(04 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Al Ejército no se le toca. Allá aprendimos desde que comenzaron aparecer en el pueblo que cosa que hagan la callamos, porque saben dónde vivimos, qué hacemos, cuántos somos. Pero mi chamaco es necio. Hace dos años unos soldados estaban queriendo tocar a mi hija de 12 años y su hermano (de 15 años) se metió a defenderla, se atrevió a gritarles, les mentó la madre y los apedreó, de milagro no lo balearon y dejaron que se la llevara.
Yo le dije que se huyera, esos no dejan nada sin vengar, no me hizo caso y pasaron como tres meses, cuando mi hijo desapareció, lo salimos a buscar y yo lo hice muerto, pero no, unos vecinos nos ayudaron a encontrarlo. Estaba tirado en un monte, lo acabaron a golpes, yo no sé cómo sigue vivo.
Sí le dijeron marcada la vida. No puede caminar bien y sufre de dolores en pie y una mano porque se las fracturaron. Nos fuimos de ahí, no podíamos quedarnos. Somos tres y nos salimos a otro estado con uno de mis hermanos, con miedo cada que veíamos soldados, aún aquí que estamos lejos del norte del país, vemos uno y nos escondemos. No vaya ser que uno de aquellos ande por aquí y nos reconozca.
Somos pobres por eso no pudimos hacer nada por mi chamaco, la pierna se la mal curaron y la mano pues sanó solita, más bien se quedó medio mal y sufre de dolores, él no puede tener un trabajo porque requiere de fuerza, nos jugó mal la vida, pero yo siempre le dije, con los soldados no te metas, con ellos uno se agacha y se esconde, fue un mal paso de la vida”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, una madre que migró de manera forzada al centro del país, obligada por el miedo que en una segunda ocasión mataran a sus hijos o los desaparecieran.
De acuerdo con su más reciente informe, Human Right Watch (HRW), expone que México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
Hasta julio del 2016, la CNDH había recibido casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual. Por lo que se determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones.
La reforma dispuso que los abusos cometidos por militares contra otros soldados seguirían alcanzados por la justicia militar. En mayo de 2016, a través de disposiciones incluidas un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y reformas al Código de Justicia Militar, se otorgaron amplias facultades a fiscales y jueces para allanar viviendas y edificios públicos e intervenir telecomunicaciones privadas sin una orden judicial emitida por la justicia penal ordinaria.
HRW cita el ejemplo de Tlatlaya y menciona que, “nadie ha sido condenado en el caso, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de las víctimas fueron ejecutados extrajudicialmente. En mayo de 2016, un tribunal federal absolvió al menos a ocho soldados imputados por homicidio en Tlatlaya”.
Sobre la problemática, la especialista en Derechos Humanos, Alejandrina Sumuano, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que “Marina y Ejército son quienes a partir de Calderón tomaron por completo el control. Ellos se han sentado en su papel que viven una guerra y cometen todo tipo de arbitrariedades como si se encontraran con enemigos y no son más que los civiles a quienes supuestamente salieron a cuidar.
Con Peña Nieto la problemática se recrudeció porque es la cara del viejo PRI y a ese le gusta gobernar reprimiendo, atacando y usando tácticas en contra de la población que no usará contra el narco, es decir la tortura, la desaparición y las ejecuciones”.
A su vez, indica que en el norte, pero también en el centro y sur del país encontramos casos donde la autoridad incluso convive con grupos paramilitares, como los que atacan a defensores de derechos humanos como la FNLS, que ocupa el primer lugar en ataques de fuerzas armadas.
“Colonias, poblaciones enteras han padecido desplazamiento forzado por la tragedia de enfrentarse a perder a sus hijos o que terminen muertos. El cual observamos aumenta a diario ya sea por la apertura que le dan las fuerzas armadas a las bandas delincuenciales o porque las mismas fuerzas armadas ejercen poder y superioridad violenta sobre las poblaciones pobres”, indica la activista.
Y añade que, la necesidad de mejorar la seguridad pública es evidente, “pero también porque si antes era muy mala ahora es peligrosa y mala producto de los últimos tres sexenios de gobiernos que construyeron un brazo armado y no una protección para la sociedad”.
