Una red criminal internacional, toneladas de roca contaminante, una zona natural protegida y una pareja bajo la lupa de Estados Unidos. Todo apunta a una operación silenciosa, pero bien estructurada, que tiene en el centro a Juan José Zamorano y su esposa, la exdiputada panista Alejandra Pulido.
De acuerdo con una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha tomado el control de minas en la comunidad de La Plazuela, Querétaro, como parte de un esquema de tráfico ilegal de mercurio hacia Sudamérica. Y no sólo se trata de un caso aislado: se trata de una operación transnacional, con presuntos vínculos políticos y graves consecuencias ambientales.
Zamorano, el cerebro detrás del contrabando
Zamorano es el nombre que más resuena en el informe. El mexicano es señalado por la EIA como el principal operador detrás del contrabando de mercurio. Su papel sería central: supervisa la compra del cinabrio —roca que contiene mercurio—, organiza su ocultamiento en sacos camuflados con grava y coordina el traslado del material hasta puertos clave como Manzanillo y Veracruz, desde donde partiría hacia países como Colombia, Perú y Bolivia.
“He estado haciendo esto por más de una década”, habría dicho el propio Zamorano en una declaración a la agencia.
La ruta, según sus palabras, comenzó en Panamá y fue evolucionando conforme se cerraban mercados, hasta enfocarse en Sudamérica.
La implicación de una exdiputada del PAN
La EIA también indica que su pareja, Alejandra Pulido, exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN), estaría al tanto de estas operaciones y que incluso habría jugado un rol para facilitar el encubrimiento de las mismas.
Aunque hasta ahora no se han girado órdenes de aprehensión en su contra, su nombre figura en los reportes entregados por la agencia a autoridades de Estados Unidos.
Minería bajo control criminal
Las minas bajo investigación están ubicadas en plena Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en el estado de Querétaro. Ahí, el CJNG habría establecido una estructura de control absoluto: torres de vigilancia, retenes y portones restringen el acceso a la zona. No se trata de instalaciones improvisadas, sino de una operación bien custodiada y sistemática.
En ese lugar se extrae cinabrio, pero no se procesa. El objetivo no es el mercurio líquido en México, sino su exportación. Y debido a que en países como Colombia y Perú la importación de mercurio está prohibida, el cinabrio se disfraza como otro tipo de carga y se introduce vía marítima con documentación falsa, gracias —según el reporte— a funcionarios corruptos que permiten su paso.
Consecuencias ambientales en la Sierra Gorda
Además del impacto internacional del tráfico ilegal, la explotación del mercurio ha tenido efectos directos sobre el ecosistema local, en especial sobre el río Extoraz, donde ya se han detectado daños severos por contaminación.
La EIA denuncia que sus investigadores fueron amenazados por intentar documentar la operación del CJNG en esta zona, aunque sus esfuerzos han continuado para exponer la magnitud de este tráfico.
Una red más allá del narcotráfico
El informe enfatiza que esta actividad no sólo enriquece a uno de los cárteles más peligrosos de México, sino que amplía su influencia a sectores que tradicionalmente estaban al margen del crimen organizado, como la minería.
Las autoridades mexicanas no han emitido posicionamiento formal ni contra Zamorano ni contra Pulido. Sin embargo, Estados Unidos ya ha lanzado alertas y se espera que se intensifiquen las investigaciones internacionales.
El caso se suma a otros expedientes que apuntan a una creciente participación de actores políticos y empresariales en operaciones del CJNG, lo que complica aún más la respuesta institucional y plantea nuevas preguntas sobre los límites del poder del crimen organizado en el país.
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