centro de Estudios Migratorios, señala que las mujeres implican el 30% de los migrantes que transitan de México para EEUU, señalando que, al ser detenidas, la situación va a la baja.
Las detenciones de las autoridades de la patrulla fronteriza reportan que el 18.4% de los detenidos son mujeres, de estos la edad promedio es de 18 o más años, determinando que ha disminuido su tránsito para llegar a los Estados Unidos.
Gretchen Kuhner destaca que, en el caso de la nueva administración del gobierno federal, plantearan que haya un mayor apoyo a esta materia ya que se debe de tomar en cuenta a todas las mujeres.
“Nos gustaría ver un programa total de migración, un análisis de los sectores, con indicadores para evaluarlos, todo esto en el Plan Nacional de Desarrollo, que se tomen en cuenta a las mujeres de origen, de transito y de retorno, ya que las situaciones de abuso de autoridades y de la violencia organizada no se pone un enfoque concreto para lograr que haya un respeto a los derechos humanos”, comentó.
A casi 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto, no hay una propuesta de ley concreta que ayude a la situación de los migrantes nacionales y extranjeros, señala la directora de IMUMI, “No creemos que se requiere una ley en especifico, pero lo que no hay es presupuesto designado para diversos programas que están a favor de la defensa de los derechos humanos de las migrantes, así se debería tener un apoyo mayor en esta materia y ojalá se logre un avance en esta administración”, concluyó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha declarado diversas recomendaciones al Instituto de Migración para apoyar a los migrantes que han visto violentados sus derechos:
PRIMERA. Capacitar a sus funcionarios en un procedimiento especializado para detectar y atender migrantes víctimas de secuestro, a fin de evitar su revictimización. Esto incluye medidas específicas de protección cuando se trata de posibles víctimas menores de edad. Diseñar, asimismo, un mecanismo de evaluación a este procedimiento.
SEGUNDA. Diseñar un mecanismo para hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República y, en su caso, de las procuradurías generales de justicia de los estados, sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de secuestro en perjuicio de migrantes, a fin de que estas instancias cuenten con mayores elementos para una debida integración de las averiguaciones previas respectivas.
TERCERA. Fortalecer la presencia del personal del Instituto Nacional de Migración en las zonas de riesgo para el secuestro de migrantes y capacitar a sus miembros en materia de identificación de casos de secuestro, así como de atención y canalización de víctimas o probables víctimas de este ilícito.
CUARTA. Garantizar que se informe al migrante, víctima o testigo de un probable delito, su derecho a la asistencia consular, así como su derecho a mantener contacto con sus familiares.
QUINTA. Garantizar que el migrante conozca su derecho a denunciar en caso de haber sido víctima o testigo de delito, al amparo del resguardo de su identidad y el derecho a no carearse con el inculpado, así como las prerrogativas que le corresponden como víctima de un ilícito.
SEXTA. Establecer un procedimiento eficiente y expedito de regularización migratoria a los migrantes víctimas del delito, en coordinación con las instituciones correspondientes.
SÉPTIMA. Establecer un mecanismo para, en caso necesario, canalizar a las víctimas o testigos de secuestro hacia los sistemas de atención a víctimas que en esta materia han implementado las instancias federales, estatales o municipales de procuración de justicia.
